“(Esta) sección continúa siendo un espacio utilizado por el Poder Ejecutivo para estigmatizar y descalificar el trabajo de la prensa", expone el organismo en su Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2022.
Al considerar que la sección contraviene estándares interamericanos sobre libertad de expresión, la CIDH exhortó al gobierno a suprimirla. "La Relatoría llama al Estado a suspender esta práctica”.
De acuerdo con la CIDH, el discurso estigmatizante de los funcionarios públicos dificulta los esfuerzos para combatir la violencia hacia periodistas, incrementa la hostilidad y los riesgos de la labor informativa, y fomenta un contexto de autocensura para reportar sobre asuntos de relevancia pública.
Aunque el gobierno de México ha dicho que esa sección se basa en los artículos 6 y 7 de la Constitución, los cuales establecen el derecho de la ciudadanía a “estar debidamente informada” sobre las acciones gubernamentales, la Relatoría considera que este ejercicio no contribuye al debate público.
“Tiene el potencial de incrementar los riesgos inherentes a la labor periodística, especialmente en un contexto de escalada de violencia contra personas comunicadoras”, advierte.
Lo anterior, detalla, porque en las conferencias presidenciales se califica el trabajo de la prensa como “mentiras”, “noticias falsas” o “conservadores”.