La presidencia solicitará al pleno de la Corte revocar la admisión de la controversia presentada en contra del "Plan B", así como la propia suspensión. De acuerdo con la dependencia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro desconoció los lineamientos que rigen las controversias constitucionales.
“La Constitución solo faculta a la Suprema Corte de Justicia para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral; esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir”, señaló la Consejería.
Indicó que es falso que la aplicación del "Plan B" ponga en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no hay un proceso electoral federal en curso, por lo que la resolución es “injustificada e innecesaria”.
“El Estado de derecho jamás ha estado amenazado con la aprobación de las reformas a las leyes electorales y, por el contrario, con su aprobación se garantiza el ejercicio eficiente de los recursos públicos para consolidar nuestro régimen democrático a un menor costo para los contribuyentes.
“Resulta preocupante que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues, incluso, no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto”, agregó la Consejería.