Ante el llamado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de regular la marihuana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta no es una prioridad para su administración.
El mandatario federal aclaró que si los legisladores aprueban la iniciativa que presentó Sánchez Cordero, su gobierno no tendrá más que acatar esta decisión, como lo hizo en su momento con el etiquetado frontal de los alimentos.
“Es parte de un proceso, no lo estamos tratando todavía, desde luego que la licenciada Olga es responsable y es muy buena servidora pública y es libre. Una de las características de este gobierno es que se garantizan las libertades. Todos pueden expresarse, manifestarse, no hay línea”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.
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Este miércoles, la diputada federal sin partido Lucía Riojas obsequió un cigarro de marihuana a Sánchez Cordero para recordarle su propuesta de legalizar esta sustancia. Posteriormente, la secretaria recordó que ella ya presentó una iniciativa y dijo, que lo hizo con el conocimiento del presidente.
Al respecto, el presidente aclaró que las prioridades de su gobierno son que haya bienestar, empleo y que se atienda a los jóvenes, y recordó que su gobierno ya puso en marcha una campaña contra las adicciones, la cual, reconoció que les está costando trabajo “echarla a andar” porque no había infraestructura para atender a enfermos por consumo de drogas.
“La campaña ya comenzó, pero no se ha desplegado del todo, falta todavía. Entonces es un proceso, vamos poco a poco, pero sí son temas que debemos ver con cuidado y no impedir si es para bien que se aprueben estas reformas”, comentó.
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Respecto a que sea el Estado el que regule y comercialice a través de una empresa la cannabis, como lo propuso el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, López Obrador comentó: “no tenemos eso contemplado, no lo descarto, pero no está en la agenda nuestra”.
La propuesta de Mario Delgado plantea la creación de la Ley General para el Control de Cannabis y modificaciones a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para que sea el gobierno mexicano tenga la facultad exclusiva de comprar y vender marihuana en todo el país; para su distribución se contempla la figura de franquiciatarios.
