Presidente apuesta por "pintar de guinda" la justicia administrativa

El objetivo del presidente, alertan los expertos, es incidir en la resolución de asuntos clave sobre las obras insignia del sexenio, como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), la megafarmacia y muchos otros, pues este Tribunal resuelve sobre la legalidad de licitaciones y contratos federales.

También resaltan que al TFJA le corresponderá atender procedimientos de responsabilidades administrativas de funcionarios, como las irregularidades en el emblemático caso de Selgalmex, y entre sus facultades está la determinación de montos resarcitorios derivados de daños al erario detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como juicios promovidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el pago de impuestos.

Por eso, con perfiles cercanos se prefigura la “morenización” de la justicia en materia administrativa, pues en receso la decisión sobre los nuevos magistrados la tomará la Comisión Permanente del Congreso y bastará mayoría simple.

Morena, al viejo estilo

Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio Designaciones Públicas, que promueve Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, expone que la búsqueda de capturar a las instituciones no es exclusiva de Morena, pero este partido había ofrecido cambiar las cosas.

“Y no sólo no fue así sino que se agravaron las cosas: insisten, como otros en el pasado, en nombrar cuotas y cuates, pero además se profundiza la falta de acceso a la justicia y la ausencia de organismos con independencia porque en muchos casos ni designa a sus integrantes y eso afecta a las instituciones en el ejercicio de sus facultades”, refiere.

“Al final vemos que la 4T sigue reproduciendo este intento de captura. A través de varias modalidades que se vieron con claridad en 2023: no designar y dejar las instituciones incompletas como un acto de deliberado para ir reduciendo sus funciones”.

La otra modalidad es remitir propuestas con militancia o cercanía partidista:

“(Ellos dicen: 'Es bueno porque están con el proyecto de la llamada 4T', pero esto que es sumamente cuestionable porque lo que necesitamos y lo insistimos desde el pasado son perfiles idóneos, que no sólo conozcan el marco legal sino que tengan experiencia en la materia las dos son cosas son indispensables para la independencia judicial”, indica.

Ese es el caso del TFJA, en el que el jefe del Ejecutivo Federal había mostrado cierto desinterés, pues no había remitido al Senado de la República sus propuestas de magistrados para cubrir las vacantes, que hasta el año 2023 se llegaron a acumular 71 magistraturas pendientes de designación.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Eduardo Ramírez, consultado sobre los cargos pendientes de designar, de 71 vacantes, 20 magistrados impugnaron el procedimiento –pues tenían derecho a ser ratificados en el cargo– de ahí que se optó por realizar 52 procesos de designación.

Sin embargo, en junio, noviembre y diciembre el presidente López Obrador envió al Senado listados, luego los modificó y finalmente en este mes de enero 2024 remitió 20 nombres de personas propuestas para una magistratura que ya fueron entrevistadas y está pro dictaminarse sobre su idoneidad.

En su primer paquete de propuestas el presidente envió propuestas como a Susana Mercado Alvarado –quien también fue promovida en 2023 como aspirante a consejera del INE– exasesora en el Senado y coordinadora de asesores en la Coordinación de Comunicación Política de Morena en la Cámara de Diputados, bajo las órdenes de la vocera de ese partido y diputada, Andrea Chávez.

También propuso a Arturo Torres Martínez, titular de la Unidad de Servicios Operativos y Logísticos de Tabasco –cuando fue gobernador el exaspirante presidencial Adán Augusto López- o a Maday Merino, exconsejera presidenta del Instituto Electoral de Tabasco.

Sin embargo, ahora los nuevos perfiles propuestos provienen directamente de áreas del gobierno en las que se tomaron decisiones sobre las que el TFJA deberá resolver en un futuro próximo.

Por ejemplo, se envía a perfiles que están en funciones de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, exfuncionarios involucrados en la extinción del Seguro Popular y creación del Insabi –ya extinto–, también relacionados con el traspaso del Tren Maya del Fondo Nacional del Turismo (Fonatur) al Grupo Aeroportuario que administra la Defensa Nacional (Sedena) o exasesores del Instituto Nacional de Migración (INM) cuyo titular, Francisco Garduño, enfrenta un proceso administrativo y penal.

Para la especialista Itzel Checa, este tipo de trayectorias genera dudas de que la actuación de los prospectos no sea imparcial.

“Y eso tendría que ser razón suficiente para que en este caso no transitaran las propuestas, pero en todo caso la Comisión Permanente o el Senado en un ejercicio de control legislativo debería revisar esos perfiles con profundidad y rechazarlos”, razona.

Cuates y paisanos:

Pero la afinidad no sólo quedó acreditada en la trayectoria, la cercanía personal o familiar, sino en el discurso, según constó en las entrevistas realizadas el miércoles 10 de enero tener una serie de comparecencias ante diputados y senadores de la Primera Comisión de la Permanente.

En 10 minutos, con preguntas cómodas –pues no acudió ningún legislador de oposición, en protesta por la “exclusión” en las Comisiones–, algunos de los propuestos sí mostraron experiencia en materia jurídica, administrativa y fiscal.

Pero otros expusieron sobre todo su compromiso “con la transformación”, el rechazo a “prácticas del pasado”, a emitir resoluciones por cosas formales y no de fondo –una de las críticas presidenciales al Poder Judicial– e incluso, su negativa a “entorpecer” con resoluciones a la administración pública o, a pregunta expresa, hubo repudio a decisiones como lo fue la suspensión temporal del Tren Maya.

Quizá el que más llamó la atención fue Octavio Augusto Prieto Gallardo, quien actualmente es funcionario del SAT y de ese cargo habló como su única experiencia. Tiene 37 años y es hijo de Ernesto Prieto Ortega, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

En su comparecencia, habló del amor a su familia “y al pueblo”; de la “honorabilidad” de su jefe Antonio Martínez, “punta de la transformación histórica” –dijo- y que le debieran pedir perdón los que dudaron de él. Con las recuperaciones de recursos que hizo el SAT “hemos hecho historia”, dijo.

Otro hijo de un reconocido afín a la 4T es Rosendo Gómez Silván, nacido en Tabasco –como varios delos propuestos– y apenas hace cuatro meses, en octubre, fue designado titular del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), hoy en controversia por supuestas fallas en el censo de desaparecidos. Fue director de derechos Humanos de la Fiscalía General de Tabasco y, además, es hijo de Rosendo Gómez Piedra, exfiscal responsable de la investigación sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

“Es un hecho notorio que las administraciones pasadas las autoridades y empresas sostuvieron relaciones de contubernio. Decisiones de los de arriba dañaron a la población", dijo en comparecencia.

En respuesta, el diputado de Morena Leonel Godoy le agradeció: “necesitamos más justicieros que tengan claro que debe prevalecer el interés público sobre el privado”.

Otro de los propuestos, Eduardo Manuel Méndez Sánchez, abogado y economista, hoy consejero adjunto de legislación y estudios normativos de la consejería jurídica de la Presidencia aprovechó ese escaparate de la comparecencia para solicitar no invalidar, desde el Tribunal, actos del Ejecutivo.

“Validar que todos los actos que emita la administración pública estén apegados a la Constitución y que en caso de no hacerlo así pues tendría que declararlos nulos. Sin embargo, es importante empezar la discusión (respecto a si el) hipergarantismo (genera) la posibilidad de entorpecer la actividad de la administración pública.

“(Así que), lejos de invalidar los actos, lo que debemos de buscar entre todos es generar las condiciones para que para que los actos se puedan mantener, pero sin la necesidad de que esto implique la violación a la Constitución”, expuso.

Jueces y parte

Aunque las entrevistas fueron exprés, varios de los propuestos se dieron tiempo para dar la razón al presidente y a Morena en sus críticas al Poder Judicial. Una de ellas por la toma de decisiones con base en “meras formalidades” –por ejemplo, invalidar reformas 'sólo' por violaciones al procedimiento legislativo– y no tras un análisis del fondo.

Carlos Bojórquez Hernández, exsubcomisionado jurídico del Instituto Nacional de Migración (INM) en esta administración y excoordinador del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México, planteó que a su juicio ha habido excesos de los quejosos contra obras del gobierno como el Tren Maya.

A pregunta expresa sobre la suspensión temporal de esa obra dijo “definitivamente debe ponderarse el bien público (…) hay ciertos grupos que se dicen ambientalistas… se han excedido y han manejado argumentos más políticos que jurídicos. Los quejosos se han excedido porque el derecho de vía ya existía desde Porfirio Díaz y nunca se hizo referencia a verdadera destrucción como otras partes como X-caret”.

Otros perfiles podrían incurrir en cercanía con el Ejecutivo. De acuerdo a Iztel Checa, del Observatorio Designaciones, esta no sólo puede ser familiar, de amistad o por partido, sino por subordinación de la relación laboral.

“También se presume que hay una relación jerárquicamente cercana al Ejecutivo, e incluso a veces hasta involucramiento con los casos que pueden llegar a resolver”, detalla.

De lo que se trata es que “los perfiles también deberían estar fuera de toda duda y no tener sospechas respecto a si tendrán o no la independencia judicial que se requiere para ejercer esas magistraturas”, valora la politóloga.

Casos como estos también están en manos de la Comisión Permanente:

Como el de Maricela Lecuona González, quien fue abogada general de la Secretaría de salud desde 2018 y aun en 2022, tiene experiencia de 30 años en el SAT, en el sector de hidrocarburos, en el IMSS.

Pero estuvo en el ramo sanitario –y desde su responsabilidad jurídica– involucrada en la gestión de vacunas contra el virus de Covid 19 y en la creación del Insabi y ejercicio de los fondos de Salud.

De igual forma Miguel Ángel Carrasco Hernández, general de Brigada de Justicia Militar retirado y separado del servicio activo militar, fue exFiscal de Justicia Militar y exsubdirector jurídico de la Procuraduría de Justicia capitalina y exdirector del Banco Nacional del Ejército, además de agente del Ministerio Público Militar.

Aunque está en retiro es subordinado de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que tiene a su cargo construcción, administración de las obras insignia del gobierno federal, aunque entre su experiencia cuenta que ya litigó contra el mismo TFJA en materia de pensiones y jubilaciones, por responsabilidad patrimonial.

Otra propuesta en esa situación es Diana Tecontero Juárez, actual consejera adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, en cuya función, a decir de ella misma, ha incidido en el decreto para otorgar facilidades administrativas en la regularización de autos usados o facilidades para la importación de productos de la canasta básica.

Igual circunstancia –de haber sido subordinada del presidente- enfrenta Claudia Angélica Nogales Gaona, con 30 años en el servicio público, ha sido consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica y exdirectora general jurídica y de estudios legislativos de la Consejeria Jurídica de la presidencia.

Y es el caso también de Magali Iraí Mendoza Ríos - hija de la actual Consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos–, quien pasó 17 años en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pero fue hasta 2023 gerente de enlace con Instituciones Revisoras en la Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos (Pemex).