Impuestos ambientales: una ruta para financiar la acción climática desde los estados

¿Cuántas entidades mexicanas cuentan con impuestos ecológicos?

Ante ello, Saúl Pereyra, del Instituto de Recursos Mundiales México (World Resources Institute, por sus siglas en inglés WRI), y Sofía Appl Scorza, de la Alianza por la Justicia Fiscal, consideran que los impuestos ambientales son una oportunidad para fortalecer las finanzas públicas y modificar los incentivos económicos que favorecen actividades contaminantes.

Appl Scorza puntualiza que actualmente solo 18 de las 32 entidades federativas cuentan con al menos un impuesto ecológico y para 2026 estos estados proyectan recaudar alrededor de 3,600 millones de pesos por estos gravámenes, es decir, solo el 0.1% de sus ingresos totales.

Por ello, ambas organizaciones consideran que la brecha entre las necesidades ambientales y la recaudación disponible es uno de los argumentos más relevantes a tomar en cuenta para impulsar una fiscalidad verde desde los gobiernos estatales y municipales.

Saúl Pereyra, de WRI México, reconoce que una política climática efectiva requiere cambios en la estructura de las finanzas públicas, no solo compromisos ambientales.

“Si uno ve una estrategia de descarbonización y de resiliencia de derechos humanos a nivel internacional, no puede concebir que eso suceda si no hay una modificación de reestructura fiscal a nivel nacional, estatal o municipal”, señala.

La propuesta que ambas organizaciones plantean es no solo crear nuevos impuestos, sino que se revise los gravámenes existentes, corregir deficiencias en su diseño y fortalecer la relación entre lo que se cobra a quienes contaminan y los resultados ambientales que se obtienen, pues el desafío de fondo es que estos instrumentos recauden más, pero también que modifiquen las conductas que generan daños al ambiente.

Saúl Pereyra resalta que las próximas elecciones en México de 2027, también representan una oportunidad para colocar la fiscalidad ambiental en la agenda de los gobiernos estatales y convertirla en una herramienta de financiamiento climático.

Desde la Alianza por la Justicia Fiscal, Sofía Appl Scorza también considera que el relevo de gobiernos abre una ventana para discutir estas medidas durante las campañas y traducirlas en compromisos concretos, con reglas transparentes sobre el uso de los recursos y criterios de justicia fiscal.

¿Qué impuestos ambientales existen en los estados actualmente?

Al día de hoy, 18 de las 32 estados del país cuentan con al menos un impuesto ecológico. Estos impuestos se concentran en cuatro tipos de actividades: las emisiones de carbono, la extracción de materiales, las descargas de contaminantes al agua, suelo y subsuelo, y el almacenamiento de residuos.

Pero Appl Scorza advierte que estas cuotas y tarifas aún son insuficientes para incentivar cambios en las prácticas contaminantes.

Dice, además, que cuando el costo fiscal de contaminar es bajo, las empresas pueden asumir el impuesto como un gasto más sin modificar sus procesos productivos. Por ello, plantea que es necesario revisar cómo se calculan las tasas, qué actividades se gravan y si los cobros generan incentivos suficientes para reducir el daño ambiental.

Advierte también que existen obstáculos técnicos y de coordinación y es que las autoridades también necesitan contar con información para medir las actividades gravadas, determinar cuánto deben pagar los contribuyentes y fiscalizar el cumplimiento. Además, las diferencias entre las tasas estatales pueden generar incentivos para trasladar operaciones a entidades donde contaminar resulte menos costoso.

Por ello, para las organizaciones, fortalecer estos instrumentos requiere mejorar su diseño y la coordinación entre las autoridades hacendarias y ambientales.

¿Qué proponen WRI México y la Alianza por la Justicia Fiscal?

En septiembre de 2026, ambas organizaciones presentaron una hoja de ruta conjunta con la que buscan avanzar en cuatro frentes: generar evidencia técnica para diseñar instrumentos fiscales, fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales, acompañar a las autoridades en la implementación de medidas y articular espacios de diálogo social e institucional.

Entre las líneas de trabajo están el análisis del precio al carbono y de instrumentos fiscales vinculados con la movilidad limpia. También se contempla ofrecer asistencia técnica a los gobiernos locales y mejorar la coordinación entre las áreas responsables de las finanzas públicas y las políticas ambientales.

La intención es que los estados puedan identificar qué instrumentos son viables en sus territorios, qué cambios requieren los gravámenes existentes y cómo evaluar si las medidas adoptadas producen resultados ambientales.

La agenda más amplia de la Alianza por la Justicia Fiscal incluye, además, propuestas específicas para ampliar la fiscalidad verde. Entre ellas están reformular la tenencia vehicular con criterios ambientales, explorar gravámenes a jets y yates privados, y revisar el impuesto al carbono para fortalecer su capacidad de reducir emisiones y generar ingresos.

Una tenencia vehicular con criterios ambientales

Una de las alternativas que la Alianza por la Justicia Fiscal y WRI propone explorar de impuestos verdes es implementar una tenencia vehicular con criterios ambientales.

De acuerdo con estimaciones de ambas organizaciones, incorporar un componente ecológico a este impuesto en las 32 entidades puede generar entre 90,000 y 99,000 millones de pesos.

Cabe recordar que la tenencia fue un impuesto federal hasta 2012, cuando la facultad de diseñar, aplicar y recaudar este gravamen pasó a los estados. Desde entonces, este esquema varía entre entidades.

Por ello, las organizaciones lanzaron un llamado a revisar este instrumento para incorporar criterios ambientales y fortalecer su progresividad, de modo que los vehículos de mayor valor contribuyan más.

El objetivo es ampliar la base de ingresos disponibles para financiar políticas públicas y considerar las diferencias en la capacidad económica de los contribuyentes.

Transparencia y resultados: el reto de los impuestos verdes

El diseño de las tasas no es el único desafío. Las organización reconocen que también es importante saber qué ocurre con el dinero recaudado y cómo se demuestra que los instrumentos cumplen sus objetivos.

Pereyra asegura que la falta de claridad sobre el uso de los recursos puede generar desconfianza.

Las organizaciones plantean fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, así como el vínculo entre la recaudación y los resultados ambientales. El objetivo es que las autoridades puedan explicar cuánto recaudan, qué efectos esperan conseguir y cómo evalúan el cumplimiento de sus metas.

La medición también permitiría revisar si las tasas son suficientes para desincentivar las actividades contaminantes o si requieren ajustes. De lo contrario, un impuesto podría generar ingresos sin producir el cambio ambiental que justifica su existencia.

Los municipios, una pieza pendiente en el financiamiento climático

Las organizaciones reconocen además que los municipios también pueden explorar herramientas fiscales vinculadas con la gestión ambiental.

Entre las alternativas que pueden analizarse están el predial verde y otros instrumentos relacionados con el saneamiento ambiental, aunque su viabilidad, explica Appl Scorza dependerá de las atribuciones legales de cada municipio, de sus condiciones financieras y de la capacidad técnica para diseñar y administrar los cobros.

La hoja de ruta conjunta contempla fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos subnacionales y brindar acompañamiento técnico para que puedan diseñar, implementar y evaluar instrumentos fiscales de acuerdo con sus necesidades.

La propuesta de WRI México y la Alianza por la Justicia Fiscal parte de una premisa: la política fiscal y la política climática no pueden diseñarse por separado, y si bien los gobiernos necesitan recursos para atender los impactos del cambio climático, lo cierto es que también ocupan instrumentos que contribuyan a reducir las emisiones y otros daños ambientales.