México se estanca en la percepción de corrupción y ocupa el último lugar de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero el próximo año, las instituciones que deben combatirla sufrirán una reducción.
De avalarse sin cambios, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 recibirá 8,946 millones de pesos, menos de los a los 9,561.6 millones aprobados para este año.
El recorte de 9.3% en términos reales, alcanzaría a cuatro de las seis instituciones clave de la estrategia anticorrupción, entre ellas la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y Transparencia para el Pueblo, responsables de investigar estos delitos y garantizar el acceso a la información pública.
La disminución más pronunciada corresponde a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que recibiría 173 millones de pesos, 8 millones menos que en 2026, una reducción real de 4.76%.
“Es una institución que de por sí cuenta con pocos recursos”, señala Anaid García Tobón, investigadora de Fundar. La especialista destaca que el presupuesto propuesto para la Fiscalía representa menos de 1% de los recursos de la Fiscalía General de la República.
"Es una cifra minúscula frente a los 20,893 millones de la Fiscalía General de la República ”, advierte la especialista quien alerta que se “compromete gravemente la capacidad operativa del órgano persecutor", señala.
La presión presupuestaria también alcanza al nuevo modelo de acceso a la información, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Para 2027, Transparencia para el Pueblo tendría alrededor de 27 millones de pesos, una cantidad muy inferior a los recursos que ejerció el anterior órgano garante autónomo en 2024, con un presupuesto de 1,097 millones de pesos ejercidos.
En ese contexto, Fundar considera que la nueva instancia dispone de recursos limitados para cumplir sus funciones de acceso a la información.
“La cifra representa un colapso del 95.2% real en comparación con los 1,097 millones de pesos que ejercía el anterior órgano garante autónomo, el INAI en 2024, reduciendo drásticamente la capacidad institucional para tutelar los derechos ciudadanos”, destaca la especialista de Fundar.
Otro componente del Sistema Nacional Anticorrupción, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), tendría un incremento marginal: pasaría de alrededor de 136 millones de pesos en 2026 a 137.5 millones en 2027, según las cifras del proyecto presupuestario.
Tras la desaparición del INAI, el gobierno federal concentró en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) funciones relacionadas con transparencia, acceso a la información, prevención de la corrupción, vigilancia y control de las instituciones públicas.
Para 2027, la dependencia tendría un gasto neto total proyectado de 1,799 millones de pesos, además de 94.2 millones para previsiones salariales y económicas.
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha planteado una reforma al sistema anticorrupción, aunque el proyecto correspondiente aún no ha sido enviado al Congreso.
El debate presupuestario ocurre mientras México mantiene una calificación de 27 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional.
En los últimos años, México registró un estancamiento en este ranking que mide la percepción de corrupción en el sector público a partir de evaluaciones de expertos y empresarios.
Transparencia Mexicana explica que el fenómeno de la corrupción está cambiando con nuevas expresiones de redes transnacionales, como el huachicol fiscal, que representó una pérdida de cerca de 610,000 millones de pesos en 2025, lo que equivale a 40 veces el valor económico del escándalo de Segalmex.
La organización alertó también de que continúan los casos de extorsión, especialmente entre sectores vulnerables. La población coloca a la extorsión entre los tres delitos más comunes que enfrenta en su vida cotidiana y 6 de cada 10 personas señalan que fueron víctimas de corrupción o extorsión policial, mientras que 16 de cada 100 empresas reportaron haber padecido este delito.
