En ese supuesto, el proyecto establece una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de mil a 10 mil unidades de medida y actualización. Es precisamente esta disposición la que opositores señalaron durante el debate como un posible riesgo para contenidos satíricos o críticos que recurran a elementos oficiales.
Además, la reforma actualiza las sanciones relacionadas con la falsificación y comercialización de productos con marcas falsas. También establece diferentes penas dependiendo de si la venta se realiza a consumidores finales en espacios públicos o mediante establecimientos, medios electrónicos o actividades organizadas y reiteradas.
Los promotores de la reforma defendieron que las modificaciones buscan actualizar un marco jurídico que no había sido reformado en varios de sus aspectos desde 1996 y adaptarlo a fenómenos como el comercio electrónico, la distribución digital de contenidos y las nuevas formas de falsificación.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, sostuvo que los cambios buscan combatir conductas que afectan a creadores e inventores y que también atienden compromisos internacionales asumidos por México, entre ellos los derivados del T-MEC y otros acuerdos en materia de propiedad intelectual.
Sin embargo, las reservas presentadas por senadores del PRI, PAN y MC para modificar distintos artículos fueron rechazadas por el Pleno. La oposición mantuvo su señalamiento de que el combate a la piratería no debe traducirse en restricciones para la crítica política en internet.
En lo general, el dictamen fue aprobado con 72 votos a favor y 34 en contra. Posteriormente, los artículos reservados fueron avalados con 68 votos a favor y 34 en contra, además de una modificación propuesta por Corral al artículo 429 del Código Penal Federal.
Con la aprobación en el Senado, el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo.
