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Inés Gómez Mont y Álvarez Puga ya no tienen ficha roja de Interpol y Sheinbaum exige una explicación

La alerta internacional contra la pareja fue retirada, pero ambos mantienen órdenes de aprehensión en México. El gobierno de Claudia Sheinbaum buscará conocer los motivos y revertir la decisión.
¿Qué hicieron Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga? Estos son los cargos por los que se les acusa
Inés Gómez Mont, exconductora de TV Azteca, y su esposo Víctor Álvarez Puga son señalados desde 2019 por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. (Instagram)

El caso de Inés Gómez-Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga entró en una nueva etapa después de que Interpol retirara la ficha roja que existía contra ambos, una decisión que el gobierno mexicano pretende cuestionar y revertir.

Claudia Sheinbaum dio a conocer el cambio este miércoles 30 de septiembre durante su conferencia en Palacio Nacional. La presidenta señaló que las autoridades mexicanas solicitarán a Interpol una explicación sobre los motivos de la medida y buscarán que la alerta vuelva a estar vigente.

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El retiro de la ficha ocurre mientras las órdenes de aprehensión en contra de Gómez-Mont y Álvarez Puga continúan vigentes en México.

Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha informado cuál fue la razón concreta por la que Interpol tomó la decisión y ese es el primer punto que las autoridades pretenden aclarar.

Sheinbaum adelantó que se preguntará al organismo internacional por los motivos y adelantó que México apelará para intentar recuperar la ficha roja.

La presidenta también cuestionó la medida al hablar de las acusaciones que existen en contra de la pareja.

Durante la conferencia los calificó como “factureros reconocidos” y sostuvo que existen pruebas relacionadas con un esquema en el que se habrían utilizado facturas falsas para que empresarios evitaran pagar impuestos.


Las órdenes de aprehensión siguen en México

Aunque la ficha roja fue retirada, la situación judicial de Gómez-Mont y Álvarez Puga en México no desapareció. Ambos tienen órdenes de aprehensión, de acuerdo con la presidenta.

Las acusaciones mencionadas en el caso incluyen delincuencia organizada y lavado de dinero; además, en el caso de Álvarez Puga se señalan operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Por ello, el gobierno mexicano pretende que las órdenes existentes puedan ser atendidas incluso si la pareja se encuentra fuera del país.

¿Quién es Inés Gómez-Mont?

Inés Gómez-Mont Arena es una exconductora de televisión, modelo y periodista mexicana que alcanzó popularidad en programas de entretenimiento de TV Azteca. Entre los espacios en los que participó se encuentran Ventaneando, Los 25+ y Venga la Alegría.

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Su trayectoria en televisión comenzó en 1997, cuando participó como actriz en la telenovela Tric Trac. Años después se incorporó a TV Azteca, primero en el área de producción de noticias y posteriormente al equipo de espectáculos encabezado por Pati Chapoy.

¿De qué se le acusa?

La situación de Gómez-Mont cambió a finales de 2021, cuando pasó a ser buscada por la justicia mexicana. La investigación la relaciona con su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, por una presunta estructura de desvío de recursos y operaciones fiscales irregulares.

Entre los delitos que la Fiscalía General de la República atribuye al matrimonio están delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La acusación por lavado de dinero involucra un monto cercano a los 3,000 millones de pesos y señala presuntas operaciones realizadas mediante empresas y contratos públicos.

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¿De qué se le acusa a Víctor Manuel Álvarez Puga?

Víctor Manuel Álvarez Puga es un abogado y empresario mexicano, fundador de la firma Álvarez Puga & Asociados. Su nombre cobró relevancia pública por las investigaciones que lo vinculan con un presunto esquema de operaciones financieras y fiscales irregulares.

La Fiscalía General de la República lo señala, junto con su hermano Alejandro, por presuntamente participar en una estructura que habría utilizado empresas de papel para simular operaciones y facilitar la evasión fiscal y el movimiento de recursos. Entre las acusaciones se encuentran delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El caso también está relacionado con presuntos contratos públicos asignados sin licitación entre 2016 y 2017, por un monto cercano a 2,950 millones de pesos, según los reportes.

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