SCJN atrae caso de Mahahual: analizará derecho a un medio ambiente sano

Con la atracción, la Corte tiene ahora la posibilidad de establecer criterios sobre el alcance del derecho a un medio ambiente sano frente a los Programas Municipales de Desarrollo Urbano.

Entre los temas que fueron planteados se encuentra el reconocimiento del interés legítimo de las comunidades para impugnar decisiones de planeación urbana que puedan afectar su entorno, así como los plazos para acceder al juicio de amparo en materia ambiental. Los promoventes pidieron que estos plazos sean interpretados de manera que garanticen un acceso efectivo a la justicia, conforme a la Constitución y al Acuerdo de Escazú.

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También se busca que la Corte analice la aplicación de principios ambientales como el precautorio, la participación ciudadana y el in dubio pro natura en las decisiones relacionadas con la planeación territorial.

La decisión de la Corte trasciende al caso de Mahahual y es que una eventual resolución podría establecer criterios de alcance nacional sobre la manera en que las comunidades pueden defender judicialmente su territorio frente a modificaciones de los instrumentos de planeación urbana y sobre las condiciones para acceder a la justicia ambiental.

La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sanom (DMAS) detalló a través de un comunicado que el caso tiene su origen en tres juicios de amparo promovidos por distintos grupos de ciudadanos de Mahahual en contra de las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano.

Los asuntos dieron lugar a los recursos de queja 76/2026, 112/2026 y 113/2026, derivados de los juicios de amparo 57/2026, 129/2026 y 134/2026, que se encontraban ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Quintana Roo.

De tal manera que para DMAS, la decisión de los ministros representa un paso relevante para la protección judicial de las comunidades y del medio ambiente, pues permitirá que la Suprema Corte conozca un asunto que plantea cuestiones de interés y trascendencia nacional

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El pasado 9 de junio, a nombre de los ciudadanos, DMAS presentó ante la presidencia de la Suprema Corte una solicitud para que el máximo tribunal atrajera estos asuntos, al considerar que reunían los requisitos constitucionales de interés y trascendencia.

La solicitud presentada planteaba la necesidad de que la Suprema Corte establezca criterios sobre cuestiones fundamentales para la justicia ambiental, entre ellas:

— El alcance del derecho humano a un medio ambiente sano frente a los Programas Municipales de Desarrollo Urbano.
— El reconocimiento del interés legítimo de las comunidades para impugnar decisiones de planeación urbana que puedan afectar su entorno.
— Los plazos para acceder al juicio de amparo en materia ambiental, bajo una interpretación que garantice el acceso efectivo a la justicia, conforme a la Constitución y al Acuerdo de Escazú.
— La aplicación de principios ambientales como el principio precautorio, la participación ciudadana y el in dubio pro natura en la planeación del territorio.
— La decisión adoptada hoy por unanimidad permitirá que estos planteamientos sean analizados por la Suprema Corte y podría contribuir a definir criterios de alcance nacional sobre la protección judicial de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y el acceso a la justicia ambiental.

Es así que para DMAS y los ciudadanos promoventes, una resolución favorable puede fortalecer los mecanismos judiciales de protección de comunidades y ecosistemas frente a decisiones de ordenamiento territorial en otras regiones del país.