Desde julio de 2025, cuando elementos de seguridad localizaron 33 ferrotanques abandonados con hidrocarburos en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, las autoridades iniciaron una investigación por robo de combustible.
A partir de ese hecho, la FGR identificó una red de contrabando de combustible a través de líneas del ferrocarril, que operaba con empresas fachada y la probable complicidad de operadores logísticos, agentes aduanales y servidores públicos.
Las autoridades señalaron al exgobernador Ruffo, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), como uno de los líderes de este grupo y lo detuvieron el pasado 16 de julio. Ahora señalan a Guadalupe "N" como la apoderada legal de una de las empresas del exmandatario estatal.
Según la fiscalía, esta red mezclaba combustible robado con producto legal para dificultar su identificación y declaraba un volumen menor de hidrocarburos al que realmente transportaban para evadir el pago de impuestos. La FGR considera que se trata del contrabando de combustible más grande registrado en el país, con una evasión fiscal de alrededor de 4 millones de pesos.
Sin embargo, la aprehensión de Ruffo levantó sospechas entre políticos de oposición, quienes señalan al gobierno de Claudia Sheinbaum de perseguir a exfuncionarios de otros partidos mientras no actúa contra los militantes de Morena, el partido oficialista, señalados por Estados Unidos. Es el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, acusado de presuntos nexos con el narcotráfico.
La presidenta negó que se trate de persecución política y aseguró que existe evidencia sólida para acusar a Ruffo, quien ya fue vinculado a proceso, junto a otros siete detenidos.
