La primera aplicación completamente virtual del examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) terminó convertida en una controversia que rebasó el proceso de admisión. Puntajes atípicos, denuncias de posibles trampas y reclamos de aspirantes llevaron a la universidad a revisar lo ocurrido.
En medio del caso aparece Territorium Life, la compañía contratada para proporcionar buena parte de la infraestructura tecnológica utilizada durante la evaluación.
Territorium Life es una empresa mexicana especializada en evaluación digital y certificación en línea que acumula más de una década de experiencia. Sus servicios están dirigidos principalmente a instituciones educativas y organizaciones que necesitan aplicar evaluaciones a gran escala mediante plataformas digitales.
La compañía fue fundada por Guillermo Elizondo, quien ocupa el cargo de director ejecutivo (CEO), y Gerardo Saenz, director de tecnología (CTO). Dentro de su estructura directiva también aparecen Doris Gaitan como directora de operaciones (COO), Julie Murphy como vicepresidenta de Operaciones en Estados Unidos y Eric Stoller como vicepresidente de Marketing.
Su alcance rebasa el mercado mexicano. De acuerdo con la información disponible, sus servicios llegan a más de 12 millones de usuarios y mantiene operaciones en México, otros países de América Latina y Estados Unidos.
Esa experiencia en evaluaciones masivas fue precisamente uno de los argumentos utilizados para incorporarla al proceso de admisión de la UNAM. La compañía no se limitó a proporcionar una página para responder preguntas: el servicio contratado contemplaba infraestructura tecnológica, software de supervisión y herramientas destinadas a controlar la identidad y comportamiento de los participantes.
La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) otorgó en marzo de 2026 un contrato a Territorium para participar en la aplicación virtual del concurso de selección a licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1.
Se estableció un monto mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101.7 millones de pesos. Esto significa que la cifra superior representa el techo contractual y no necesariamente que la Universidad haya desembolsado íntegramente los 101.7 millones.
Otro elemento relevante es la forma en que se asignó el servicio: adjudicación directa. La justificación quedó asentada previamente en el oficio SG/DGAE/0192/2026, fechado el 20 de febrero.
Según esa argumentación, Territorium era la única empresa nacional con capacidad probada para soportar aplicaciones superiores a 30,000 exámenes simultáneos y administrar hasta 100,000 evaluaciones durante una jornada.
El sistema estaba diseñado bajo un esquema conocido como evaluación digital supervisada. En términos sencillos, no bastaba con que una persona ingresara a una página y contestara el examen: distintas herramientas buscaban comprobar quién estaba frente a la computadora y detectar comportamientos incompatibles con las reglas.
Cada evaluación quedaba asociada tecnológicamente con la identidad del aspirante. Mientras avanzaba la prueba, herramientas de inteligencia artificial analizaban la sesión en busca de situaciones consideradas inusuales.
Los mecanismos estaban preparados para identificar posibles casos de suplantación de identidad, utilización de dispositivos no permitidos, consultas a materiales externos o ayuda proporcionada por terceras personas.
Cuando aparecía una irregularidad, el sistema generaba evidencias y reportes que podían ser revisados posteriormente. Una mesa de anulación intervenía en los casos que podían derivar en la cancelación de una participación.
Aquí existe una diferencia importante entre detectar y sancionar. La tecnología podía automatizar parte de la vigilancia y señalar posibles irregularidades, pero las fuentes disponibles indican que la determinación final sobre la anulación recaía en la instancia correspondiente y en las autoridades universitarias.
Por esa razón, aspirantes cuya participación fue cancelada pueden ser citados para conocer las evidencias utilizadas para sustentar la decisión.
El concurso para el ciclo escolar 2026-2027/1 representó un cambio de fondo para la Universidad: por primera vez, el examen de ingreso a licenciatura se desarrolló completamente bajo una modalidad virtual.
Solo durante la segunda jornada se reportó la evaluación de 158,712 aspirantes, una escala que ayuda a entender la cantidad de infraestructura requerida para mantener miles de sesiones funcionando simultáneamente.
Después de la aplicación comenzaron a llamar la atención los resultados obtenidos en algunas carreras de alta demanda. Especialistas identificaron incrementos considerados atípicos en los puntajes y abrieron el debate sobre si todos podían explicarse exclusivamente por un mejor desempeño de los participantes.
Eduardo Backhoff Escudero, exconsejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, señaló que la distribución observada no se comportaba como una curva normal y planteó la posibilidad de que algunos estudiantes hubieran recibido ayuda externa. Por separado, el ingeniero Helios Ocaña identificó un incremento real y sistémico en los resultados.
A esos análisis se añadieron denuncias difundidas en redes sociales. Algunos usuarios señalaron presuntas trampas mediante inteligencia artificial y circulación de respuestas en tiempo real, particularmente a través de contenidos publicados en TikTok.
Aspirantes que no obtuvieron un lugar y algunos padres de familia también realizaron protestas en Ciudad Universitaria para exigir la cancelación del proceso y la aplicación de una nueva evaluación presencial.
La UNAM, por su parte, confirmó la existencia de acciones contrarias a las reglas establecidas en la convocatoria y procedió a cancelar participaciones en determinados casos. Las inscripciones a licenciatura permanecen suspendidas mientras continúa la revisión del proceso.
Las dudas sobre los resultados llevaron al rector Leonardo Lomelí Vanegas a integrar una comisión técnica formada por especialistas universitarios de distintas disciplinas.
Su encomienda es revisar los datos, el procedimiento utilizado durante el concurso y los resultados obtenidos. Paralelamente, se ordenó elaborar un informe que analice los distintos factores que pudieron influir en el desempeño de los aspirantes.
También existe una vía judicial. A principios de julio, la UNAM presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes para que se investiguen posibles delitos relacionados con las irregularidades detectadas durante el examen.
La universidad atiende además solicitudes individuales de revisión y casos de personas cuya participación fue cancelada. Algunas son citadas para conocer las evidencias que sirvieron como fundamento para invalidar su evaluación.
Dentro de las decisiones pendientes aparece la relación con Territorium. La información disponible señala que se analiza una posible multa de 4 millones de pesos relacionada con las fallas registradas en el proceso, aunque hasta ahora no existe una determinación definitiva sobre una sanción o eventual rescisión del contrato.
Tampoco se ha confirmado que el examen vaya a repetirse de manera general. La Universidad mantiene abierta la revisión y ha señalado que informará posteriormente sobre las medidas que correspondan.
