La Fiscalía del Estado de Sinaloa informó Dámaso Castro Zaavedra presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo al cargo de vicefiscal general del Estado, luego de que autoridades de Estados Unidos lo vincularan con el crimen organizado.
De acuerdo con la Fiscalía, Castro manifestó su disposición ''para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico''.
Dámaso cuenta con una carrera de más de 25 años en la procuración de justicia, pues desde 1998 ingresó a la Procuraduría General de Justicia del Estado como auxiliar.
Es investigado porque como subprocurador general presuntamente recibía alrededor de 11,000 dólares al mes por parte de "Los Chapitos” a cambio de proteger a los miembros de la organización para que no fueran arrestados.
De acuerdo con la acusación en Estados Unidos, el ahora exfuncionario también informaba al grupo criminal sobre las operaciones policiales que se realizaban.
La semana pasada, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo después de la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación tras la solicitud de autoridades de Estados Unidos de detenerlo y extraditarlo.
El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó licencia a su cargo, después de que autoridades de Estados Unidos lo vincularan con el crimen organizado.
Autoridades de Estados Unidos acusaron a Rubén Rocha Moya de tener presuntos nexos con el crimen organizado y de tráfico de drogas. La entidad que gobernaba lleva casi dos años sumergida en una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa.
Junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, a Rocha Moya se le acusa por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, además de asociación delictuosa. Fueron el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el encargado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, quienes desclasificaron la acusación.
Si el mandatario estatal va a juicio en Estados Unidos, podría alcanzar la pena de cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Lo mismo los otros acusados.
