El proceso comienza cuando un ciudadano o el Ministerio Público solicita el retiro de esta protección de algún legislador que es investigado por un delito. El caso se estudia en la Sección Instructora y después pasa al pleno de la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados retira el fuero, pero no le corresponde juzgar. Solo quita la protección al legislador que es señalado de algún delito, para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado por las autoridades judiciales.
En el caso de Juan Gámez, alcalde morenista de Culiacán también señalado por vínculos con el narcotráfico, tiene que ser el Congreso estatal el que determine que se puede proceder en su contra.
El jueves 30 de abril terminó el periodo de sesiones en el Congreso, por lo que se necesitaría convocar a un periodo extraordinario para proceder de inmediato contra Rocha Moya y el legislador Enrique Inzunza.
Sin pruebas... dice Gobierno de México
Como se explicó antes, se necesita disposición política para que un caso así avance. En las últimas horas, Movimiento Ciudadano presentó una denuncia formal contra los personajes... sin embargo, desde los liderazgos de Morena ya se ha establecido que no se puede proceder -de momento- porque autoridades de Estados Unidos no acompañaron su solicitud de captura con pruebas.
El miércoles 30 de abril -mismo día en que Estados Unidos presentó al público la acusación contra los funcionarios mexicanos-, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciará una investigación para determinar si los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, tienen algún sustento en la realidad para poder proceder en su contra.
Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, confirmó esta tarde que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le presentó la solicitud de Estados Unidos para detener de forma provisional y extraditar a los implicados, sin embargo, también señaló que, al menos en dicha solicitud, no se presentaron los elementos de prueba necesarios ni evidencias contundentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum también dijo esta semana que si no hay pruebas, se tratará solo de un tema político, como aseguró también el propio Rocha Moya, quien ve en la indagatoria en su contra, un caso armado para golpear a la llamada ''Cuarta Transformación''.
EU los acusa de tráfico de drogas y crimen organizado
Autoridades de Estados Unidos acusaron a Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa , de tener presuntos nexos con el crimen organizado y de tráfico de drogas. La entidad que gobierna lleva casi dos años sumergida en una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa.
Junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, a Rocha Moya se le acusa por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, además de asociación delictuosa. Fueron el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el encargado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, quienes desclasificaron la acusación.
Si el mandatario estatal va a juicio en Estados Unidos, podría alcanzar la pena de cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
¿Quiénes están acusados junto a Rocha Moya?
Entre los acusados también están el senador Enrique Inzunza Cázarez; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán.
Dámaso Castro Saavedra, quien fue vicefiscal General de Sinaloa, y Marco Antonio Almanza Avilés, quien se desempeñó como director de la Policía de Investigación, y Alberto Jorge Contreras, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, forman parte de la acusación.
También están José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.
