Lo que se busca con la iniciativa es que en toda investigación de muerte violenta de una mujer se incorpore la perspectiva de género desde su inicio, según lo explicó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
“Estamos buscando homologar los protocolos de investigación en todo el país: para incorporar la forma de coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada, desde el primer momento, bajo la hipótesis de feminicidio”, expuso el pasado 24 de marzo .
Desde 2012, el delito de feminicidio está tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal . Para ser investigado como tal tiene que cumplirse alguna de las ocho circunstancias marcadas en la ley, entre las que está el registro de antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político o escolar o la existencia o la acreditación del parentesco por consanguinidad o afinidad o una relación sentimental, afectiva, laboral o de confianza entre el agresor y la víctima.
Sin embargo, desde hace años, organizaciones en pro de los derechos de las mujeres han documentado fallas que impiden la acreditación del delito de feminicidio.
Esta situación se refleja en una cifra: de las 2,800 muertes de mujeres que ocurrieron en el año 2025, solo el 26% (732) fueron investigadas como feminicidio. Esto se traduce que solo una muerte de cada cuatro que ocurren en el país es investigada con perspectiva de género.
Esto a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió desde hace 11 años, con la sentencia del caso del feminicidio de Mariana Lima , que toda muerte violenta de una mujer debe de ser investigada como feminicidio, con perspectiva de género y bajo los estándares internacionales más altos.
Aunque hay avances en la homologación del tipo penal de feminicidio en el país, las diferencias persisten, lo que se traslada a la forma en que se investigan estos crímenes y por lo tanto impacta en la procuración de justicia.
Ese es precisamente uno de los puntos que se busca atender con la iniciativa, la cual propone la unificar los protocolos de actuación que deberán ser aplicados por las autoridades y que incorporará: perspectiva de género, debida diligencia, análisis del contexto de violencia y la preservación adecuada de indicios. Además establece la coordinación de instituciones encargadas de la procuración de justicia.
"La Unidad o Fiscalía Especializada que hubieran iniciado la investigación, así como el Ministerio Público adscrito a la misma, deben intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal", dijo la fiscal.
Esto es que pese al cambio de turno no puede pararse ninguna investigación.
