Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso por un juez bajo los cargos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones.
La acusación está relacionada con un contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, un proyecto que finalmente no se concretó.
El proceso judicial comenzó este lunes 23 de marzo, en una audiencia que se prolongó por casi 24 horas. De acuerdo con medios locales, Bonilla enfrentará cargos como coautor con dolo.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, el contrato firmado por el gobierno estatal comprometió pagos mensuales de 123 millones de pesos durante tres décadas.
Los pagos, añade la indagatoria, estaban garantizados por las participaciones federales, además de una inversión inicial de 1,300 millones de pesos por parte del gobierno local.
Durante la audiencia, también se mencionó la intervención de Banca Afirme, que realizó una quita relacionada con la obra no construida. Tras finalizar la sesión, el juez decretó un receso para determinar la medida cautelar que se le aplicará a Bonilla.
En diciembre de 2025, Jaime Bonilla fue inhabilitado por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa durante tres años debido a un caso relacionado con su gestión como gobernador.
Entre 2012 y 2015, se desempeñó como diputado federal y, más tarde, fue elegido senador por Baja California. Inicialmente representó a Morena, pero cambió de partido y se unió al Partido del Trabajo (PT).
En mayo de 2023, el Consejo Estatal de Morena en Baja California solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia retirarle los derechos partidistas a Bonilla, luego de que decidió aceptar el cargo en el PT.
Entre las razones que se dieron para avalar la salida de Bonilla está el aceptar el cargo petista, sin presentar antes su renuncia oficial a Morena. Además, la decisión se tomó de manera “preventiva” para evitar que, en caso de que los resultados no le favorecieran en el petismo, no buscara reincorporarse al partido guinda.
Uno de los momentos más polémicos de su mandato como gobernador se dio con la llamada "Ley Bonilla". Durante su tiempo en el cargo, promovió una reforma constitucional que buscaba ampliar su periodo de gobierno de dos a cinco años. Sin embargo, la reforma fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
