Secretaría de Medio Ambiente y Yucatán buscan ordenar granjas porcícolas

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030 y busca cerrar vacíos regulatorios que, hasta ahora, permitían que algunas unidades operaran con autorizaciones fragmentadas o incluso fuera de la legalidad.

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Durante la firma, la subsecretaria de Regulación Ambiental de la Semarnat, Ileana Villalobos Estrada, señaló que el objetivo es fortalecer de manera permanente las evaluaciones ambientales del sector porcícola para proteger la salud pública y los recursos naturales.

La titular de Profepa, Mariana Boy, detalló por su parte que la falta de coordinación histórica entre niveles de gobierno generó “zonas grises” que dificultaban la supervisión y el cumplimiento normativo.

Con este nuevo esquema, dijo, se pretende ordenar la supervisión y establecer reglas claras para todas las empresas.

El convenio permite que la Secretaría de Desarrollo Sustentable solicite a la Semarnat dictámenes técnicos vinculantes sobre impactos de competencia federal, así como medidas de prevención, mitigación y compensación. También contempla capacitación, intercambio de información técnica y cartográfica, acompañamiento institucional e inspecciones conjuntas, así como la instalación de un Comité Técnico de Seguimiento que sesionará trimestralmente para evaluar avances.

El endurecimiento regulatorio ocurre en un contexto de presión social y litigios debido el crecimiento acelerado de la porcicultura industrial en el estado –donde operan cientos de granjas, muchas concentradas en municipios con población maya– que genera conflictos por descargas de residuos, olores y posibles afectaciones al acuífero kárstico de la península, una de las principales fuentes de agua potable.

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Ante ello, comunidades como Santa María Chi y organizaciones como Greenpeace promueven amparos y denuncias por la presunta operación irregular de instalaciones y por autorizaciones ambientales otorgadas sin consulta previa.

A 2023, la Semarnat contabilizó 507 granjas en operación en el estado, mientras que, entre octubre de 2024 y junio de 2025, la Profepa impuso, por incumplimientos a la normativa ambiental, sanciones a 13 empresas porcícolas por 14.24 millones de pesos.