Serrano Meneses había estado en el cargo desde 2019, año de creación de la Fiscalía, la cual hasta el 27 de noviembre de 2025 tuvo como titular a Alejandro Gertz Manero, ahora embajador en el Reino Unido.
La revisión expone irregularidades al interior de las unidades administrativas de la institución, entre las que están algunas enfocadas en procesos internos y de transparencia hasta la verificación de decomisos y seguimiento a denuncias y expedientes.
“Las Unidades Administrativas de este OIC identificaron y atendieron riesgos institucionales relevantes, particularmente aquellos asociados con debilidades en los controles internos, falta de seguimiento, insuficiencias en la documentación de procesos y dilación en la toma de decisiones”, dice el documento.
Las irregularidades detectadas
En el caso del área responsable de verificar el destino de bienes decomisados, una de las áreas más sensibles de la institución, se reportó que esta opera bajo reglas de 1994, por lo que está desactualizada.
“No se informaba sobre volúmenes y tipo de narcóticos incinerados en las entidades federativas con mayor actividad, ni se contaba con información estadística para realizar los reportes”, señala el documento.
En cada uno de los apartados, el OIC establece una serie de estrategias y acciones implementadas durante la actual administración para solventar las fallas.
En el caso de los decomisos señala el fortalecimiento de la coordinación con las fiscalías y otras autoridades estatales para asegurar la transparencia en eventos de incineración de narcóticos, así como la implementación de controles estadísticos y verificación de instrumentos de medición.
Como parte de ese nuevo esquema, el OIC da cuenta en el informe de la participación de la FGR en la destrucción de 71,871 kilogramos de narcóticos, la disposición de 193,976 precursores químicos y la incineración de 5.5 millones de unidades de fentanilo.
La evaluación patrimonial fue otra de las áreas críticas, pues en la unidad a cargo de esta tarea se encontró que esta no realizaba sus funciones sustantivas, consistentes en la revisión, análisis y seguimiento de la evolución del patrimonio de las personas servidoras públicas.
Además se documentó una “ausencia total de controles” en los expedientes bajo su resguardo, así como el estado procesal de cada uno de estos, lo que además de opacidad generaba riesgos de extravío de información sensible.
La falta de control también se documentó en las actuaciones de la unidad, con expedientes incompletos y sin sustento jurídico.
“Ello no solo reflejaba desorden y falta de control, sino que colocaba a la institución en riesgo real de enfrentar pagos millonarios por salarios caídos, de hasta 30 años, debido a defensas deficientes, incidentes promovidos sin estrategia y respuestas procesales incorrectas”, señala el informe.
