Las viviendas abandonadas en México representan un problema que involucra millones de inmuebles, pero cuyo alcance va más allá.
El impacto negativo de extensas áreas construidas que permanecen vacías, por causas que van desde su lejanía de los centros de trabajo hasta la inseguridad en su entorno, afecta de manera particular a las infancias, al deteriorar su vida cotidiana y limitar su desarrollo hacia la adultez.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 se contabilizaron 6.15 millones de inmuebles deshabitados, de los cuales el gobierno federal tiene previsto recuperar 600,000.
Sin embargo, mientras esta estrategia se implementa, las consecuencias continúan avanzando, advierte Fundación Hogares, organización dedicada a fortalecer comunidades capaces de resolver sus necesidades y mejorar el entorno en el que habitan.
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Infancias perjudicadas
La existencia de zonas en abandono se traduce en la ausencia de servicios básicos y de tejido comunitario en unidades habitacionales deterioradas, lo que genera un vacío que es ocupado, principalmente, por la delincuencia organizada, de acuerdo con el análisis de la fundación.
Esta situación pone en riesgo a entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad ante el reclutamiento por estos grupos, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México. La exposición al narcotráfico, a rutas inseguras y a contextos de violencia agrava este escenario.
Se trata de una de las consecuencias más visibles, pero no la única. “El abandono de la vivienda se traduce en rezago escolar, falta de registro oficial y exposición directa a la delincuencia. En lugar de construir espacios seguros para las infancias, se les restan oportunidades”, señaló Eduardo Rivera, gerente de Desarrollo Comunitario de Fundación Hogares.
La exposición constante a estos riesgos “marca el desarrollo de niñas y niños que permanecen en estos entornos” y que transitan calles que, tras el abandono, son ocupadas por grupos criminales, detalla el estudio.
Un caso emblemático es el de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, uno de los municipios más peligrosos del país, de acuerdo con el Índice de Paz México 2025, y donde se concentran más de 77,000 viviendas deshabitadas.
En este municipio, Fundación Hogares identificó la presencia de menores sin actas de nacimiento, lo que les impide acceder a servicios esenciales, así como casos de niñas y niños que no asisten a la escuela debido a que los trayectos son peligrosos o demasiado largos.
Entre las razones del abandono de viviendas se encuentran créditos impagables, lejanía con centros de trabajo y zonas de servicios y perímetros inseguros.(Israel P. Vega)
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El diagnóstico también revela la existencia de madres y padres involucrados en actividades delictivas o privados de la libertad, lo que deja a las infancias en situación de desprotección y expuestas de forma cotidiana a la criminalidad como parte de su proceso de crecimiento.
¿Hay solución?
Para Fundación Hogares, el nuevo Plan de Vivienda del gobierno federal plantea una estrategia enfocada en la construcción y asignación de vivienda económica, pero deja sin atender áreas clave, como la ubicación de los desarrollos y la creación de zonas con servicios y equipamiento urbano.
No obstante, la organización señala que estrategias vinculadas a la regeneración urbana y social de los territorios pueden revertir hasta 24% el abandono habitacional y la violencia asociada, “en contextos similares a los de Tlajomulco y Valle de Puebla, en Baja California”.
Las acciones que han mostrado resultados se basan en una rehabilitación integral de las zonas, guiada por la participación ciudadana y con un enfoque centrado en las personas, además de la activación de espacios deshabitados mediante iniciativas comunitarias.
“En lugares como Tlajomulco, Mazatlán y Mexicali se ha promovido el establecimiento de comedores y escuelas comunitarias. Además de dar un nuevo uso a espacios vacíos, estas iniciativas permiten que las infancias adquieran herramientas básicas para reducir la brecha educativa mientras reciben alimentación”, detalla el análisis.
Sin embargo, para que estas acciones tengan un efecto preventivo real en la vida de niñas y niños, es indispensable que organizaciones civiles, autoridades y sociedad trabajen de manera conjunta, concluyó Eduardo Rivera.
