A 5 años de la masacre de Camargo, familias piden reparación del daño

Este jueves, al realizar un acto en memoria de las víctimas en Guatemala, sus familiares exigieron también que el Estado mexicano cumpla con la reparación integral del daño y que ofrezca una disculpa pública.

Una masacre contra migrantes

El 22 de enero de 2021, los migrantes fueron perseguidos por los policías estatales e integrantes del entonces Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

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La persecución ocurrió mientras viajaban en una camioneta por la brecha Santa Anita, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, cerca de Camargo. Intentaban llegar a la frontera con Estados Unidos, según concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una investigación.

En un inicio, los policías falsearon sus informes y dijeron que el hallazgo de los cuerpos calcinados se dio después de que les avisaran de un enfrentamiento entre grupos armados. Afirmaron que ningún elemento había disparado ese día.

Sin embargo, la indagatoria comprobó lo contrario. Los testimonios de los pobladores dieron cuenta de la persecución a balazos de los policías, algunos de ellos vestidos de negro y encapuchados.

Los peritajes posteriores de la fiscalía del estado comprobaron que los migrantes no dispararon, pues hallaron 113 orificios de arma de fuego en el coche incendiado, realizados desde un ángulo posterior.

Las pruebas de balística confirmaron que al menos 12 policías sí habían disparado y las autopsias detectaron que las víctimas murieron por heridas de bala o quemaduras.

Un policía confesó después que, incluso, al otro día del ataque los elementos regresaron al lugar de los hechos a recoger los casquillos para eliminar la evidencia.

Por todo esto, la CNDH acreditó violaciones graves a los derechos humanos de las 19 víctimas, cinco de ellas de entre 15 y 17 años, así como el uso ilegítimo de la fuerza usada por los policías.

Recomendó ampliar las investigaciones para determinar la responsabilidad de las 27 personas que documentó que estaban involucradas en los hechos, entre agentes y otro personal de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas.

Sin embargo, la recomendación se emitió en septiembre de 2024, casi un año después de que 12 policías fueran sentenciados por homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad de informes y desaparición forzada de personas.

Así que recomendó incluir en las indagatorias a los elementos que faltaban y de los que no se había identificado su nombre.

“Recomendación a efecto de que se determine su responsabilidad de conformidad con su participación, pues de no hacerlo se contribuye a la impunidad”, apunta en el expediente 168VG/2024.

Investigación contra todos los responsables

Ante estos datos, las familias de las víctimas y las organizaciones que les han acompañado jurídicamente consideran que el caso, calificado con la primera “masacre emblemática” del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no se ha resuelto completamente.

“La sentencia condenatoria en contra de los 12 policías de Tamaulipas se reconoce como un acto de justicia; sin embargo, el caso sigue inconcluso. Las familias no han sido reparadas ni el Estado mexicano ha presentado disculpa pública por lo ocurrido”, leyeron este jueves en un pronunciamiento.

“La sentencia no permitió esclarecer el motivo de la persecución, ejecución y calcinación de las víctimas, ni develar la estructura criminal, intereses, corrupción y autoría intelectual detrás de los hechos”, agregaron.

La Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala explicaron que la investigación estuvo a cargo de las autoridades de Tamaulipas mientras que Fiscalía General de la República ya notificó el cierre del caso.

Por eso demandan una investigación complementaria que permita el esclarecimiento completo de los hechos y la identificación de todos los responsables.

Falta la reparación del daño

Después de que los restos de las víctimas fueron repatriados, las familias quedaron en un “abandono institucional”, afirman.

La CNDH estableció que las familias debían recibir atención psicológica y tanatológica especializada, continua y gratuita; atención médica; compensación económica; así como medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Pero señalan que ninguna de estas medidas ha sido cumplida.