Registro de teléfonos celulares
En junio de 2025, se aprobó la nueva Ley General del Sistema Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, que reformó diversas normativas, entre ellas, la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
A partir de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil deberán registrar sus teléfonos, los cuales estarán vinculados a su CURP (Clave Única de Registro de Población). Las líneas telefónicas que no sean registradas serán canceladas. Esta medida busca fortalecer la seguridad pública mediante el uso de inteligencia y análisis criminal por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
Sin embargo, esta reforma generó controversia, ya que implica la creación de un sistema interconectado de bases de datos personales, que incluirán información sobre la CURP, registros fiscales, datos de salud, propiedad, vehículos, bancarios, así como bases de datos policiacas y penitenciarias. Las autoridades podrán acceder a toda esta información, lo que es calificado por opositores como una "Ley Espía" que pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos.
CURP biométrica
En paralelo, en junio también se aprobó la reforma de la Ley General de Población, que establece la emisión de una CURP biométrica. Esta modificación tiene como objetivo mejorar las herramientas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y prevenir el robo de infantes.
La CURP, que originalmente es un código alfanumérico de 18 caracteres basado en los datos del acta de nacimiento o documentos migratorios, ahora incorporará datos biométricos. Además, se creará una Plataforma Única de Identidad para almacenar y gestionar la información.
A pesar de los beneficios que se promueven, los críticos advierten que la medida puede dar al gobierno acceso a una cantidad masiva de información personal.
Reformas contra la extorsión
Las reformas aprobadas en 2025 también forman parte de una estrategia integral para combatir la extorsión y mejorar la seguridad pública, especialmente en relación con las llamadas telefónicas. Con el registro obligatorio de todas las líneas telefónicas y sus respectivos dueños, se espera reducir el delito de extorsión telefónica, una de las amenazas más frecuentes que afectan a los mexicanos. Aunque las reformas generaron resistencia, el voto para su aprobación fue casi unánime.
Además, se expidió una nueva Ley General en Materia de Extorsión, enfocada en perseguir ese delito, que hasta ahora es uno de los más difíciles de erradicar. Las nuevas medidas incluyen penas de hasta 42 años de prisión para los responsables y la posibilidad de bloquear o inhibir señales telefónicas en reclusorios federales y centros penitenciarios.
Alza a bebidas azucaradas
En octubre de 2025, el Congreso aprobó un aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas azucaradas, con el objetivo de reducir su consumo y promover una dieta más saludable. El aumento, que inicialmente iba a ser de 1.64 a 3.01 pesos por litro, afectará tanto a bebidas azucaradas como a aquellas con edulcorantes añadidos.
Aunque el incremento se extendió también a las bebidas "light" y "cero", algunos críticos cuestionaron si la medida busca principalmente recaudar más dinero en lugar de reducir el consumo de azúcar. Las refresqueras, por su parte, se comprometieron a ofrecer productos con menos calorías y modificar sus estrategias publicitarias.
