Juzgadores y trabajadores judiciales advirtieron que la reducción de las percepciones de 800 personas en funciones –concretado en este diciembre– afecta la impartición de justicia y es un ataque a la independencia judicial.
Además denuncian que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó de forma indebida la revocación de suspensiones de amparo que mantenían a salvo los salarios y prestaciones de los juzgadores.
En septiembre pasado, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) emitió un Tabulador General de Sueldos para el Tribunal de Disciplina Judicial y el mismo OAJ –organismos de nueva creación– y modificó los Tabuladores de la SCJN y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el periodo de septiembre a diciembre.
Los cambios ajustaron a la baja los salarios y prestaciones de los juzgadores al reducir la percepción ordinaria quincenal, eliminaron el seguro colectivo de retiro y el de separación individualizada, además de la prima vacacional.
La reducción en las percepciones implicaría la disminución de un 20% hasta casi un 40%.
Ese mismo mes la rebaja pudo aplicarse a los ministros de la SCJN, e incluso la ministra Loretta Ortiz, quien llegó a la Corte en diciembre de 2021 y fue electa para un nuevo periodo en junio pasado, cuestionó la medida.
En esa ocasión declaró en entrevista radiofónica que la rebaja salarial sería tan “fuerte” que ganará sólo 27,000 pesos más que su secretaria particular, cuando las responsabilidades son más grandes.
Ese ajuste no pudo aplicarse a magistrados y jueces, que previamente habían interpuesto amparos contra la reforma judicial para oponerse a la reducción de sus percepciones.
La reforma al Poder Judicial –vigente desde septiembre de 2024– además de establecer la elección de juzgadores en urnas, impuso un tope a los salarios de ministros, jueces y magistrados.
En el artículo 94 de la Constitución detalla que la percepción “no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la Presidencia”. Sin embargo, se mantuvo un candado para que la percepción no sea "disminuida durante su encargo”, apartado que con la decisión de bajar las percepciones de jueces y magistrados se vulneraría.
Se presentaron más de 500 amparos de juzgadores en funciones, sin embargo en noviembre pasado el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, instruyó a los titulares de juzgados que habían dictado suspensiones de amparo para que no se aplicaran esos recortes, a revocar esas medidas.
El sustento para la instrucción del ministro habría sido una sentencia de la “vieja” Corte emitida en noviembre de 2024 –cuando finalmente se validó la reforma judicial– y la aprobación de un criterio en febrero pasado por el que los jueces no tienen competencia en materia electoral.
En esas sentencias, la SCJN instruyó a los jueces a revisar si las suspensiones que habían otorgado estaba en litigio la materia electoral, caso en el que no procedían medidas cautelares. Sin embargo, en el caso de los sueldos y prestaciones de juzgadores, el ministro presidente de la SCJN ordenó revocar automáticamente toda suspensión que había sido decretada, aunque no estaba de por medio la materia electoral.
El juez Juan Pablo Barrios Oliva, del segundo tribunal laboral federal, explicó en redes sociales que esta decisión del presidente de la Corte no estuvo apegada a derecho y señaló que así como con la reducción de percepciones de jueces y magistrados, es un muestra de ataque a la independencia judicial.
“Eso también va contra la independencia porque es una orden directa de revocar una determinación judicial, cuando existen recursos para ello y en este momento muchos de los casos ya se agotaron, y los Tribunales Colegiados ya emitieron una decisión firme que no puede ser cambiada ni siquiera por el pleno de la SCJN, mucho menos sólo por su presidente.
El juez explicó que para revertir las decisiones de los jueces eran posibles una queja o un recurso de revisión, pero no la orden del ministro presidente.
Además, si bien la Corte puede emitir criterios o atraer los casos y resolverlos, como ya lo hizo y se analizará el fondo, no era posible levantar las suspensiones con una instrucción como lo hizo el presidente Aguilar.
Francisco Javier López, del Colegio de Secretarios y Actuarios del Poder Judicial, reconoció que el año cierra sin recortes a sus percepciones, pero lo que más preocupa a los trabajadores es el ajuste a los juzgadores, pues atenta contra la impartición de justicia y esto también les afecta, como profesionales del derecho que son.
“Por el momento quedan aseguradas todas las prestaciones de los trabajadores. Lo que se logró pactar con el sindicato es que no se reduzca ninguna”, dijo y aseguró que eso deberá confirmarse a la firma de las condiciones generales de trabajo para 2026.
Aun sin recortes a las percepciones de secretarios y actuarios, informó que el rezago salarial ya es de 36.37%. “Llevamos 8 años sin el menor incremento a nuestro salario. Un solo peso no se nos ha subido”, comentó.
Aun cuando el asunto salarial no es ya una preocupación inmediata, López indicó que ven con "mucha preocupación" esta reducción al sueldo de los juzgadores.
"Es claramente un ataque a la independencia judicial, es una forma de controlar a la judicatura a través de sus remuneraciones”, dijo.
Explicó que ahora solo queda el camino de instancias internacionales y recordó que hay juicios pendientes a nivel internacional que podrían tardar meses o años y aún está por verse la respuesta que en su caso dé el Estado mexicano.
La reducción en los salarios y en las prestaciones de los juzgadores afecta la garantía de independencia judicial, establecidas en la Constitución y tratados internacionales, sostiene la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, encabezada por la jueza Juana Fuentes.
“La independencia judicial se sostiene en tres elementos: estabilidad en el cargo, garantías contra presiones externas y remuneraciones adecuadas e inamovibles. Ninguno de esos elementos es ornamental. Todos son componentes esenciales para que quienes juzgan puedan decidir los asuntos conforme a derecho, sin miedo a represalias económicas, administrativas o políticas”, detalló.
Sin embargo, el organismo alertó que con la elección judicial, y ahora con un posible recorte a sus prestaciones y percepciones, se afectan los principios de inamovilidad, estabilidad en el cargo e irreductibilidad salarial.
“Un juez cuya remuneración puede ser recortada a voluntad del poder político es un juez expuesto, vulnerable, condicionado. Reducir su ingreso no lo afecta solo a él: envía un mensaje inequívoco de subordinación”, alertó la jueza Yasmín Murillo Meza.
Cuando el salario se convierte en forma de control, la imparcialidad deja de ser garantía y se vuelve un riesgo.
“La protección al salario de los jueces es uno de los pilares técnicos de a independencia judicial, reconocido en tratados internacionales. Reducirlo no es austeridad, es una acción concreta para completar el sometimiento de los jueces al poder político”, expuso el magistrado en retiro Osiris Cedeño.
Defendió que con una remuneración adecuada, se reducen incentivos perversos como “presiones, capturas, corrupción o fuga de talento”.
Para el juez Juan Pablo Barrios Oliva, los reclamos no son una defensa por privilegios, e indicó que se presume que en breve también se aplicará el recorte a secretarios de juzgados y actuarios, con lo cual se modificarían indebidamente las condiciones generales de trabajo, mismas que no deben ser cambiadas unilateralmente por el patrón.
“Defender la irreductibilidad salarial no es defender dinero. Es defender que un juez pueda decirle 'no' al poder sin preguntarse cuánto le va a costar. Cuando la justicia empieza a depender de la nómina, deja de ser independiente y se vuelve obediente”, planteó el abogado José Mario Meza, quien encabeza Perteneces, asociación civil en defensa de los derechos humanos.
