Organizaciones proponen plan de justicia tras rechazo a Parque de Reciclaje en Hidalgo

Los colectivos, entre ellos el Movimiento No al Basurero Atitalaquia, la Red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir, Fundación Apaztle y Río Tula Restauración y Justicia Socioecológica, reconocieron la decisión del gobierno federal de respetar la voluntad popular expresada en la consulta y aclararon que su oposición al parque no fue ideológica, sino sustentada en los posibles impactos ambientales y de salud.

“No somos enemigos del gobierno, somos aliados. Queremos trabajar juntos para alcanzar la justicia ambiental en nuestra región”, afirmaron.

Como parte del diagnóstico, especialistas alertaron que la región tolteca vive una emergencia sanitaria y ambiental, con más de 500,000 personas afectadas directamente por la operación de la refinería, termoeléctricas, cementeras, descargas de aguas residuales y más de 300 industrias instaladas en la región.

“Es un cóctel tóxico que ha provocado enfermedades y una exposición crónica en la población”, advirtieron.

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Frente a este escenario, los colectivos propusieron trabajar en un plan integral de justicia socioambiental que priorice la vida y la salud, y que sea construido de manera conjunta entre comunidades, investigadores y autoridades.

Entre los ejes planteados se encuentran el saneamiento real de ríos, la reducción de emisiones industriales, la atención a enfermedades asociadas a la contaminación, la garantía del derecho al agua y el fin de la lógica de “regiones de sacrificio”.

Basura cero como alternativa

Uno de los pilares del plan anunciando fue la propuesta de basura cero, presentada como alternativa al parque de Economía Circular.

De acuerdo con especialistas, procesos como la incineración o la pirólisis —asociados a este tipo de proyectos— generan contaminantes altamente tóxicos, como dioxinas y furanos.

“La contaminación no se va a terminar generando más contaminación. La mejor opción es reducir residuos desde su origen, separarlos y gestionarlos de forma comunitaria”, explicaron.

Los colectivos compartieron experiencias locales de separación de residuos, reciclaje comunitario y compostaje, así como proyectos escolares que buscan reducir la cantidad de desechos que llegan a su disposición final. De esta manera aseguraron, estas son prácticas que demuestran que existen alternativas viables sin agravar la carga ambiental de la región.

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Finalmente, los participantes llamaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno a transparentar sus proyectos y a abrir espacios reales de participación ciudadana.

Advirtieron además que la unidad de los 13 colectivos marca un parteaguas en la defensa del territorio y en la construcción de propuestas propias.

“Este plan de justicia ambiental es un plan de vida comunitario. Queremos que nuestras generaciones futuras mueran de viejos y no por enfermedades asociadas a la contaminación”, concluyeron.