El ministro Irving Espinosa Betanzo está a cargo del proyecto en el que se propone se invaliden las reforma estatales al considerar que se trata de una medida regresiva.
“Se propone que la legislatura local incurrió en una medida regresiva: cuando antes las mujeres y personas gestantes podían elegir libremente interrumpir un embarazo para evitar verse sujetas a un proceso penal en el período inicial del embarazo que abarcaba 12 semanas, ahora reduce su margen para tomar esa decisión”, se menciona en el proyecto.
La discusión corresponde a las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y acumulado 173/2024 en el que se propone invalidar los artículos 101, 103 y 106 y 196 del Código Penal de Aguascalientes.
En estos se establece que después de la sexta semana de gestación, a quien se practique un aborto u otorgue el consentimiento para que otro lo realice, se le aplicará de 3 a 6 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa.
Cuando lo realice un médico o partero, se le aplicará de seis meses a 1 año de prisión y de 1,500 a 2,000 días de multa y el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y hasta la inhabilitación para el ejercicio profesional hasta de 1 año.
Originalmente este caso sería discutido el 6 de enero del próximo año, pero en una actualización que hizo la SCJN este martes 16 de diciembre, el expediente fue retirado y no se sabe cuándo podría ser discutido.
Además, la Suprema Corte rechazó que con este proyecto se busque permitir el aborto en cualquier momento del embarazo como señaló la Arquidiócesis Primada de México, pues esta última el fin de semana reclamó que los ministros busquen eliminar el tipo penal del aborto.
“El proyecto de sentencia está influenciado por una ideología muy clara, la de la cultura del descarte, para eliminar sin problema alguno al ser humano que se convierte en un obstáculo. No piensan en la mujer ni en el bebé, solo en “deshacerse de un problema de manera rápida y pragmática”, publicó la Arquidiócesis.