Empresario mexicano es condenado en EU por sobornos a funcionarios de Pemex

Las autoridades acreditaron que el empresario de 46 años y residente de The Woodlands, Texas, destinó más de 150,000 dólares en efectivo, artículos de lujo y otros bienes de valor para influir en al menos tres funcionarios de ambas entidades.

“(La persona) orquestó un plan para sobornar a funcionarios mexicanos en beneficio propio y de sus empresas”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

“El soborno a funcionarios públicos para obtener negocios socava la competencia leal y enriquece injustamente a quienes actúan mal. Al procesar este caso, el Departamento ha enviado un mensaje claro: no toleraremos esquemas de soborno y corrupción que se lleven a cabo desde Estados Unidos, ya sea que los sobornos se paguen aquí o en el extranjero”, agregó.

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Las pruebas presentadas en el juicio demostraron así que RARM actuó en complicidad con otras personas, entre ellas Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, ciudadano mexicano y también residente permanente legal en EU, quien actualmente se encuentra prófugo.

Mediante estos sobornos, las empresas asociadas con el empresario lograron obtener y mantener contratos con PEMEX y PEP valuados en al menos 2.5 millones de dólares.

Tras el veredicto, el jurado declaró culpable de un cargo por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y de dos cargos adicionales por violaciones a esa legislación, aunque lo absolvió de un cuarto cargo relacionado.

Por estas condenas, el empresario enfrenta una pena máxima de hasta 15 años de prisión, cuya sentencia será determinada posteriormente por un juez federal, con base en las directrices de sentencia y otros factores legales aplicables.

Autoridades estadounidenses subrayaron que este caso envía un mensaje claro contra la corrupción transnacional y el soborno de funcionarios extranjeros, incluso cuando estos delitos se planean o ejecutan desde territorio estadounidense.

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La investigación se informó, fue llevada a cabo de manera conjunta por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Houston, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC-OIG).

El proceso judicial está a cargo de fiscales de la Sección de Fraude de la División Penal del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas, como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para hacer cumplir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y combatir el soborno y la corrupción en operaciones internacionales.

Este caso se suma a las investigaciones que autoridades de EU han desarrollado en los últimos años sobre esquemas de sobornos vinculados a Petróleos Mexicanos, y que han documentado cómo empresarios y exfuncionarios presuntamente utilizaron empresas intermediarias, contratos inflados y pagos ilícitos para obtener adjudicaciones, liberar pagos o garantizar la continuidad de contratos con la petrolera estatal mexicana y sus filiales.