Las autoridades acreditaron que Rovirosa, de 46 años y residente de The Woodlands, Texas, destinó más de 150,000 dólares en efectivo, artículos de lujo y otros bienes de valor para influir en al menos tres funcionarios de ambas entidades.
“Alexandro Rovirosa orquestó un plan para sobornar a funcionarios mexicanos en beneficio propio y de sus empresas”, declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.
“El soborno a funcionarios públicos para obtener negocios socava la competencia leal y enriquece injustamente a quienes actúan mal. Al procesar este caso, el Departamento ha enviado un mensaje claro: no toleraremos esquemas de soborno y corrupción que se lleven a cabo desde Estados Unidos, ya sea que los sobornos se paguen aquí o en el extranjero”, agregó.
Las pruebas presentadas en el juicio demostraron así que Rovirosa actuó en complicidad con otras personas, entre ellas Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, ciudadano mexicano y también residente permanente legal en EU, quien actualmente se encuentra prófugo.
Mediante estos sobornos, las empresas asociadas con Rovirosa lograron obtener y mantener contratos con PEMEX y PEP valuados en al menos 2.5 millones de dólares.
Tras el veredicto, el jurado declaró a Rovirosa culpable de un cargo por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y de dos cargos adicionales por violaciones a esa legislación, aunque lo absolvió de un cuarto cargo relacionado.
Por estas condenas, el empresario enfrenta una pena máxima de hasta 15 años de prisión, cuya sentencia será determinada posteriormente por un juez federal, con base en las directrices de sentencia y otros factores legales aplicables.
