Tras el Operativo Conjunto Michoacán de Felipe Calderón, las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador también implementaron estrategias específicas para contener la violencia en el estado, que a lo largo de tres sexenios se mantuvo como uno de los principales focos rojos del país.
"Por Michoacán, juntos lo vamos a lograr", la estrategia de EPN
En enero de 2014, en medio de una grave crisis de violencia y la expansión de grupos de autodefensas en la Tierra Caliente, el entonces presidente Enrique Peña Nieto presentó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, como representante plenipotenciario del Gobierno Federal en la entidad.
La estrategia buscó recuperar el control del territorio y desarmar a las autodefensas mediante un mecanismo de coordinación federal que concentró decisiones de seguridad, justicia y desarrollo en una sola figura.
El gobierno federal desplegó más de 10,000 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, además de reforzar la presencia del Ministerio Público Federal y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para la judicialización de líderes criminales y comunitarios.
Un mes después, en febrero de 2014, bajo la premisa de que la violencia no se combate con más violencia y que lo importante es prevenir, el gobierno presentó el Plan Michoacán, Juntos lo Vamos a Lograr, programa que se implementó en cuatro municipios de esa entidad: Morelia, Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas, y que buscó prevenir la violencia con acciones sociales que permitieran lograr la cohesión comunitaria y la reconstrucción del tejido social en el estado, según se anunció.
El plan se estructuró sobre cinco ejes principales:
1. Economía familiar y empleos
2. Educación y cultura para la prosperidad
3. Infraestructura moderna y vivienda digna
4. salud y seguridad social
5. Desarrollo social y sustentabilidad.
Además, en materia de prevención del delito, la estrategia contempló recorridos territoriales y consenso con gobiernos locales de sectores urbanos de intervención por municipio; la instalación de coordinación de operación local; diagnósticos sectoriales y de campo; la consolidación de Comités Comunitarios y Planes de Desarrollo Comunitario en Sectores Urbanos de Intervención y talleres de Planeación por Municipio.
Como parte de la implementación de esta estrategia, en el gobierno de Peña Nieto también se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, un órgano administrativo que agrupó esfuerzos federales, estatales y municipales para coordinar la seguridad y desarrollo en la región.
La estrategia buscó así recuperar el control del territorio y desarmar a las autodefensas mediante un mecanismo de coordinación federal que concentró decisiones de seguridad, justicia y desarrollo en una sola figura.
El gobierno federal desplegó más de 10,000 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, además de reforzar la presencia del Ministerio Público Federal y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para la judicialización de líderes criminales y comunitarios.
Sin embargo, pese a la intervención directa y la captura de figuras como Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios, la violencia no logró erradicarse. La estrategia fue criticada por su centralización excesiva y por la falta de coordinación con las autoridades estatales y municipales.
Durante el sexenio de Peña Nieto (2012–2018), Michoacán permaneció entre las cinco entidades con mayor número de homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Atención de las causas, la apuesta de AMLO
Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2014) la violencia en Michoacán se fue acentuado.
Ante el crecimiento de la violencia, en octubre de 2021, el gobierno federal anunció el Plan Integral de Seguridad y Bienestar para Michoacán, con el que se enviaron más elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, además de acciones enfocadas a salud, educación y programas sociales.
La estrategia buscó atender la violencia en la entidad desde sus causas estructurales, combinando acciones de seguridad con programas sociales, desarrollo económico y presencia territorial de la Guardia Nacional.
El plan, puesto en marcha en 2021, surgió como respuesta al repunte de la violencia en la región de Tierra Caliente y a las disputas entre grupos criminales en municipios como Apatzingán, Aguililla, Tepalcatepec y Coalcomán, zonas históricamente afectadas por el narcotráfico.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró entonces que su gobierno no declararía la "guerra" a ningún grupo delictivo, pues considera que esa estrategia fue "un profundo fracaso", ni tampoco establecerá algún tipo de complicidad con organizaciones criminales.
Al encabezar la presentación del Plan de Apoyo a Michoacán, López Obrador argumentó que el problema de la inseguridad creció en buena medida porque se mezcló el interés de la delincuencia con el interés político.
Uno de los ejes centrales del plan fue el despliegue permanente de la Guardia Nacional, que sustituyó gradualmente a la Policía Federal.
El gobierno federal instaló 57 cuarteles en distintos puntos del estado y desplegó más de 17,000 elementos en coordinación con el Ejército y la Marina. De ellos, 4,402 fueron de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 4,990 de la Guardia Nacional y 7,500 operativos de la policía.
El objetivo, según López Obrador, era garantizar una presencia territorial constante en regiones donde el Estado había estado ausente durante años.
“No se puede enfrentar la violencia solo con el uso de la fuerza. La paz se construye con justicia, con trabajo y bienestar”, declaró el mandatario durante una de sus visitas a Michoacán.
La Guardia Nacional, creada durante el sexenio de López Obrador también asumió tareas de vigilancia en carreteras, protección a comunidades rurales, combate al robo de combustible y apoyo en operativos contra el crimen organizado en el estado.
El plan también incluyó la creación de Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, integradas por autoridades federales, estatales y municipales, que sesionaban diariamente para analizar la incidencia delictiva y coordinar operativos conjuntos.
La estrategia también incluyó la entrega de programas sociales como instrumentos de prevención, entre ellos Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Pero a pesar de los esfuerzos, Michoacán se mantuvo entre los estados más violentos del país, con municipios como Zamora, Uruapan y Morelia entre los de mayor tasa de homicidios dolosos a nivel nacional.
