La crisis forense en México obliga a familias a buscar a sus desaparecidos en fosas

Los datos oficiales suman 133,000 personas desaparecidas o no localizadas y más de 72,000 cadáveres sin identificar, según estima una investigación de Quinto Elemento Lab.

La falta de recursos humanos y financieros para servicios periciales, el incumplimiento de protocolos y la desvinculación de los registros de las fiscalías y las comisiones de búsqueda contribuyen a que personas reportadas como desaparecidas acaben en fosas comunes.

Omisiones forenses

Desde el 18 de febrero de 2020, la familia de Alfredo interpuso las denuncias correspondientes en las fiscalías del Estado de México y la Ciudad de México por la desaparición del joven. Recorrieron anfiteatros y ministerios públicos, sin ningún resultado.

Cinco años después recibieron el informe de la Fiscalía del Estado de México. La dependencia halló una carpeta de investigación con información parecida a la de Alfredo, quien supuestamente llegó al servicio médico forense tras ser atropellado.

Aunque existía una ficha de búsqueda de Alfredo, no se dio con su paradero desde el primer momento porque la fiscalía omitió subir sus datos a la base de personas no identificadas. Así que, cuando la familia acudió al servicio médico forense, no existía registro. Ninguna notificación después.

El pasado 13 de junio, los familiares fueron a la dependencia para la identificación y confrontación de ADN. También deben obtener la titularidad de la carpeta de investigación, que se abrió por homicidio. Sin embargo, no ha sido posible recuperar el cuerpo. La fiscalía les pide que hagan el servicio de recolección y exhumación a través de una funeraria particular.

“Ahora lo que nos está costando más trabajo y dolor es recuperarlo, porque no fue suficiente con no subir su información al sistema, sino que el trámite lo hacen tardado”, agrega Pamela Salcido, hermana de Alfredo.

Carencias en servicios forenses

La ley establece que los cuerpos de personas no identificadas y no reclamadas en las 72 horas después del fallecimiento serán inhumados, salvo que exista autorización para conservarlos por parte de la Secretaría de Salud, por petición de un Ministerio Público o en cumplimento de las normas sobre desaparición forzada. Pero estas directrices no se cumplen siempre.

“Por la falta de inversión en los servicios periciales, pero también de coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda”, explica Grace Fernández, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, un conglomerado de 59 colectivos de familias buscadoras.

“No vemos ese fortalecimiento de los servicios periciales con la contratación de personal, con instalaciones suficientes, con los reactivos necesarios, con la tecnología necesaria para poder hacer la identificación de las personas”, añade.

El problema crece, dice Fernández. Al final del sexenio de Andrés Manuel López, calcula, un promedio de 25 personas diarias eran desaparecidas en el país. Hoy son cerca de 45. No es un incremento por mejoras en el registro de los casos, porque asegura que éste funciona a medias.

Así que cada día hay más desaparecidos y cuerpos sin identificar. Pero el presupuesto y los recursos periciales no crecen a la misma magnitud del problema, agrega Ángel Ruiz, investigador de Fundar.

El Inegi contabiliza un total de 14,400 peritos forenses a nivel nacional adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las unidades estatales de servicios periciales o servicios médicos forenses en 2024.

Los anfiteatros de estos centros tienen una capacidad máxima de almacenamiento para alrededor de 15,000 cadáveres. Además, de los 937 laboratorios periciales con los que cuentan, 699 no están certificados.

Pero el año pasado estas unidades recibieron 100,000 cadáveres, 5.4% más que en 2023. De ese universo, 11,300 corresponden solo al Estado de México.

“No tiene la capacidad el Estado para atender este fenómeno, ni en términos de investigación con las fiscalía estatales, donde está la mayor parte de los delitos de desaparición, ni tampoco tiene capacidad para darle identidad a las miles de personas que están como fallecidas sin identificar”, explica.

“Entonces tienes un fenómeno que sigue subiendo y un Estado que no tiene una capacidad institucional para poder atenderlo”, subraya Ruiz, autor del informe Crisis forense en México: Presupuesto forense para entidades federativas.

La FGR incumple también con la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, como lo ordenó la ley desde 2019, que facilitaría el trabajo de identificación. El gobierno de Claudia Sheinbaum reformó las leyes para mejorar y sistematizar la búsqueda e identificación. Grace Ferńandez espera que los cambios se concreten.

Ella busca a su hermano Dan Jeremeel, quien fue desaparecido en 2008 en el estado de Coahuila. Es una de tantas mujeres que han luchado por políticas públicas, leyes y protocolos para la atención y búsqueda de las personas desaparecidas.

“La implementación, que está del lado del Estado, no ha ido acorde a la urgencia y la necesidad”, apunta. “Sin un compromiso nacional, en donde todas las fiscalías, todas las comisiones de búsqueda, se comprometan a compartir información, difícilmente vamos a dar con la identidad de las personas”, insiste.

Repercusiones en las víctimas

Ruiz menciona que todo lo anterior contribuye, además, a que muchas familias de personas donde la desaparición no está asociada con algún delito vivan las mismas peripecias de la desaparición que cualquier otra familiar que no encuentra a su ser querido, porque la capacidad del Estado está rebasada.

La descoordinación entre autoridades lleva a que los cuerpos de personas que sí son buscadas acaben en las fosas comunes; retrasa las notificaciones oportunas a los familiares de quienes sí han sido localizados sin vida, y obstaculiza la identificación forense.

En algunos casos, los cuerpos de personas que sí fueron identificadas también han sido enterrados por las fiscalías. Y en los peores escenarios, estas dependencias y gobiernos estatales han sepultado de manera ilegal cadáveres desconocidos sin abrir una carpeta de investigación, aunque algunos tuvieran huellas de violencia y tratos denigrantes.

Esto ocurrió en Morelos. En 2014, la familia de Oliver Wenceslao, secuestrado y asesinado en 2013, descubrió que la fiscalía del estado lo enterró en una fosa común pese a estar identificado. Además de recuperar su cuerpo, la madre y tía promovieron una lucha legal para reabrir esa fosa de Tetelcingo. En 2016 se recuperaron 117 cuerpos. De estos, 34 no tenían carpeta de investigación. También se encontraron nueve bolsas con restos de otros 12.

Un año después inició la exhumación de fosas en el cementerio de Jojutla. Suman cuatro fases, la última en junio de este año, con 85 hallazgos.

Ante estos problemas estructurales, en el sexenio pasado, la Dirección de Operaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda se dio cuenta del problema de los registros y comenzó a hacer cruces de datos entre diversas bases de datos del gobierno para encontrar indicios de personas desaparecidas.

También se dio a la tarea de sistematizar y digitalizar los registros de los panteones. Esto dio origen al Módulo de Fosas Comunes, que incluía información y nombres de personas enterradas en fosas comunes pese a estar identificadas.

Hasta abril de 2024, esa base de datos contaba con 41,000 registros de cuerpos inhumados en 12 estados, más de 30,000 con nombres. Del total, 12,500 pertenecen al Estado de México. Sin embargo, este equipo de la comisión fue obligado a renunciar a principios del año pasado y la base ya no está pública en el sitio web que la alojaba.

Grace Fernández dice que el cruce de datos es importante para generar indicios, pero también abre el dilema ético de cómo avisar a las familias. Porque en muchos casos se encuentra la información, pero no la ubicación precisa de la fosa y el cuerpo, o la recuperación es un proceso complicado. Afirma que esto requiere un trabajo diligente, científico y digno antes de contactar a las familias, como en el caso de los Salcido Meza, que luchan por recuperar el cuerpo de Alfredo.

“Yo lo único que quiero es ya a mi hijo, lo imploro, para cerrar este círculo de más de cinco años de tortura. Más de cinco años de pensar qué fue de mi hijo, qué pasó con mi hijo, qué le hicieron, dónde está. Por favor, que ya nos dejen de hacer sufrir tanto calvario”, declaró María Eva Meza, madre de Alfredo.