La cuenta regresiva ya comenzó para que la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluya sus funciones y ceda el paso a sus nuevos integrantes, que fueron electos en las urnas el 1 de junio pasado.
De forma oficial, solo le restan al pleno de ministros cuatro sesiones -las cuales ya están calendarizadas, pero pueden darse cambios- para resolver los últimos asuntos que tendrá en sus manos. La de despedida está prevista para el 12 de agosto.
El tránsito de una a otra Corte está marcado por diferendos internos entre los ministros en funciones, pero, dado que tres ministras repetirán en el cargo, los desacuerdos pueden extenderse a la nueva integración que asumirá en dos meses.
Las diferencias giran en torno a la resolución de litigios en materia fiscal, lo que quedó en evidencia el martes 1 de julio, cuando se rechazó la propuesta de la ministra Lenia Batres para que se resolvieran directo, en el pleno, los asuntos de ese tipo que están en las dos salas de la Corte.
Se trata de 15 litigios fiscales por un monto de 47,435 millones de pesos. Debido a que no prosperó su propuesta, Batres aseguró que “se mantendrá en la opacidad la discusión”, así como ocurre, agregó, con el 95% de los juicios que se resuelven en sesiones privadas.
“La oscuridad y falta de certeza jurídica con que se están resolviendo los asuntos fiscales se agrava con la ilegal práctica de votar en contra de un proyecto y no returnarlo”, acusó al señalar a los presidentes de las dos salas, Loretta Ortiz Ahlf, de la primera, y el ministro Javier Laynez, de la segunda.
Sus señalamientos alcanzaron a Ortiz Ahlf, considerada parte del “movimiento de transformación” y exmilitante de Morena, partido del que ambas fueron fundadoras. Ni Ortiz ni Yasmín Esquivel, también cercana al morenismo, apoyaron sus planteamientos.
La presidenta Claudia Sheinbaum urgió a la Corte la resolución de casos que le significarían ingresos al erario por cuando menos 26,000 millones de pesos.
No obstante, a fines de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Consejería Jurídica de la Presidencia solicitaron a la Corte que sean los nuevos ministros los que resuelvan ese tipo de casos.
El 24 de junio, el pleno aprobó en privado esa solicitud para aplazar la resolución de la contradicción de criterios, que sentará jurisprudencia sobre el trámite que se debe dar a unos 65 recursos de revocación en materia fiscal que están pendientes.
Estos casos incluyen los litigios que el SAT mantiene con las empresas Elektra y Azteca, del Grupo Salinas. El empresario Ricardo Salinas demanda que se anulen los cobros que le son requeridos porque acusa que se trata de una doble carga fiscal.
La decisión de la Corte permitirá que sea la nueva integración del máximo tribunal la que decida, según lo que aprobaron nueve de los 11 ministros, con el voto en contra de Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.
El pasado 27 de junio, la presidenta Sheinbaum trató el tema de Grupo Salinas en su conferencia mañanera, donde Grisel Galeano, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, expuso un supuesto "modus operandi" de las empresas para no pagar al fisco.
La mandataria pidió resolver ya y aseguró que esas empresas van a pagar los impuestos: "No creo que la Corte, los Ministros que están ahora, pues se vayan a atrever a hacer algo en contra del pueblo", dijo.
Este caso de pago de impuestos es impulsado por la ministra Lenia Batres quien, sin embargo, ya fue declarada “legalmente impedida” para resolver por presunta “enemistad manifiesta” con el empresario Ricardo Salinas.
La ministra Loretta Ortiz consideró que la estrategia de Grupo Salinas se extendió en contra de otros ministros, por lo que el caso se complicó aún más.
“Ahorita todos estamos, por ejemplo, impedidos porque, bueno, están por resolverse los impedimentos, no es que estemos impedidos”, señaló.
“Es Lenia es Yasmín, es Margarita (Ríos Farjat), es Javier Pardo (Rebolledo), es, o sea, todos, con tal de que no se resuelva el asunto”.
Otro de los temas polémicos en la Corte, pero que sí pueden resolver los ministros salientes, es el relativo a mantener o no la prisión preventiva oficiosa en el marco jurídico y como política pública de seguridad.
En este caso está en juego el cumplimiento del Estado Mexicano al marco convencional, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a México a dejar de aplicar esa medida que, advierte, vulnera los derechos humanos, entre ellos la presunción de inocencia.
A partir del 16 de julio comenzará el receso judicial anual, mientras que en agosto no se realizarán sesiones de pleno salvo la final, prevista para el día 12 de ese mes. A la primera sala le resta una sesión de resolución.
Según el Acuerdo General 3/2025 de la Corte, todavía el 13 de agosto pueden sesionar las dos salas para el cierre.
El Grupo de Trabajo de rendición de cuentas, creado el 23 de junio tras la declaración de validez de la elección de ministros, emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), ya comenzó sus tareas: revisar las actas de entrega-recepción institucional y los informes, pues deberá reportar al nuevo presidente de la Corte, Hugo Ortiz, el estado de la entrega de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales.
De manera paralela, todas las áreas de la Corte están concentradas ya en el cierre, aunque aún hay resolución de casos y se reciben asuntos nuevos e incluso se turnan, lo que dejará de ocurrir, salvo en casos urgentes o preferentes, el 15 de agosto.
Del 16 y al 31 de agosto, para todos los casos que ingresen, salvo esas excepciones, se reservará su turno para que la nueva Corte determine.
Antes de esa fecha, el personal quedará a disposición de la Secretaría General de Acuerdos, razón por la que, según la ministra Loretta Ortiz, se tomó la determinación, entre todos los ministros electos, de que el personal de las ponencias de los ministros que concluyen su función seguirán al servicio de los nuevos juzgadores, hasta que éstos decidan si se quedan o no.
“Los (ministros) que vienen por lo menos al inicio van a seguir trabajando con las ponencias hasta que ellos evalúen su situación, la situación de los integrantes, o sea, si van a continuar con ellos o no”, comentó.
Lo más importante en esta etapa, consideró, será el nombramiento del órgano de administración y no solo de la Corte, sino del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), para verificar todo el proceso de entrega recepción.
“Según el comentario del propio ministro presidente electo (Hugo Ortiz), se quiere reunir con ella (la ministra presidenta Norma Piña) para pues ver precisamente todo este proceso de transición, entrega-recepción, entonces no dudo que en cualquier día de esta semana se vayan a reunir”, agregó, aunque precisó que el encuentro puede darse más bien con la Comisión de Transición.
La ministra Norma Piña deberá firmar y presentar el 31 de agosto un acta de entrega-recepción institucional, instrumento con el que se da posesión formalmente de los recursos y asuntos a su cargo de manera individual. Esta entrará en vigor en el primer minuto del 1 de septiembre, cuando entra en funciones la nueva Corte.
