En cuanto a la estrategia de combate al robo de combustible implementada por el gobierno de México y encabezada por Pemex y la Defensa, mediante el cierre de ductos y el transporte a través de pipas, la CNDH consideró que se generaron impactos negativos a la población, ya que el gobierno no consideró el desabasto de combustible y desajustes logísticos.
También advierte que, a seis años de los hechos, los tres niveles de gobierno no han implementado mecanismos para la reparación del daño ambiental por la contaminación del suelo y el agua de la zona, el seguimiento médico y psicológico de las 13 personas sobrevivientes, y la atención integral a los 194 niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad.
"En opinión de Comisión Nacional, se configuran violaciones a los derechos humanos en relación con la protección de la salud, la integridad personal, la protección del medio ambiente y la inobservancia del principio del interés superior de la niñez, debido al incumplimiento del Estado mexicano en adoptar medidas y disposiciones que garanticen la efectividad de los derechos humanos”, señaló.
La CNDH calificó como “incapacidad institucional” que los tres niveles de gobierno no hayan actuado efectivamente para garantizar los derechos humanos de los habitantes de Tlahuelilpan, los cuales, además, enfrentan criminalización y estigmatización.
El organismo recomienda al gobierno federal y distintas instituciones a elaborar un programa de remediación ambiental y a generar una campaña informativa en poblaciones con mayor incidencia de robo de combustible sobre los riesgos existentes para prevenir una explosión como la ocurrida en 2019.
