"En dicha nota se deja constancia que la Misión de Observación Electoral de la OEA rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización, en particular el Artículo 3 (e) que señala: 'todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga'", informó la SRE.
La postura del gobierno de México subraya que una Misión de Observación Electoral no tiene la facultad de "imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial", ni de "emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones".
En su propio informe preliminar, la OEA reconoce que la organización del proceso electoral y la realización de los comicios del 1 de junio se llevó a cabo "estrictamente apegada a las normas constitucionales y leyes electorales vigentes" en México, aun así, las recomendaciones del organismo internacional fueron consideradas por la SRE como intervencionistas y alejadas de una lectura objetiva del contexto legal y político nacional.