En ese sentido, Sergio Aguayo expuso que “la información es la reina. Es la pieza fundamental de cualquier demanda. Si se tiene buena información, si se procesa bien se pueden hacer maravillas en no solo en el conocimiento, sino en el plano jurídico”.
Pero en México no hay recursos para la investigación y ahora hay hasta dificultad para tener información actualizada. “Que Relaciones Exteriores que tiene el presupuesto, no esté haciendo lo que sí se hacía con Marcelo Ebrard cuando estaba Alejandro Celorio con su equipo. Pues ahí sí estaba la información, ya sabíamos que ahí estaba el repositorio” hoy desactualizado, indicó Aguayo.
Otra ruta planteada por Celorio es esperar respuesta a la opinión consultiva solicitada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), misma que promovió en el sexenio pasado bajo la gestión del excanciller Marcelo Ebrard se puede tener más argumentos, trabajar en modifica el discurso y eso puede hacer cambiar a la justicia en Estados Unidos.
“Preguntamos dos cosas. ¿En qué medida las empresas que fabrican, distribuyen y venden armas pueden violar derechos humanos, particularmente el derecho a la vida?”, cuestionó.
Recordó que los lineamientos empresas y derechos humanos se establece que las empresas están obligadas a evaluar el riesgo que sus acciones podrían tener en los derechos humanos y estarían obligadas a prevenir ese impacto. Eso es el caso de empresas como pesticidas, mineras.
“Con la opinión consultiva vamos a poder tener un razonamiento respecto a qué grado o qué involucramiento tienen las empresas de armas en la violación a derechos humanos”.
La segunda pregunta fue para conocer “si una ley de inmunidades que protege a empresas como la ley PLACA) que violan derechos humanos, si eso es violatorio del derecho a acceso a la justicia o representa una denegación de justicia”.
Con esa información no se detendrá el tráfico de armas, “¿vamos a revivir a las personas que han fallecido, curar a las personas lesionadas?. No. Pero vamos a poder evidenciar y de ahí la importancia de la narrativa. Estados Unidos”, expuso.
A pregunta expresa, la exfuncionaria Bonifaz opinó que de botepronto podría demandarse con base en la ley de terrorismo.
La legislación –expuso Aguayo- “establece que se puede castigar hasta por 15 años de cárcel a quien proporcione apoyo material o recursos y si la muerte y si en ese en ese asunto muere una persona podrá ser encarcelado” y eso incluye armas.
“Implicaría estudiar en mucho detalle por dónde podríamos encontrar ese camino, pero yo sigo insistiendo que el peso que le dan en Estados Unidos al poder judicial y a lo que se resuelve en las cortes es tan importante que sí habría que intentar”, indicó Bonifaz.
“Está ingenioso el camino que estás planteando, me gusta”, dijo la exfuncionaria mexicana.
