Elecciones 2025: Esto proponen las personas candidatas a la Corte

De acuerdo con encuestas publicadas por Mitofsky, El Universal y El Financiero, las candidatas que encabezan las preferencias electorales son Yasmín Esquivel, Lenia Batres, Marisela Morales, Ana María Ibarra y Loretta Ortiz.

En el caso de los hombres, los candidatos punteros son Hugo Aguilar Ortiz, César Gutiérrez Priego, Irving Espinosa y Sergio Javier Molinar.

Conoce sus principales propuestas con base en la plataforma Conóceles, del Instituto Nacional Electoral (INE):

Las candidatas

Yasmín Esquivel (ministra de la SCJN):

• Fortalecer la formación continua de las y los operadores de justicia, dotándolos de herramientas para enfrentar desafíos actuales y garantizar su actuar con total transparencia y responsabilidad, promoviendo una cultura de desempeño en el Poder Judicial con una mística de servicio a la sociedad, priorizando a las víctimas y evitando abusos de poder. Así se asegurará un sistema profesional, ético y comprometido con la justicia y el bienestar social.
• Modernizar infraestructuras y agilizar procesos en el sistema judicial, asegurando que cada decisión y actuación cumpla con los más altos estándares éticos, para fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que consoliden la confianza en la justicia.
• Construir una justicia que inspire confianza y sea aliada de la sociedad, garantizando libertades, bienestar y desarrollo equitativo; promoviendo la participación ciudadana mediante el diálogo y cooperación entre los actores del sistema. Es necesario promover un Poder Judicial con un alto compromiso social, que sirva a la sociedad y en especial a las víctimas del delito.

Lenia Batres (ministra de la SCJN)

• Justicia social. Nadie puede ejercer derechos y libertades individuales si no tiene resueltas sus necesidades básicas. El Poder Judicial debe contribuir a combatir la principal injusticia de la sociedad: la desigualdad. Debe formular criterios jurisdiccionales que coadyuven a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales: educación, salud, vivienda, alimentación, agua, trabajo, seguridad social, cultura y medio ambiente sano, en armonía con las facultades de los otros poderes.
• Acceso a la justicia. Organización de defensorías públicas, comisiones de derechos humanos y procuradurías en la defensa y representación de la ciudadanía en general para garantizar que toda persona tenga la posibilidad de denunciar o defenderse en juicio. Articular en el Poder Judicial instrumentos pedagógicos y formularios accesibles para permitir la actuación de la ciudadanía en los juicios o alguna de sus etapas en que sea posible.
• Austeridad. Apego a la obligación de administrar los recursos del Poder Judicial con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Priorizar el uso del presupuesto en el adecuado servicio de justicia, tanto en infraestructura para atender al público, como en el desarrollo de instrumentos que faciliten su acceso. Apego a la obligación de otorgar remuneraciones adecuadas y proporcionales conforme al límite constitucional. Erradicar abusos y privilegios para titulares y alta burocracia.

Marisela Morales (ex titular de la PGR):

• Informar a la sociedad sobre el funcionamiento y resoluciones del Poder Judicial, mediante una campaña de difusión de su estructura, funciones y diferencias con otras entidades públicas, como la policía o los ministerios públicos. Asimismo, se propone difundir cápsulas informativas sobre las resoluciones del Pleno de la Corte para que la sociedad tenga claridad acerca de las problemáticas y soluciones adoptadas.
• Fortalecer la Justicia Digital para que los procedimientos sean accesibles, sencillos y apegados a las necesidades de la sociedad, esto bajo la dirección de un Comité Nacional en tecnología aplicada a la justicia.
• Impulsar reformas tendientes al fortalecimiento, mejora y eficacia de la Defensoría Pública, en los ámbitos Federal y Local, mediante una Ley general en la materia; conformar órganos con procesos homologados, enfoque diferenciado en atención a víctimas, con personal suficiente y especializado y sin que dependa del Poder Judicial.

Ana María Ibarra (magistrada de circuito en materia administrativa):

• Justicia con equidad. Tratar igual a los desiguales, es profundizar la injusticia. Separar el poder del dinero de la justicia. Eliminar normas y prácticas discriminatorias que perpetúan prejuicios de género, raciales o socioeconómicos.
• Justicia con sentido social. La sociedad no puede ir por un lado, y el derecho por otro, por eso la Corte debe ser el motor de cambio social. Erradicar los obstáculos procesales en el amparo que solo retrasan la justicia. Abrir la Corte: sentencias claras, audiencias públicas y participación ciudadana serán clave. Porque la justicia debe servir al pueblo, no al revés.
• Justicia con responsabilidad institucional. La Corte debe ser puente, no muro: trabajar con otros poderes para proteger derechos sin crisis. Referente ético: sin privilegios, con transparencia y decisiones justas que sirvan al pueblo.

Loretta Ortiz (ministra de la SCJN):

• Sentencias sociales: Las resoluciones de la Suprema Corte deben tener un impacto social. Para ello, se impulsará un mecanismo que permita identificar y atraer asuntos que sean de especial importancia para el pueblo de México, y que versen sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así, se establecerán criterios que contribuyan al proyecto nacional de prosperidad y mejoramiento de las condiciones de vida de todas las personas, sobre todo de las históricamente desprotegidas.
• Justicia pública: La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la celebración de audiencias públicas ante la Corte, previo a la resolución del asunto correspondiente. Maximizar este derecho de participación social, desde la perspectiva del acceso a la justicia, la inclusión y la igualdad de trato. Esta participación es una parte fundamental de la democratización del Poder Judicial. Las personas tienen que ser escuchadas por la máxima autoridad judicial.
• Ministra al territorio: Esto implica salir del zócalo de la Ciudad de México para atender audiencias en distintos municipios y localidades del país, conforme a un plan de trabajo y calendarización. Esto contribuirá a la proximidad social y a la contextualización de las problemáticas locales. Además de escuchar a quienes son partes en los asuntos, se recibirá a organizaciones de la sociedad civil y a todo tipo de colectivos que tengan un interés concreto.

Los candidatos:

El próximo domingo, los electores deberán elegir a cuatro ministros en las boletas moradas, además de cinco ministras.

En los casi 60 días de campañas electorales, que concluyen este miércoles, los candidatos a este cargo han propuesto agilizar los procesos y tiempos de resolución, impulsar mayor transparencia de las sentencias, acercarse a los ciudadanos y hasta desahogar la "sobrecarga" en los juzgados penales.

Hugo Aguilar Ortiz (Coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas):

• Para una justicia congruente con la realidad, se debe impulsar una función jurisdiccional en territorio, incorporando visitas situ, el diálogo con las personas y la búsqueda de la situación efectivamente planteada, sin formalismos excesivos. Asimismo, se debe asumir una actitud abierta para aprender del otro, su especificidad, contexto y su realidad.
• Se debe tener presente el carácter terminal que tienen las resoluciones, así como el hecho de que nadie posee la verdad absoluta. En este sentido, se debe fortalecer un enfoque multidisciplinario, dando intervención a las instancias especializadas en todas las materias, ampliando y consolidando la figura de Amicus Curiae. Asimismo, se debe privilegiar el diálogo con las partes para examinar con mayor profundidad las controversias.
• Evitar que la función jurisdiccional sea obstáculo del cambio social. Se deberá estar atento al contexto nacional para la resolución de los temas centrales de la vida pública. Para ello, se debe privilegiar un diálogo republicano entre los poderes de la Unión, las entidades federativas, los municipios, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

César Mario Gutiérrez (Abogado penalista):

• Utilizar las herramientas tecnológicas como las plataformas electrónicas para agilizar los procesos y disputas, reduciendo la burocracia, optimizando los tiempos, para que la justicia sea más accesible para todas las personas.
• Procesos transparentes y con rendición de cuentas haciendo accesibles las resoluciones judiciales por los medios digitales, respetando en todo momento los datos sensibles y personales para que el ciudadano conozca el actuar de los miembros del Poder Judicial y de esa forma evitar posibles actos de corrupción.
• Despresurizar el Sistema de Justicia Penal, utilizando los medios alternativos de solución de conflictos como la negociación, mediación, conciliación, tal y como lo establece nuestra Constitución Política. Lo importante es dar solución a las víctimas, la reparación del daño y los intereses de los terceros perjudicados agilizando los procesos en esta materia y desahogando la sobrecarga que tienen los juzgados penales.

Irving Espinosa (Magistrado Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX):

• En materia de combate a la corrupción, garantizar el acceso a la información, principalmente de forma proactiva, para generar confianza en las personas a través de la atención efectiva, sencilla, pronta y clara de sus cuestionamientos. Rendir cuentas a la ciudadanía a través de los informes de labores. Colaborar y facilitar la actividad de las autoridades encargadas de investigar y sancionar los actos de corrupción que cometa el personal del Poder Judicial, incluidos los de la propia Corte.
• En materia de cultura de derechos humanos, establecer un programa de capacitación constante y permanente en la materia para todo el personal, de tal suerte que no solo le sirva para realizar la labor jurisdiccional sino para que le sea útil en su vida cotidiana; en el caso del personal jurisdiccional, difundir y profundizar en el estudio y aplicación de los diversos protocolos de actuación para quienes imparten justicia a fin de que todas las personas accedan a la justicia.
• Cercanía con la ciudadanía. Las oficinas de la Corte deben ser de puertas abiertas, para que ello ocurra no solo basta dar una orden, es necesario capacitar a todo el personal en la atención al público, de tal forma que cualquier persona que acuda sea atendida con dignidad y respeto. Eliminar el formalismo sin que ello implique perder calidad en el estudio y resolución de casos, incorporando el formato de lectura fácil. Usar las redes sociales como vías de comunicación directa con las personas.

Sergio Javier Molina (profesor de Derecho de la UNAM):

• Las personas reclaman que la justicia es inaccesible, especialmente quienes pertenecen a comunidades indígenas, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad o quienes no tienen recursos para pagar abogados. Eso no puede seguir así. La Suprema Corte tiene un papel clave para que la justicia llegue a todas y todos, sin distinción. El compromiso es asegurar que cada una de mis decisiones garantice los derechos sociales y elimine barreras que impiden que la gente acceda a la justicia.
• Las decisiones de la Suprema Corte han sido lejanas para el pueblo y no han contribuido a lograr la paz social. Parecían dictarse desde el escritorio, no conforme a la realidad. Esto afecta nuestra vida: cuando acudes al médico, cuando trabajas o estudias, cuando denuncias un delito o cuando exiges que se respeten tus derechos. La justicia debe escuchar al pueblo. Mi compromiso es atender a todos los sectores de la sociedad para que puedan opinar y participar en lograr una mejor justicia.
• La justicia debe ser efectiva, clara y "desformalizada" para todas las personas. En México, tenemos la sensación que es lenta, complicada y difícil de alcanzar. Existen quienes esperan años para que se resuelva su caso, mientras que otros logran resoluciones en semanas, solo porque tienen dinero o contactos. Eso no es justicia. Mi compromiso es trabajar para que la Corte garantice una justicia rápida, accesible y clara. Debe dejar de ser un privilegio y estar al alcance de todas y todos.

¿Cuándo son las elecciones?

El domingo 1 de junio, de las 8:00 a las 18:00 horas.

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¿Qué cargos se juegan en 2025?

En total se elegirán 881 cargos judiciales federales.

• 9 Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
• 2 Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
• 15 Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral.
• 5 Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
• 464 Magistraturas de Circuito.
• 386 Juezas y Jueces de Distrito.