Gobierno busca reforzar policías municipales, empieza por "limpieza"

Limpieza institucional

Uno de los casos más representativos de "limpieza" policial se registró en diciembre pasado en Comitán, Chiapas, donde 92 policías municipales fueron detenidos por su presunta responsabilidad en delitos como ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa.

En octubre, el gobierno municipal de Celaya, Guanajuato, despidió a 322 policías municipales, incluidos más de 100 exagentes de la extinta Policía Federal, ante la pérdida de confianza ciudadana y denuncias por corrupción y abuso.

Acciones similares se replicaron en el Estado de México, donde mediante la “Operación Enjambre” se detuvo a 24 servidores públicos municipales, entre ellos comisarios, mandos y elementos de seguridad de 12 municipios, por presuntos vínculos con delincuentes.

Recientemente, las policías municipales de Teuchitlán y Tala, en Jalisco, fueron puestas bajo investigación por su presunta colaboración con grupos delictivos que operaban un centro de adiestramiento criminal en el rancho Izaguirre.

Estas intervenciones forman parte de un esfuerzo conjunto entre autoridades estatales y federales para "limpiar" a las corporaciones locales y devolver la seguridad a los territorios.

En muchos casos, las fuerzas municipales han sido reemplazadas temporalmente por elementos de la Guardia Nacional mientras se reorganizan las policías locales.

La presidenta Sheinbaum ha respaldado estas acciones, siempre y cuando que se realicen “en el marco de la ley”.

"Planteo el fortalecimiento de la Guardia Nacional, pero lo mismo en los estados, es el fortalecimiento de las policías estatales y también de las policías municipales. Lo primero, evidentemente, es evitar cualquier colusión de cualquier fuerza con el crimen", expresó Sheinbaum el pasado 10 de diciembre.

"Pero, así como nosotros estamos dedicando recursos y acción para fortalecer la Guardia (...) de igual manera tenemos que fortalecer las policías (locales)", agregó la mandataria en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En febrero de este año, durante la Primera Asamblea Plenaria Extraordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también hizo un llamado a los municipios para que asuman un rol más activo en la prevención del delito y la justicia cívica.

Crisis estructural y abandono institucional

Para Nancy Angélica Canjura Luna, vocera de la organización Causa en Común, y Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, estas depuraciones de policías municipales son el reflejo de una crisis generalizada causada por un abandono que se acentuó por la apuesta del gobierno federal hacia la militarización de la seguridad.

“El hecho de que desaparezca completamente una policía municipal habla ya de una situación de crisis severa”, advierte Canjura.

“Las policías municipales son las instituciones con las condiciones laborales más precarias del sistema de seguridad en el país”, alerta Vargas.

Vargas considera que es prácticamente inviable esperar que las corporaciones locales estas funcionen como primer "dique" de contención frente al crimen.

“No se pueden construir carreras policiales de largo plazo ni formar policías comprometidos si no están garantizados estos elementos mínimos de bienestar laboral”, observa.

Canjura coincide en que se debe atender con urgencia las necesidades básicas del personal operativo.

El diagnóstico

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 señala que, al cierre del año pasado se contaba con 128,745 policías estatales y 162,427 elementos del orden municipal en todo el país.

"La cantidad de elementos y la tasa de policías por mil habitantes varían significativamente entre las 32 entidades federativas, lo que evidencia que en la mayoría de los casos existe un déficit de personal policial y la necesidad de fortalecer a las corporaciones", señala el documento.

El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 2025-2030 remarca que es indispensable que los gobiernos municipales modifiquen su política criminal con base en diagnósticos de problemas de seguridad locales.

"Y, derivado de ello, implanten un modelo policial que permita enfrentar el problema de criminalidad en la ciudad con mayor efectividad, orientándose a la solución de problemas específicos de seguridad", indica.

"El Gobierno Municipal deberá seguir en materia de seguridad pública proponiendo no una aspiración idónea, sino una serie de metas claras, medibles, y perfectamente alcanzables".

Modelo propuesto por la Federación:

• Policía de Proximidad. Es urgente ue la policía asuma un rol proactivo y mucho más estratégico para contener, prevenir y reducir los problemas de seguridad y de convivencia, el Modelo incorpora al modelo de policía de proximidad, el enfoque de policía orientada a la solución de problemas de seguridad.
• Vigilancia y Patrullaje Estratégico. Deben establecerse sectores operacionales para el trabajo policial (cuadrantes), estableciendo áreas acotadas de responsabilidad para mejorar la supervisión y la cobertura. La unidad básica de patrullaje deberá ser el cuadrante, cuya extensión deberá permitir que los policías adscritos al mismo puedan desplazarse de un extremo a otro en un tiempo máximo de 5 minutos, a fin de responder a los llamados de emergencia.
• Atención a víctimas. Este eje estratégico consiste en la atención a la víctima acercando los servicios psicológicos, jurídicos, médicos y de trabajo social por medio de estaciones móviles y fijas de policía. Esto implica la construcción o adaptación de espacios físicos para la atención a las víctimas del delito, que generen un entorno de confianza y atención en el que se facilite la interacción entre ciudadano y autoridad.
• Recepción de denuncias. Es indispensable habilitar mecanismos de recepción de denuncia por parte de la policía municipal a través de las estaciones fijas y móviles de policía. Esto implica la creación y adopción de un formato de denuncia, acordado con la Fiscalía, para el registro de los delitos que las víctimas reporten a la Policía Municipal.
• Sistema de estaciones de policía. Como un factor de proximidad y un facilitador de la operatividad, se deberá establecer un sistema de estaciones de policía. Dichas instalaciones tienen como principal objetivo la atención al público, por lo que sus características físicas deberán reflejar apertura y accesibilidad.

Militarización y falta de voluntad política: obstáculos persistentes

Nancy Angélica Canjura Luna y Armando Vargas también coinciden en que revertir la "militarización" de la seguridad pública es clave para rescatar a las policías municipales.

“Si queremos atender un problema estructural como es la precariedad laboral de las policías debe de revertirse la militarización que hoy tiene en el centro a los militares como actores protagónicos de la seguridad pública y colocar ahí a las policías municipales”, apunta Vargas.

El experto reconoce que, si bien la presidenta Sheinbaum ha manifestado su intención de fortalecer a los cuerpos civiles, hay grandes limitaciones para desmontar el modelo heredado por el sexenio anterior.

“La militarización en nuestro país ni siquiera es una política pública, es una política de Estado. Está establecida en la Constitución y por más que la presidenta tenga una visión de corte más civil, tiene poco o nulo espacio para revertirla”, explica.

Otro factor clave para fortalecer a las policías locales, señalan los especialistas en seguridad, es la voluntad política, pues a su consideración sigue siendo limitada, especialmente a nivel municipal.

Canjura subraya que la mayoría de los municipios no tiene ni siquiera un interés genuino en generar recursos que permitan operar una policía funcional.

“Son instituciones que dependen presupuestalmente de los municipios y eso en sí mismo ya representa una vulnerabilidad”, advierte.

"La dependencia creciente (hacia) la Guardia Nacional si bien puede ser útil en contextos críticos no es sostenible a largo plazo. En muchos casos, las policías terminan prácticamente subordinadas a la Guardia, lo que se vuelve una respuesta temporal ante contingencias graves”.

En el mismo sentido, Vargas lamenta que no haya incentivos claros para que los gobiernos locales fortalezcan sus cuerpos policiales.

“En el ámbito local hay muchas debilidades institucionales para obtener recursos financieros y también hay muchísima falta de voluntad política para incrementar, por ejemplo, la recaudación y financiar condiciones laborales”, señala.

Además, resalta que a nivel federal las leyes actuales tampoco definen con claridad quién debe asumir el costo de mejorar las condiciones laborales.

“La ley federal debería ser muy clara sobre cuáles son los mecanismos de financiamiento destinados no solo para equipamiento y profesionalización, sino sobre todo para mejorar las condiciones laborales”, plantea.La dependencia creciente de la Guardia Nacional, si bien puede ser útil en contextos críticos, no es sostenible a largo plazo, advirtió la vocera de Causa en Común.

“En muchos casos, las policías terminan prácticamente subordinadas a la Guardia Nacional, lo que se vuelve una respuesta temporal ante contingencias graves”, explicó Canjura.

Ambos analistas estiman que lo urgente es avanzar hacia una recuperación institucional de las policías locales, con un compromiso político real, mecanismos legales claros de financiamiento, y una visión de seguridad pública centrada en cuerpos civiles, profesionales y dignificados.

"No se pueden construir carreras policiales de largo plazo y tampoco formar a policías comprometidos con la corporación y con la población misma, si no están garantizados estos elementos mínimos de bienestar laboral, es muy difícil que la coordinación y la colaboración que se plantea desde la federación pueda ser funcional o eficaz", apunta Vargas.