Trabajadores de Mejoredu:"Vivimos con el terror si sale el decreto de extinción"

Pavel Servín lo dudó al principio: “No creí que fuera a pasar porque somos un organismo que creó la 4T. O sea, no somos neoliberales”, señala. Pero el hecho de que Mejoredu fuera un proyecto de López Obrador no detuvo la embestida.

El decreto de la modificación se publicó en diciembre, ya en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con mandatos claros: extinguir los organismos a más tardar el 20 de marzo de 2025 y prescindir del personal con respeto a sus derechos laborales o incorporarlo a otras dependencias.

En Mejoredu nada de esto se ha cumplido. El Ejecutivo federal – el encargado de publicar el decreto de extinción – no lo ha hecho y los funcionarios aún acuden todos los días, en los mismos horarios, a trabajar a las oficinas de Barranca del Muerto 341, en la Ciudad de México.

“Ahí empieza el terror psicológico, esta incertidumbre de ver si llegamos a la próxima quincena o si cualquier mañana sale el decreto de extinción y adiós, Comisión; adiós, personal, y adiós indemnizaciones”, dice Pavel Servín.

Exigen respuestas a SEP y Presidencia

Los trabajadores optaron por la movilización ante el silencio del gobierno respecto a su destino laboral. Han protestado nueve veces, tanto en Mejoredu y en la Secretaría de Educación Pública (SEP) como en la Secretaría Anticorrupción. También enviaron dos cartas a la presidenta Sheinbaum. No hay respuestas claras.

El 21 de marzo un grupo de trabajadores acudió a la SEP a demandar certeza laboral, liquidación justa, incorporación a la dependencia y transparencia sobre el proceso de extinción, pero solo los recibió personal jurídico.

El 23 de marzo, la Junta Directiva de Mejoredu publicó una carta en redes sociales pidiendo diálogo. En ella, la comisionada presidenta Silvia Valle Tépatl señaló que era necesario establecer una comunicación directa "para dar certeza a las y los trabajadores de nuestra institución sobre el futuro de su relación laboral conforme a derecho".

El secretario de Educación Mario Delgado se reunió con los directivos de Mejoredu, no así con los trabajadores.

Los trabajadores tuvieron dos mesas de trabajo con Ernesto Cabrera Brugada, funcionario de la SEP de Seguimiento a Instrucciones Presidenciales y sobrino de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

De acuerdo con el relato de Pavel, actual vocero de los trabajadores de Mejoredu, en esas reuniones se les dijo que la SEP evaluaba tres posibles escenarios para indemnizarlos, pero que la Secretaría de Hacienda debe aprobar la medida económica compensatoria.

Acordaron una nueva reunión el 30 de abril y no se llevó a cabo. Ese día protestó otro grupo de personas afuera de la SEP y la secretaría cerró sus puertas. “Nos comentan que están esperando instrucciones del secretario de Educación para poder continuar la mesa. A la fecha, no ha habido información”, señala Pavel.

En la incertidumbre

Los trabajadores viven con la preocupación constante de perder su empleo y no recibir una liquidación justa. ¿Y la hipoteca, la escuela de los hijos, el ingreso de la familia?

"Es la incertidumbre que todos tenemos y la preocupación por nuestras familias. La mayoría somos mujeres, cabezas de familia, y tomar estas decisiones nos tiene en angustia”, comparte Dayra Guzmán, otra empleada de Mejoredu.

Ella es madre autónoma de un adolescente de 16 años y una niña de 9 años. Ha recortado gastos mensuales de su hogar para ahorrar lo más que pueda mientras se resuelve la extinción de Mejoredu. Lo decidió así por la primera respuesta que asegura les dio el abogado de la SEP.

“Nos decía que no nos correspondía nada porque somos personal de confianza, que no teníamos ningún derecho laboral. Incluso nos mencionaba: ‘Tendrían que agarrar sus cositas e irse con las manos así’”, cuenta.

Pavel apoya económicamente a su madre de 68 años y a su abuela, de 94. Dice que la preocupación y el estrés ha llevado a algunos de sus compañeros a renunciar. Eran 530 trabajadores y calcula que quedan unos 510.

A Juan Bosco Mendoza, otro trabajador de Mejoredu, también le preocupa la situación por su familia, sobre todo porque su esposa ha tenido problemas de salud.

“Al quedarme sin empleo, que es algo que viene inminente, ya no tendría acceso al ISSSTE. ¿Una incapacidad? Ya no tendría acceso a la incapacidad. El ahorro Afore para los trabajadores del Estado está muy ligado a formar parte del ISSSTE. También hay incertidumbre de qué va a pasar con ese fondo”, menciona.

Impacto en evaluación educativa

Desde 2024, la Comisión tuvo una reducción presupuestal considerable. Con el proceso de extinción en puerta, no cuenta con gasto para todo 2025. Sin embargo, como no ha desaparecido, la falta de recursos ya afecta su operación.

Juan asegura que no hay dinero para viáticos, así que no han podido hacer visitas a las escuelas de distintos estados para probar los instrumentos de evaluación de aprendizajes que cada año aplican a los alumnos. Tampoco han entregado materiales en los planteles que participan en una muestra para obtener datos educativos representativos.

“No hemos tenido noticia de si va a ser posible dar este apoyo a las escuelas o no”, apunta. “Hasta el tóner de las impresoras de uso interno está muy limitado”, señala.

Para los trabajadores, la desaparición de Mejoredu también traerá consecuencias negativas al sector educativo, debido a que ya no habrá ninguna institución que realice evaluaciones nacionales y vigile la infraestructura escolar. Incluso está pendiente la publicación de los resultados de la evaluación diagnóstica 2024.

“Se va a perder todo el diagnóstico que se hacía de las condiciones de las escuelas, de los materiales educativos, como los libros de texto y los planes de estudio. Esa información va a quedar en repositorio pero ya no se le va a poder dar continuidad”, lamenta Juan.

Mejoredu era el último organismo que realizaba evaluaciones sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes de educación básica, después de que la administración de López Obrador eliminara el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), creado como organismo descentralizado en el gobierno de Vicente Fox y que con la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto adquirió autonomía.

De acuerdo con lo aprobado, las funciones de Mejoredu se trasladarán a la Secretaría de Educación Pública. Hasta el momento no se ha informado de este proceso ante la falta del decreto de extinción.

Las complicaciones para extinguir Mejoredu

La reforma que desaparece a Mejoredu y otros seis organismos públicos parte de supuestos equivocados, consideran los trabajadores. A grandes rasgos, los argumentos de la enmienda son:

• Eliminar organismos que supuestamente duplican funciones de secretarías de Estado.
• Simplificar la Administración Pública Federal para generar un ahorro en el presupuesto público.
• Desaparecer órganos autónomos que operan con un gasto público oneroso.

Mejoredu no cumple esos requisitos. No es un organismo autónomo ni tiene un gran presupuesto público. Se creó en el primer año de gobierno de López Obrador como un órgano descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en sustitución del INEE. Siempre operó con la mitad del presupuesto de ese instituto.

Se encarga de las evaluaciones educativas diagnósticas, la revisión de los planes de estudios y el diseño de metodologías para que los docentes mejoren su práctica, funciones que no realiza la SEP.

Ser un órgano descentralizado de la SEP ha complicado su extinción. El Congreso debía publicar en marzo las leyes secundarias que concretan la eliminación de los siete organismos y, posteriormente, el Ejecutivo publicaría los decretos individuales de extinción. Esa legislación no está lista.

Dos meses después del plazo fijado, solo ha desaparecido el Instituto Nacional de Transparencia tras la emisión de una nueva ley en la materia. Los organismos restantes siguen en vías de extinción.

En el caso de Mejoredu, aunque se derogó el artículo de la Constitución que le daba vida, aún existe en la Ley General de Educación y en la legislación de la carrera magisterial, por lo que se requiere la armonización de estas leyes para acabar con el organismo.

Los trabajadores consideran que esta tardanza alarga su agonía y tampoco garantiza que al final las cosas se resuelvan a su favor.

“Estamos desesperados, desanimados”, indica Dayra. “Pero yo confío en las palabras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho sobre que no se van a violentar nuestros derechos como servidores públicos”, afirma.