A ocho años de la reforma que permitió el uso medicinal de la cannabis en México, los pacientes que necesitan estos tratamientos todavía no pueden acceder a ellos de manera directa a través de las instituciones públicas de salud.
Hasta marzo de 2025, solo dos familias habían logrado obtener ese tipo de fármacos para sus hijos enfermos. Lo consiguieron tras imponer amparos y dar una larga batalla judicial.
Aunque la enmienda legal permite comercializar e importar productos derivados de la planta, ningún fármaco ha sido aprobado para venderse legalmente en el mercado mexicano.
Por tanto, los pacientes solo pueden acceder a permisos para importar los medicamentos. Pero de 2017 a abril de 2024, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entregó solo seis autorizaciones.
Además, estos permisos no resultan viables para muchas familias, pues no tienen posibilidades de costear los gastos -ni los trámites- para importar cada mes los medicamentos con cannabis.
Al menos otros 20 pacientes han tramitado amparos y están en espera de ganarlos para acceder a estos tratamientos.
La reforma sobre cannabis medicinal, que se aprobó en 2017, pero entró en vigor años después por la falta de un reglamento, fue un hito en México, ya que abría la puerta a que pacientes con enfermedades que no responden a los tratamientos habituales encontraran otra opción terapéutica.
El cambio a la Ley General de Salud reconoce las propiedades médicas de la marihuana y su uso en pacientes con epilepsia refractaria. Sin embargo, la nueva normatividad no facilitó las cosas para que el hijo de Margarita Garfias accediera a medicamentos con cannabis.
Primero, porque la Cofepris tardó un año en publicar los lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis, pero en 2019 fueron revocados porque la autoridad consideró que contravenían la reforma de 2017 "por haber excedido su propósito al autorizar la comercialización de diversos productos con derivado de la cannabis (THC) en usos distintos a los médicos y científicos".
Fue hasta 2021 cuando la Secretaría de Salud publicó el reglamento para el uso medicinal de la cannabis y derivados farmacológicos y Margarita se topó con reglas que obstaculizan que estos medicamentos estén disponibles en los hospitales.
Para entonces, ella ya había interpuesto un amparo en 2019 para que su hijo Carlos, entonces de 15 años, quien vive con epilepsia refractaria, tuviera acceso a medicamentos cannábicos.
El amparo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el máximo tribunal ordenó en 2021 que el IMSS, donde Carlos es derechohabiente, entregara el tratamiento derivado de marihuana.
Para cumplir con la sentencia del juez, el IMSS asignó un hospital donde Carlos recibiera atención médica y creó un Comité Interinstitucional para evaluar y seleccionar el tratamiento.
Sin embargo, los doctores, sin experiencia en medicina cannábica, intentaron prescribir al joven aceites con cannabinoides sintéticos.
“Me ofrecieron desde aceites que puedes comprar en el metro, hasta preparados improvisados que ni siquiera tenían evidencia de contenido, evidencia de calidad, evidencia de uso probado en humanos", dice Margarita a Expansión Política.
Ella se rehúso a aceptar esos productos y poner en riesgo la salud de su hijo. Además, el Comité nunca evaluó a Carlos de manera presencial, señala, solo a través de videollamadas y sin dar seguimiento a su expediente clínico.
Pero Margarita, que se ha convertido en una activista reconocida por los derechos de las personas con discapacidad múltiple y sus cuidadoras, emprendió una tarea de investigación importante a fin de dar con medicamentos regulados y seguros.
Encontró uno aprobado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (IMVI), la autoridad sanitaria de Colombia, homóloga de Cofepris, y pidió que el IMSS lo importara.
En un principio, el Instituto se negó argumentando que no podía traerlo de otro país. Sin embargo, Margarita demostró que es un fármaco viable para epilepsia refractaria y que su uso es seguro en humanos, pues cuenta con registro sanitario y evidencia clínica y médica.
Se dieron cuenta que este medicamento era una opción viable, pero tuvieron que pasar cuántos años”,
El 13 de marzo de 2025, el Seguro Social entregó el primer medicamento a Carlos, que actualmente tiene 21 años. A la fecha, solo él y otro niño, José Luis, acceden a este fármaco.
José Luis también tiene epilepsia refractaria y su familia consiguió que el Hospital del Niño Morelense reembolse el costo del fármaco que ellos adquieren.
A decir de María Fernanda Arboleda, especialista en medicina del dolor y medicamentos derivados de cannabis, la sentencia de la Suprema Corte también reconoció el alcance terapéutico del CBD, la sustancia no psicotrópica derivada de la marihuana.
Además, la resolución alcanzó un efecto general, es decir, aunque se dictó directamente para el caso de Carlos, beneficia a todos los pacientes que requieren de medicamentos a base de cannabis porque ordenó la emisión de un reglamento para que todos los pacientes accedan a ellos.
Pero a la fecha no hay cambios importantes en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis.
Solo permite a los médicos tramitar permisos para obtener recetarios especiales con los cuales prescribir medicamentos cannábicos. Las reglas también indican que los pasajeros en vuelos internacionales pueden viajar con estos fármacos siempre y cuando tengan una receta médica.
Sin embargo, hasta 2024, la Cofepris declaró que no tenía registro de cuántos recetarios de este tipo había aprobado.
“A pesar de tener una modificación a la Ley General de Salud, que viene de 2017, un reglamento de cannabis que viene de 2021, todavía en nuestro país no hay medicamentos de cannabis”, lamenta la experta.
Mientras los permisos para cannabis medicinal son muy pocos, son más las autorizaciones para uso lúdico, ganadas también a través de amparos.
Estos obstáculos han impedido que el acceso a fármacos derivados de la marihuana sea una realidad en México y ha generado un mercado negro de estos productos, afirma.
También ha llevado a varias familias y cuidadoras a cultivar su planta y crear sus propios tratamientos, basados en las fórmulas de los aprobados en otros países. Sin embargo, no se la logrado que Cofepris regule todos los productos de cannabis medicinal y que se abra un mercado legal en el país.
“Tenemos todavía un mercado negro que, a final de cuentas, no nos está dando medicamentos y ni siquiera está regulando los productos que, le llamen como le llamen, suplementos, complementos, no tienen una regulación por parte de Cofepris”, advierte.
A pesar de su larga batalla para acceder a este tipo de productos, Margarita celebra que su hijo por fin tenga acceso a medicamentos cannábicos.
Su lucha la ha llevado a fundar y coordinar la organización Familias y Retos Extraordinarios, y alista una campaña para ayudar a más pacientes que necesitan estos tratamientos a tramitar amparos.
"Al lograr que a través de esta sentencia el IMSS importe (por medio) de un tercero un medicamento de cannabis, se abre la posibilidad para que todo aquel paciente que lo requiera lo pueda solicitar vía amparo. Nos llevó ocho años, pero ya se está haciendo”, destaca.
