Entre 2018 y 2024, el gobierno federal invirtió 134,645 millones de pesos en Jóvenes Construyendo el Futuro, la principal estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador para la juventud que no estudia ni trabaja.
Sin embargo, el programa todavía arrastra fallas y no ha logrado alcanzar la meta central de que sus beneficiarios encuentren un empleo o se mantengan en los centros de trabajo donde son capacitados.
Una evaluación de la Secretaría de Hacienda a este programa concluye que sus resultados alcanzan un nivel “medio-bajo”. Otros organismos también han detectado fallas en su operación y han hecho recomendaciones, como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Este 2025, el Senado aprobó incluir el programa en la Constitución para garantizar la entrega de un apoyo económico, equivalente a un salario mínimo, a jóvenes de 18 a 29 años que están fuera de la escuela y del sistema laboral, a cambio de que se capaciten durante 12 meses en algún centro de trabajo vinculado al programa.
Organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos de la juventud han explicado que esta transferencia monetaria puede ayudar a cerrar las brechas y desigualdades que enfrentan varios jóvenes en México, pero para ello es necesario mejorar su diseño, alcance y rendición de cuentas.
Este programa prioritario de López Obrador comenzó a operar en 2019. Aquel año se le aprobó un presupuesto de 40,000 millones de pesos, pero al final del ejercicio fiscal solo se ejerció un monto de 23,915 millones de pesos. Desde entonces, su presupuesto oscila anualmente entre 20 y 24 mil millones.
Para 2025 tiene un monto aprobado de 24,205 millones de pesos. Esta cantidad es mayor al presupuesto destinado al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), organismo de la Secretaría de Salud encargado del programa de vacunación. También supera el gasto aprobado para 16 hospitales federales e institutos nacionales de salud.
Sin embargo, las evaluaciones del programa documentan que no está bien focalizado debido a que no llega a comunidades marginadas o con altos índices de violencia, aunque otro de sus objetivos es prevenir la participación de la juventud en “conductas antisociales”.
Las organizaciones Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y Youthbuild han realizado investigaciones sobre la situación de la juventud y en ellas han analizado el programa. Su informe de 2024 reveló que Jóvenes Construyendo el Futuro tiene menor presencia en las ciudades y zonas metropolitanas, pese a que son las regiones con más jóvenes fuera de la escuela o sin empleo.
Mientras que su estudio de 2025 señala que no existe una definición clara de la población objetivo ni del método de selección de los beneficiarios. Según informes de la ASF, una parte importante de los beneficiarios corresponde a participantes dentro de las dependencias públicas.
La Auditoría reveló que en 2019 se pagaron apoyos a trabajadores de dependencias públicas, del sector privado y hasta a tutores y representantes del propio programa que se inscribieron como beneficiarios aunque las reglas lo prohíben. Los funcionarios públicos repitieron este esquema en 2023, a pesar de las observaciones previas de la ASF.
Otra evaluación del Coneval expone que en 2021 solo tres de cada 10 aprendices egresados concluyeron su capacitación y declararon haber adquirido su “primera experiencia en una actividad productiva”.
En 2024, solo 15% alcanzó esos logros. Sin embargo, la meta de ese año era que 47% concluyera la capacitación, aunque posteriormente el objetivo se ajustó a la baja, con 10% de meta.
El informe Tercer Reporte de Jóvenes Oportunidad, publicado este año por Youthbuild, detalla las limitaciones del programa: no se enfoca en jóvenes con mayores dificultades para conseguir empleo y tampoco ofrece opciones de cuidado para las mujeres madres o que están a cargo de trabajo doméstico y de cuidado.
No garantiza una real capacitación para el trabajo y no conecta a jóvenes con ofertas de trabajo disponibles”.
El reporte agrega que no existen informes públicos sobre el proceso y los resultados de capacitación que atraviesan los aprendices, ni sobre su vinculación formal con centros de trabajo tras dejar de recibir la transferencia monetaria.
