La auditoría se aplicará a los seis partidos: Morena, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM), además de Movimiento Ciudadano, que en conjunto presentaron saldos pendientes por pagar, en algunos casos desde 2012, por 249.1 millones de pesos.
Aunque las sanciones que se propusieron por esa conducta en 308.2 millones de pesos, estas se aplicarían tras la auditoría, de persistir las anomalías.
De todos los partidos destaca el de Morena, mismo que presentó un escrito del SAT en el que se indica que ese partido ya pagó sus impuestos, sin embargo por mayoría de siete consejeros contra cuatro, se decidió incluir a ese partido en la auditoría.
Esto porque, explicó la consejera presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey, “impuestos no solamente no son todas las obligaciones fiscales, también hay en materia, por ejemplo, de seguridad social”.
En ese tema, “el SAT ahí tampoco tendría la última palabra en determinar cuántos impuestos o no se deben, porque también hay contribuciones de otra naturaleza que el SAT no es la autoridad competente para determinar”, y así lo indica el mismo escrito presentado por Morena.
Además evidenció que en el escrito, presentado por el consejero del Poder Legislativo y representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y suscrito por el SAT, el mismo organismo establece que si bien se acredita el pago de obligaciones fiscales, hay otras autoridades en la materia.
El INE informó que tendrá reuniones próximas con el SAT para establecer los términos de la revisión y poder coordinarse.
En la auditoría los partidos deberán presentar la documentación que consideren adecuada para la debida comprobación de los pagos realizados, realizar las modificaciones pertinentes en las contabilidades respectivas, así como en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), para que de ser el caso, se impongan las sanciones respectivas en el momento procesal oportuno.
En la sesión se impusieron multas por 358.7 millones de pesos a fuerzas políticas nacionales y 38.2 millones a partidos locales.
Entre el debate, la discusión y la votación, las sanciones se redujeron en 192 millones de pesos, debido a que irregularidades que eran consideradas graves, se acordó que no lo eran, pues se tomó como falta de comprobación de gastos cuando en realidad sí se reportaron comprobantes fiscales, pero deberán analizarse.
De las multas globales originalmente propuestas, expuso la consejera Humphrey, el 61% era por irregularidades como egresos no reportados gastos sin comprobar o erogaciones con recursos públicos sin objeto partidista.
Otras anomalías que ameritaban el 28% de las sanciones fueron no aplicar gasto a actividades específicas que por ley deben realizar los partidos como son promover la participación política de las mujeres, tareas de capacitación, editoriales o de investigación política, no realizar operaciones en tiempo real o egresos sin destino conocido.
De manera particular, las consejeras Humphrey, Claudia Zavala y Dania Ravel señalaron que casi todos los partidos fallaron en destinar 18.3 millones de pesos para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
