Comité Evaluador Judicial mantiene suspensión; pide a Corte resolver

El miércoles 22 de enero, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió por mayoría ordenar a ese Comité reiniciar labores, mismas que había decidido suspender el 7 y 9 de enero tras recibir la orden de juez Sergio Santamaría Chamú, del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, quien decidió esa medida cautelar como parte del análisis del amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUDEF) en contra de reformas a leyes secundarias en materia judicial.

El Tribunal Electoral se ha sostenido en el criterio de que es improcedente el amparo en materia electoral, que constitucionalmente no procede suspender un proceso electoral como lo es el judicial, y que es esa Sala Superior del Tribunal es la máxima autoridad en materia electoral.

Sin embargo tanto el juez de Michoacán, como la jueza sexta de Distrito en Materia Administrativa con sede en Zapopan, Jalisco, María Gabriela Ruiz Márquez, han emitido medidas de suspensión -ésta última suspensión definitiva, no sólo provisional- amparados en que los juzgados son los órganos de control constitucional competentes en materia de amparo, como los que han recibido y analizan en el ámbito de sus propias responsabilidades, dado que están de por medio no sólo temas electorales sino derechos humanos, laborales y otros, y es el amparo el medio idóneo para resolver.

Sin embargo en su sesión del miércoles, la mayoría de los magistrados del TEPJF decidió no acatar la “solicitud inhibitoria” hecha por ese juez Santamaría para que la Sala Superior se abstuviera de conocer un paquete de juicios ciudadanos interpuestos precisamente para acusar la indebida suspensión de labores del Comité Evaluador del Poder Judicial, mismo que deberá remitir al Senado listas de candidatos a más tardar el 12 de febrero.

Los magistrados del TEPJF, a su vez, decidieron, además de que el Comité evaluador del Poder Judicial reanudara sus tareas, denunciar al juez ante la Fiscalía General de la República (FGR) por haberse excedido en sus funciones al pretender que esa Sala Superior, máxima autoridad electoral, se sometiera a su jurisdicción y dejara de atender juicios ciudadanos.

Ahora, con el fin de que la SCJN resuelva en definitiva ese conflicto competencial, el Comité de Evaluación del Poder Judicial interpuso el recurso hoy, horas antes de que se cumpliera el plazo de 24 horas que le impuso ayer la Sala Superior, y en la que los evaluadores fueron apercibidos de que procedería una sanción en caso de incumplimiento.

De acuerdo a la Ley, esta podría ser un apercibimiento; amonestación; multa de 50 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o el doble en caso de reincidencia, así como en caso extremo e auxilio de la fuerza pública y arresto.

La indefinición sobre la validez de la reforma judicial y la elección de cargos judiciales se sostiene, dado que en octubre la SCJN conoció las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de esas enmiendas, pero sólo desestimó el proyecto de sentencia que le fue presentado y, dado que no se alcanzarían los ocho votos necesarios para declarar la invalidez parcial de la reforma constitucional, no abordó ese asunto de fondo.

Por eso, en los hechos la reforma sigue vigente, aunque jueces, tribunales colegiados, TEPJF e Instituto Nacional Electoral (INE) han sostenido criterios encontrados.

Así, por diversas vías se ha pedido a la Corte que ejerza su facultad para concentrar los juicios de amparo indirectos promovidos contra la reforma, que resuelva eso de forma prioritaria y que defina el criterio a prevalecer ante las contradicciones.

Imponen multas

En tanto, el mismo juez Santamaría Chamú, quien también había ordenado suspender tareas a los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, decidió multar a los integrantes de esas instancias, quienes siguen adelante con la etapa de entrevistas para definir a los candidatos a cargos judiciales.

Por desacatar la suspensión ordenada el pasado 20 de diciembre en el marco del análisis de un juicio de amparo, el juez determinó imponer una multa de 107 mil 579 pesos a los evaluadores.

Además de esa sanción también están las que han sido impuestas a los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes han sido multados como reincidentes, por seguir avante con la organización de la elección judicial.

En este caso ha sido el juez Francisco Javier García Contreras, titular del segundo distrito con sede en Colima, quien ha ordenado al Instituto suspender las tareas desde noviembre sin que se haya acatado su orden.

Hasta fines de diciembre cada uno de los consejeros ya acumulaba tres multas por un total de 162 855 pesos cada uno (el monto de cada multa por 54, 285 pesos). También han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el desacato.

También el juez Santamaría Chamú ha emitido órdenes de suspensión del proceso a los consejeros del INE.