Al tener mayoría en el Poder Legislativo, Morena y aliados han aprobado en el primer periodo ordinario de sesiones alrededor de 20 reformas, las cuales se caracterizaron por procesos “apresurados, carentes de liberaciones amplias”.
“Ha sido una práctica habitual que las sesiones son convocadas a altas horas de la noche y, en ocasiones, cambios fundamentales son aprobados de madrugada con menor atención de los medios de comunicación y de las y los legisladores presentes”, plantea el reporte.
Y advierte que estas prácticas podrían continuar en 2025, con una agenda legislativa que incorporará propuestas de leyes secundarias y reformas constitucionales como la electoral o la que reduce la jornada laboral a 40 horas a la semana.
5. Relación bilateral México-Estados Unidos
La llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos implicará presiones para México en ámbitos como el comercial, seguridad y migración.
A su segundo periodo, Trump no solo llega con más fuerza también con amenazas, y con un equipo, cuyos algunos integrantes son antiinmigrante o críticos de México, como Marco Rubio o Tom Homan.
“Con base en la retórica de campaña de Donald Trump y en amenazas recientes dirigidas a México y a otros países se espera la imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos, haciendo del comercio internacional uno de los principales ejes de su política exterior. En el caso particular de México, la imposición de aranceles, que sería violatoria del TMEC, será utilizada como moneda de cambio en la demanda de mayores controles migratorios y mayores seguridades con respecto al tráfico de fentanilo”, se lee en el reporte.
Hay dos fechas clave en la revisión del T-MEC: octubre de 2025 cuando se inicie un proceso de consultas públicas con el sector privado y enero de 2026 cuando el representante del Comercio de Estados Unidos presente un reporte en el que se describan las recomendaciones del gobierno de Trump en torno al Tratado y su decisión sobre la posible extensión del acuerdo.
A esas condiciones, se suma la incertidumbre que prevalecerá en la independencia del Poder Judicial derivado de la reforma, lo que ha generado preocupaciones en la certeza jurídica para los negocios que operan en México y en la atracción de la inversión extranjera directa.
Un aspecto que no debe olvidarse es la posible deportación de miles de mexicanos, como lo ha planteado Trump.
“Se sabe que el gobierno mexicano se prepara para enfrentar este reto mediante la construcción de redes de apoyo consular robustas a través de la Cancillería. Sin embargo, si éstas no se acompañan de políticas públicas de gobernabilidad y el reforzamiento de la seguridad pública en la frontera, se pueden generar tensiones sociales y económicas en un panorama ya de por sí con finanzas públicas sumamente presionadas”, destaca el reporte.
6. Deterioro de la salud de las finanzas públicas.
En el que será el primer año completo de gobierno de Claudia Sheinbaum, las finanzas públicas enfrentan presiones significativas, ello luego de que en el Paquete Económico 2025 se propuso entre los objetivos reducir el déficit y la deuda pública, y se ha anunciado que no habrá reforma fiscal y se mantendrá el gasto social.
“Estas presiones se reflejan en recortes en sectores clave como la seguridad, la salud, la educación y el medio ambiente. Por otro lado, casi el 80% de los egresos proyectados se dirigirán al pago de pensiones, transferencias y deuda, lo que deja un margen reducido para la implementación de otras políticas públicas flexibles orientadas al cumplimiento de los objetivos de la administración de la presidenta Sheinbaum anunciados el 1 de octubre”, dice el reforme.
Para este año, el gobierno estimó un crecimiento económico "optimista" entre 2 y 3%, sin embargo, de no concretarse las estimaciones de ingresos del Gobierno Federal, se pueden esperar efectos negativos sobre el ahorro y el consumo.
A ello se suma, el gasto de inversión pública para 2025 que será de poco menos de 997,000 mdp, que equivale al 2.8% del PIB, con lo que se regresó a los niveles de 2019.
“Ello representa una cifra muy por debajo del recomendado de 5 por ciento por la OCDE, pero también insuficiente para la atracción de inversiones y el aprovechamiento de las oportunidades presentadas por el fenómeno de relocalización, o nearshoring”, indica el reporte.