En un plazo máximo de siete días a partir de la entrada en vigor del decreto de reforma, el INE quedará obligado a realizar su primera sesión para dar por iniciada la “etapa de preparación de la elección extraordinaria del año 2025”, sin leyes secundarias ni regulación propia emitida exprofeso.
La reforma al Poder Judicial ordena que por primera vez en el país los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al menos 800 –es decir la mitad- del total de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean electos mediante el voto directo de los ciudadanos, en proceso electoral a cargo del INE.
Por eso, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que comenzarán reuniones con las áreas técnicas del Instituto para determinar cómo organizar el proceso y planificarlo.
“Deberemos de estar listos, es un mandato constitucional. Si así sucede (se concreta la reforma), el INE no puede decir que no está listo; tendremos que buscar cómo estar listos porque es un mandato constitucional cuando nos llegue a nosotros ya la reforma para su implementación, así que encontraremos las rutas”, dijo Taddei en entrevista.
El INE realizará reuniones con las consejerías y las áreas técnicas del Instituto “para intentar delinear ahora sí la ruta que le tocará al INE”, mismo que está en fase de elaborar su anteproyecto de presupuesto de egresos para remitirlo a la Cámara de Diputados, y aprovechará para incluir los recursos proyectados para la elección judicial, planteó Taddei.
A pregunta expresa respecto a si se instalarán 170 mil casillas, como en elecciones federales, la consejera evadió: “esas y muchas otras más preguntas tenemos”.
El INE deberá emitir sus primeras decisiones rumbo a la organización de ese proceso, aunque el destino de esta reforma es incierto, pues aún puede ser llevada ante la SCJN para que analice su posible inconstitucionalidad.
En ese caso, al admitir el recurso un ministro podría emitir la suspensión provisional de la aplicación de la reforma como medida cautelar ante la posible vulneración a derechos humanos, como ocurrió en 2023 con la reforma a leyes secundarias conocida como Plan B de reforma electoral, en procedimiento que Morena y sus aliados han señalado como ilegal.
