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El vínculo roto entre poderes detonado por la Reforma Judicial

La ministra Norma Piña acusó esta semana al Ejecutivo de haber creado un ambiente de deslegitimación, percusión y amenazas hacia el Poder Judicial; la presidenta Claudia Sheinbaum lo rechazó.
vie 13 diciembre 2024 03:08 PM
(Obligatorio)
La Reforma Judicial propuesta por López Obrador e impulsada por Claudia Sheinbaum fue el “punto de quiebre” en la relación entre los Poderes de la Unión, consideran especialistas.

El vínculo institucional entre los Poderes Ejecutivo y Judicial está roto. Las diferencias entre la presidenta de la Corte, Norma Piña, y el Poder Ejecutivo, iniciaron con Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, continuaron y hasta se exacerbaron con la mandataria Claudia Sheinbaum.

La relación entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial ha tenido desencuentros, confrotamientos, descalificaciones e intentos de reconciliación. Pero, a meses de que se elija a los nuevos jueces -con la aplicación de la Reforma Judicial- no hay visos de mejora o recomposición.

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La ministra presidenta de la SCJN señaló esta semana que tres momentos llevaron al “quiebre” en la relación entre los Poderes de la Unión. El primero fue en abril de 2023, ya que en esa fecha el máximo tribunal de justicia declaró inconstitucionales las reformas que establecían el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Esto provocó que el expresidente López Obrador reprochara a los ocho ministros que avalaron la inconstitucionalidad y los acusó no sólo de actuar al estilo del gobierno de Felipe Calderón, sino de apoyar con ello un modelo de seguridad como el de Genaro García Luna.

“Ocho ministros, con excepción de tres, actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco”, criticó López Obrador el 19 de abril, un día después de la aprobación.

Pero no fue la única reforma de Morena que “tiró” la SCJN, invalidó dos más: una fue el decreto presidencial a través del cual se intentó clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y obras “prioritarias”, y el otro fue el “Plan B” electoral, mediante el cual se reducía financiamiento público a partidos y se modificaba la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE). En ambos casos, el exmandatario reclamó el actuar de los ministros.

“Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros”, acusó Norma Piña al presentar su último informe de labores.

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Reforma judicial agrava las diferencias

Las diferencias entre el Poder Judicial y el Ejecutivo se agravaron cuando López Obrador presentó el 5 de febrero un paquete de 20 iniciativas, entre ellas una reforma constitucional para que, de un solo golpe, se fueran todos los ministros de la SCJN, se eliminara el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se crearan dos órganos nuevos para vigilar el actuar de los juzgadores y despidiera a 711 jueces de Distrito y magistrados de Circuito.

En junio de 2024, el entonces presidente López Obrador explicó que esta reforma era porque el Poder Judicial “está secuestrado” por la delincuencia organizada y de cuello blanco, y “no está al servicio del pueblo.

“Jueces, magistrados y ministros no imparten justicia, (…) está mal el Poder Judicial. Entonces, necesitamos esa reforma. Urge. Nada más basta con ver hoy el informe de hoy: al señor Caro Quintero le está dando un amparo, un juez, para que no sea extraditado. También, a César Duarte una jueza le dio libertad”, mencionó López Obrador el 11 de junio.

Ese mismo mes, durante el parlamento abierto que organizó Morena en la Cámara de Diputados, ocho ministros estuvieron en contra de esta reforma, mientras que las tres ministras cercanas al partido oficial (Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz) aplaudieron esta modificación constitucional.

“Considero que, de aprobarse en sus términos la reforma, no ofrece solución integral de los problemas que aquejan a la justicia en el país a nivel federal, y mucho menos a nivel local. En contrapartida, la iniciativa sí pone en riesgo el acceso a la justicia independiente e imparcial para millones de personas y mexicanos”, advirtió el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá en esa ocasión.

En entrevista con Expansión Política, el politólogo Patricio Morelos consideró que esta reforma que modifica la estructura y composición de todo el Poder Judicial fue el “punto de quiebre” en la relación entre los Poderes de la Unión.

Además, recordó que desde el gobierno del priista, Ernesto Zedillo, cuando también hubo una reforma judicial que transformó la SCJN, había existido una “relación cordial” entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, por lo que no se había dado un “rompimiento” tan evidente como ahora.

“Si bien se habían dado algunos temas o algunos casos específicos donde había habido desencuentros, pues no se había dado un rompimiento tan claro y evidente como el que se está viviendo en estos momentos. Ha habido distintas declaraciones, por ejemplo, las declaraciones de la misma Norma Piña que en el mensaje del martes habló negativamente de la Reforma Judicial; deja muy en claro que hay una relación que está rota, que no hay comunicación", sentenció.

El politólogo y ex consejo del INE, Javier Santiago Castillo, consideró que, además de la reforma judicial, otro factor que provocó la ruptura en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo fue la reunión que sostuvieron ministros de la SCJN con el PRI en diciembre de 2023.

“Varios ministros tuvieron una postura anti Poder Ejecutivo y tuvieron acciones que los llevaron a una mayor confrontación, como es el hecho de haber tenido reuniones durante la campaña electoral, con dirigentes partidarios de oposición. Creo que el error de la ministra presidenta fue entrar en este juego político que no era su territorio y eso exacerbó el conflicto, y bueno pues la propuesta del presidente López Obrador de elegir a los ministros, magistrados y jueces”, dijo.

Además, comentó que los ministros tienen derecho a expresar su opinión, pero enfatizó que al ser servidor público, se debe que acatar la ley “nos guste o no, estemos o no de acuero”. Sin embargo, comentó que los integrantes de la SCJN no sólo manifestaron su desacuerdo contra la reforma judicial, sino “promovieron” una movilización.

“Y, obviamente, pues eso todavía exacerbó más el conflicto; entonces, tomar esta postura beligerante, pues también agudizó la la confrontación”, declaró.

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Ignoran a Piña

Ahora, el confrontamiento entre estos poderes no es sólo de declaraciones, sino también de acciones. Un ejemplo de esto es que la presidenta Claudia Sheinbaum no asistió al último informe de labores de la titular de la SCJN, Norma Piña, y prefirió enviar en su representación al subsecretario de Gobernación, César Yáñez. Tampoco acudieron los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, los morenistas Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña.

En este caso, el senador Fernández Noroña especificó que no acudió al informe, porque estaba “ocupado”. Sin embargo, puntualizó las diferencias que hay con la presidenta de la SCJN y recodó que intentó entablar comunicación con Norma Piña para que la ministra asistiera a una sesión solemne por el bicentenario de la instauración en el Senado.

“No uso eufemismos. La verdad, es que yo hice un esfuerzo por tender un puente de comunicación con la presidenta de la Corte y me pareció que avanzaba bien, y luego pasó todo lo que hemos visto, particularmente esa sesión del 5 de noviembre (cuando se discutió la constitucionalidad de la reforma judicial), que quedará en el diario de la ignominia de la historia del Poder Judicial”, dijo.

Patricio Morelos, quien también cofundador de Poligrama, consideró que probablemente esta relación se resuelva, pero con los nuevos integrantes de la SCJN, que serán elegidos en junio de 2025 a través de un proceso electoral que realizará el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Naturalmente tendrá que tendrá que resolverse y muy probablemente se dará con los nuevos ministros; sabemos que este fue el último informe de Norma Piña como presidenta del de la SCJN, también que en junio del próximo año habrá elecciones donde se va a renovar la Suprema Corte y esto pues va a provocar que el gobierno federal tendrá que ver cuál será su relación con lo con los nuevos integrantes”, declaró.

No solo el Poder Legislativo no acudió al informe de la presidenta de la SCJN, tampoco la invitaron a la entrega de la medalla Belisario Domínguez de 2024, cuando año con año la Cámara alta siempre invita al titular del máximo tribunal de justicia.

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