En 2023, en la recta final del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la llamada "cuarta transformación" repitió prácticas 'riesgosas' del pasado al realizar compras públicas. Adjudicaciones directas, contrataciones con proveedores riesgosos e incluso compras con empresas sancionadas en años anteriores fueron algunas de las prácticas que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectó que el gobierno de López Obrador llevó cabo el año pasado al realizar compras públicas.
IMCO: gobierno de AMLO repitió prácticas riesgosas del pasado en compras
El IMCO detectó que en las compras públicas a nivel federal de 2023 se mantuvieron malas prácticas como la falta de competencia y las fallas en la justificación de procedimientos de excepción.
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Como resultado del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2024 , un análisis basado en datos públicos que permite identificar malas prácticas que afectan la contratación pública, el IMCO halló que en 2023 se realizaron 167,987 procedimientos de compras públicas por 676,763 millones de pesos (mdp), de las cuales el 22% se realizó a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
Además, se firmaron 2,506 mdp con empresas que estaban o eventualmente resultaron sancionadas por haber incumplido los contratos o incurrido en irregularidades como presentar registros sanitarios falsos.
Aunque las compras públicas son fundamentales para el funcionamiento de las instituciones en todos los niveles de gobierno, pues de esta manera el Estado adquiere bienes y servicios como medicamentos, materiales de construcción e insumos de papelería que permiten la operación de oficinas gubernamentales, por el presupuesto que concentran este tipo de compras también son un área particularmente vulnerable a la corrupción.
De acuerdo con el más reciente análisis del IMCO, se advierte que, a nivel federal, se mantienen esas malas prácticas como la falta de competencia, las fallas en la justificación de procedimientos de excepción, el incumplimiento en los tiempos de los concursos y la contratación con proveedores riesgosos, lo cual puede afectar la calidad del ejercicio presupuestal y debilita la gestión gubernamental.
El IMCO señala en su informe que las instituciones con mayor nivel de riesgo de corrupción en 2023 fueron el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA), con un puntaje de 81 en el IRC 2024; le siguen el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), con 61 puntos, y Diconsa, con 57.
Esto fue causado porque dichas instituciones tuvieron una tendencia de montos de contratación significativos concentrados en un número relativamente bajo de procedimientos con poco nivel de competencia. Mientras tanto, en los casos en que existieron licitaciones públicas sus procesos tuvieron generalmente plazos cortos y no cumplieron con el tiempo establecido en la ley para que los participantes interesados presentaran sus propuestas.
En el caso de FIDENA se registró un gasto de 77,346 mdp, con una publicación tardía, un elevado porcentaje de adjudicaciones directas y una alta concentración en pocos proveedores.
En FONATUR se identificó que destinó 5,197 mdp en dos procedimientos para obras extraordinarias del Tren Maya, en los tramos Calkiní-Izamal y Palenque-Escárcega, pero a pesar de implicar un monto considerable y de ser obra pública los contratos se realizaron a través de adjudicaciones directas y se justificaron en un artículo de la Ley de Obra Pública que permite adjudicar directamente al contratista que originalmente realizó los trabajos pactados.
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Otro dato relevante del informe es que en 2023 las instituciones públicas federales firmaron contratos por 2,506 mdp con empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Entre las instituciones que cayeron en esta práctica destacan el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (65%), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (45%) y el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (41%).
En el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se identificó que dicha dependencia llevó a cabo contratos con una empresa proveedora del servicio de arrendamiento vehicular que en 2022 recibió sanciones por irregularidades en su gestión de contratos. A pesar de ello, la empresa tuvo contratos con 34 instituciones de la Administración Pública Federal por más de 286 mdp.
Otra de las prácticas irregulares en las compras públicas que el IMCO detectó es que varias se hicieron con proveedores de reciente creación, es decir, que se constituyeron como empresa en una fecha cercana al inicio del contrato, lo cual se advierte que puede representar un riesgo, pues si bien esto no está prohibido sí puede afectar el cumplimiento de los objetos contractuales.
En 2023, las instituciones del gobierno celebraron contratos por 3,096 millones de pesos con empresas de ese tipo.
En esta categoría destaca el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que en 2023 concentró siete de cada 10 pesos contratados con empresas creadas recientemente.
Además, las instituciones públicas también realizaron 130,000 adjudicaciones directas que concentraron 136,240 mdp, de los cuales 43.9 mdp no fueron justificados.
En este caso se detectó que las instituciones públicas destinaron 22% del monto total de compras a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas, el equivalente a 150,920 mdp.
Se advierte asíen el informe que el gobierno sigue utilizando la invitación directa e invitación restringida de forma extendida, lo que implica que se mantiene una falta de competencia en los procedimientos de compra.
De las compras realizadas por las instituciones públicas mediante licitación se identificó que el 29% no se ajustó a las disposiciones de ley referentes a los plazos en las diferentes etapas de la licitación.
El IMCO precisó que, aunque el año pasado se registró una disminución en el monto destinado a través de procedimientos de excepción en comparación con años anteriores, esta variación se explica porque hubo un incremento en los procesos clasificados bajo la categoría 'Otros', por lo que no fue posible conocer el tipo de procedimiento que tuvieron 13,000 contrataciones.
En el caso de Birmex, por ejemplo, el IMCO informó que se sabe que el 25% del monto de 2023 se realizó bajo procedimientos de excepción, pero no hay certeza sobre el tipo de procedimiento de 75% del monto, debido a que en 2023 la SFP reformó Compranet e incluyó la restricción de no poder subir un proceso de compra sin contar con los archivos de los documentos.
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