La impunidad en los casos de corrupción se mantiene, a pesar de que todos los estados del país cuentan con una Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Corrupción, concluye un análisis de la organización civil Tojil.
A nivel nacional, estas dependencias iniciaron 15,356 carpetas de investigación en 2023. Sin embargo, solo 6% fueron judicializadas con éxito y apenas 0.8% culminaron en una sentencia condenatoria.
En promedio, de cada 100 indagatorias iniciadas, menos de seis llegaron a manos de un juez, y apenas tres se convirtieron en un proceso penal. Además, hubo 13 fiscalías (40%) que no obtuvieron una sola sentencia.
De acuerdo con el Informe del Observatorio Ciudadano Anticorrupción 2023-2024, en el primer semestre de este año, los organismos abrieron 7,258 indagatorias, pero solo lograron llevar 523 ante un juez. De esa cantidad, únicamente 27 concluyeron con una sentencia condenatoria, es decir, 0.4% de las carpetas abiertas.
Además, hay cinco fiscalías que no lograron ninguna investigación judicializada en ese periodo: Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero y Sinaloa. Mientras que 19 no reportaron ninguna sentencia condenatoria.
Los resultados de estos organismos son limitados porque la mayoría carece de presupuesto, personal y materiales suficientes para responder a las cargas de trabajo y cumplir con su mandato de forma óptima.
En 2023, el promedio nacional del presupuesto asignado a estas dependencias fue de 28 millones de pesos. No obstante, algunas fiscalías cuentan con un gasto sumamente bajo, como la de Guerrero, que recibió 3.6 millones de pesos el año pasado. Esto equivale a 11 veces menos dinero que el destinado a la Fiscalía Anticorrupción de Durango, cuyo presupuesto fue de 46 millones.
Para 2024, a las Fiscalías Anticorrupción de Hidalgo (1.4 millones), Guerrero (3 millones) y Tabasco (6.1 millones) se les asignaron los presupuestos más bajos.
El panorama general sigue siendo complejo para las Fiscalías Anticorrupción del país",
En contraste, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua registró el presupuesto más alto de 2024, con 87.7 millones de pesos. Le sigue la de Jalisco, con 76.2 millones, y la de Durango, con 52 millones.
La falta de recursos afecta la operación de las fiscalías, explica el informe, pues limita la contratación de personal especializado, el acceso a tecnología avanzada para investigaciones, y la capacidad de desplegar unidades en zonas con altos niveles de corrupción.
A junio de este año, las Fiscalías Anticorrupción sumaban, en conjunto, 243 agentes del Ministerio Público. Solo 15 contaban con peritos, cada una con una media de cinco; y únicamente 18 fiscalías tenían policías de investigación, pero ninguna superaba los 15 elementos para resolver sus casos.
Si se considera el número de carpetas abiertas en los primeros seis meses de 2024, el informe calcula que a nivel nacional, en promedio, cada agente del Ministerio Público tiene asignadas 18 nuevas carpetas iniciadas, cada perito cuenta con 35 y cada policía de investigación tiene 20.
En entidades con alta carga de trabajo o un contexto de corrupción más complejo, el presupuesto puede ser insuficiente para operar eficazmente”,
El estudio subraya que la disparidad en los códigos penales de los estados y la falta de una ley general en la materia, que homologue los tipos penales y facilite la coordinación entre fiscalías, también limita su operación eficaz.
Aunque tiene ocho veces más presupuesto que el promedio de las fiscalías estatales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) no alcanza mejores resultados.
Esta dependencia comenzó a operar en 2019, pero Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, mantuvo en funciones la Unidad Especializada en Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, que antes indagaba los delitos de corrupción, aunque sin autonomía.
Así que en el sexenio pasado estos dos organismos duplicaron funciones. En 2023, la fiscalía abrió 755 carpetas de investigación por corrupción, pero solo llevó ante un juez 6% de los casos. A la par, la Unidad Especializada inició 3,315 carpetas y únicamente judicializó 1%.
Hoy presentamos el Observatorio Ciudadano Anticorrupción 2023-2024, un análisis del trabajo y resultados de las Fiscalías Anticorrupción, un estudio que demuestra que la impunidad y la falta de sentencias en casos de corrupción prevaleció en México. El informe completo en… pic.twitter.com/3UCtX0VBxU
— TOJIL (@TojilAJ) November 22, 2024
El año pasado, Durango y Querétaro tuvieron las Fiscalías Anticorrupción con mejores resultados. La primera entidad alcanzó 25 sentencias condenatorias, mientras que la segunda logró recuperar 100 millones de pesos en un solo caso de corrupción y lavado de dinero.
En cambio, la fiscalía de Morelos obtuvo una calificación “deficiente” en sus procesos y la de Guerrero carecía de infraestructura propia, contaba con un solo agente del Ministerio Público, un policía de investigación y no logró judicializar ningún caso ante el juez.
