“Esos fondos están en suspensión dictada por órdenes judiciales desde 2018-2019", advierte en entrevista la directora de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A.C. (JUFED), Juana Fuentes.
"Por eso en este momento no se puede hacer uso de esos recursos", sentencia.
Fuentes sostiene que los fideicomisos están "bloqueados" desde 2018, por lo que, asegura, no serán utilizados para pagar los costos de la elección de integrantes del Poder Judicial en 2025.
No se ha podido disponer de ellos, reporta Fuentes, ni siquiera para los fines para los que fueron creados: pensiones, jubilaciones, prestaciones y servicios médicos de integrantes del Poder Judicial.
La dirigente de los jueces recuerda que el expresidente López Obrador quiso disponer de esos recursos al prohibir, en la Ley Federal de Austeridad, la constitución de fondos y fideicomisos, así como ordenar su extinción y posterior reitegro del dinero a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
“En ese momento se promovieron juicios de amparo y derivado de ellos fue que se concede la suspensión. Es por ello que el estado en el que se encuentran esos fideicomisos es: en trámite de suspensión y JUFED tiene uno de esos amparos, para impedir que se destinen a un fin diferente”, afirma.
Ven fideicomisos 'multiusos'
El gobierno federal y el Congreso, a través de la mayoría de Morena, han intentado disponer de los recursos de los Fideicomisos hasta en cinco ocasiones, pero estos siguen "vivos" y en disputa jurídica.
Después de la reforma de 2018 hubo otra intensa disputa por esos recursos el año pasado, al reformarse la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), cuyas modificaciones entraron en vigor el 27 de octubre de 2023.
En esa enmienda se ordenó desaparecer 13 de 14 fideicomisos y entregar a la Tesorería de la Federación los remanentes, productos y aprovechamientos.
El objetivo, según el decreto aprobado, era abierto: “se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los programas que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo”.
La inconformidad entre los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial no se hizo esperar y, además de la JUFED, cientos de trabajadores y funcionarios recurrieron al amparo.
Pero después, el 25 de octubre de 2023, el Huracán Otis azotó las Costas de Guerrero y el entonces presidente López Obrador pidió destinarlos a apoyar a los damnificados.
En una misiva enviada al presidente por la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, ésta admitió el uso de los fideicomisos en apoyo a la población afectada, como parte de una responsabilidad de Estado, aunque no se concretó.
En abril pasado, el Congreso reformó diversas leyes secundarias para crear un fideicomiso público y, por ley, obligó al Poder Judicial a transferir los fondos de sus fideicomisos para transferir sus recursos al fondo de las llamadas Pensiones del Bienestar.
En septiembre pasado, al ser aprobada la reforma judicial, los legisladores de Morena propusieron que la elección de 2025 se financie con dichos fideicomisos con el argumento de que el fondo de pensiones ya tenía 44,984 pesos “de otras fuentes”.
“Se considera financieramente viable y adecuado prever que los fondos necesarios para la implementación de la reforma provengan de los recursos de los fideicomisos que se extingan y se reintegren para tal efecto; esto garantizando el respeto de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial”, se estableció en el dictamen.
Según el dictamen de la reforma judicial, el saldo de los fideicomisos del Poder Judicial ascendía entonces -en septiembre- a “casi 24 mil millones de pesos”, aunque no hay dato oficial que indique esa suma.
Incuso, la presidenta Claudia Sheinbaum manejó la cifra de 23 mil millones de pesos.
“Se podría destinar (a la elección) incluso, por excepción a este propósito, parte de los 23 mil millones de pesos que tienen los fideicomisos y que van a ser enterados a la Tesorería”, dijo el 2 de julio, ya como mandataria electa.
“Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los mil 600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculta esta responsabilidad, pudiera erogarse entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos la elección, por única ocasión”, sostuvo entonces.
"Esos fideicomisos se multiplican más que los peces de Jesús", se le inquirió recientemente al coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, por los múltiples usos que se ha buscado darles.
El morenista sólo sonrió y dijo confiar en que se podrá disponer de ellos para garantizar los derechos laborales de juzgadores cesados por la reforma judicial y para evitar que trabajadores resulten afectados.
En el artículo décimo transitorio de la reforma judicial además fijó un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto, que vencen el próximo 16 diciembre, para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria.
Es decir, conforme a esa enmienda constitucional, sólo se mantendría el Fideicomiso “2125 Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia”, cuyo monto es de 836 millones de pesos y los fideicomisos locales amparados en legislación secundaria.
Se deberán devolver a Tesofe: "la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos (…) y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la implementación del presente Decreto y a los demás fines que esta determine”, según se avaló.
Por eso es que para los diputados Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados, recursos hay para financiar la elección de cargos judiciales y los fideicomisos bastan para eso, y hasta sobrará.
