Las campañas rumbo a la elección judicial se perfilan, como en las elecciones ordinarias, anticipadas, fuera de la fiscalización y con abierta intervención partidista.
Por lagunas que los legisladores dejaron en la reforma a la Constitución y en las realizadas a leyes secundarias, pero sobre todo por interés de actores políticos en influir en el proceso, se observa actualmente el fenómeno de los destapes y el proselitismo anticipado.
Los mismos legisladores de Morena dieron pie al proselitismo a ocho meses de la elección de junio de 2025, al abrir en la sede de la Cámara de Diputados la pasarela de aspirantes a algún cargo, con el argumento de dar o pedir “información”, pero difundiéndose con uso de los recursos públicos de ese órgano legislativo.
Públicamente, hasta ahora seis jueces y magistrados se han reunido con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y con el líder de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.
"Los diputados Gutérrez Luna y Monreal Ávila se reñunen con jueces que desean participar en el nuevo proceso de elección", informó la Cámara de Diputados el 22 de octubre, en un boletín.
Los y las aspirantes que se "destaparon" en el Congreso son ellas:
Gutérrez Luna y Monreal incluso usaron la infraestructura camaral y convocaron a sendas conferencias de prensa para presentar a los juzgadores, hoy aspirantes.
“Todos los días estaremos reuniéndonos con aspirantes”, aseguró Gutiérrez Luna, mientras que Monreal rechazó que fuera irregular: “no, es una presentación aquí porque somos el órgano que hace leyes”, trató de justificar.
Para el politólogo y experto electoral, Tonatiuh Medina, la conducta es reprochable desde el punto de vista ético, pero es lo que, se espera, hagan los postulantes que quieran ganar.
“Sí es un abuso eso que hicieron, buscar a los legisladores, presentarse ante ellos cuando aún no ha iniciado formalmente ni el registro de aspirantes, pero se explica en la lógica de que ¿si no es ahora cuándo? Esta elección será imposible que la ganen si no actúan así”, explica.
La reforma judicial, en vigor desde el 16 de septiembre, cesará a todos los jueces, ministros y magistrados, la mitad en 2025 y la otra mitad en 2027.
Todos sus sucesores en los cargos serán electos en urnas, así que todos los jueces y magistrados que participarán en la elección deberán entrar en una dinámica de campaña, si quieren primero figurar como semifinalistas, luego llegar a la candidatura y finalmente ganar su elección.
El martes pasado, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron a la quinteta de integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, instancia ante la cual todo aspirante a un cargo judicial deberá presentar su documentación para que su perfil sea valorado.
Esos seleccionadores resultaron nombrados sólo por Morena y aliados, pues los partidos opositores, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (M), se abstuvieron de presentar propuestas, para no convalidar la reforma judicial que aún combaten jurídicamente.
Quedaron en el CTE: Andrés Norberto García-Repper Favila, de todos, el más vinculado directamente con el partido guinda, pues es su representante ante el Instituto Electoral Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas.
Las restantes son Ana Patricia Briseño Torres, Maday Merino Damián, Maribel Concepción Méndez de Lara y María Gabriela Sánchez García.
Para Medina, no debe escandalizar que Morena haya querido tener ahí su cuota.
“Todos los Comités de Evaluación en este tipo de procesos, todos, están tripulados por las fuerzas políticas no hay uno que no", consideró.
“Eso no ha cambiado mucho de cuando el PRI y el PAN, sin convocatoria, decidían quienes serían los consejeros electorales, por ejemplo. La diferencia es que ahora hay comités y se sabe quiénes son los que están concursando. Pero Morena, como antes otros partidos, está intentando quedarse con toda la Corte y con Comités a modo lo van a conseguir”, sentenció el especialista.
De acuerdo con la reforma, esos Comités comenzarán a recibir inscripciones de las personas interesadas en ser electas del 5 de noviembre al 24 de noviembre de 2024.
Sin embargo, el activismo ya está desatado. Desde hace semanas, las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres y Loretta Ortiz participan en reuniones y “asambleas informativas” sobre la reforma judicial, sobre todo en fines de semana.
Batres, además, ahora se ha hecho acompañar de jueces o magistrados cercanos a Morena, realiza actividades de difusión para explicar la reforma judicial y hasta recibe premios, como el que le otorgó el fin de semana la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
La ministra incluso se reunió con la base militante de Morena, a invitación del Instituto de Formación Política (IFP) de ese partido, en el foro informativo “En qué va la reforma judicial?”.
Acompaña el foro informativo para conocer el estatus de la reforma al Poder Judicial, así como los retos y prospectiva de la nueva legislación en materia de justicia federal.
— INFP Morena (@infpmorena) October 29, 2024
Tendremos como panelistas a @LeniaBatres, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a… pic.twitter.com/qT7X9fVTJz
También la ministra Yasmín Esquivel buscará la reelección en el cargo, pero no ha encabezado actos públicos similares.
Otros están moviéndose por su lado, como Eduardo Andrade, expriísta hoy cercano a Morena y aspirante a ministro de la SCJN, quien inició hace un mes a difundirse en cápsulas en su cuenta de YouTube.
El mismo Andrade, quien también a dado entrevistas a youtubers afines a la 4T, reconoció ser asesor del senador morenista, Oscar Cantón, pero explicó que no está impedido por la Constitución. Dice que participar en entrevistas y difundirse en redes es mero ejercicio de libertad de expresión.
Para Gloria Corroy Laguna, miembro del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal y trabajadora del Poder Judicial Federal, es posible que miles de secretarios judiciales decidan también anotarse o contender por un cargo de titular de juzgado.
“Los secretarios tenemos carrera judicial de 15 o 20 años, nos preparamos para concursar en un próximo examen y la reforma judicial canceló la expectativa de ascenso, así que es probable que haya quienes busquen participar”, explica.
Sin embargo, ahora siguen movilizados en defensa de sus derechos, sobre todo prestaciones, por lo que al menos entre ese sector no se observa que ya haya interés en difundirse y en todo caso podría notarse cuando inicien los registros, agrega.
El 22 de octubre, Morena acordó con sus diputados y senadores realizar recorridos por todo el país para difundir todas las reformas constitucionales, de manera especial la judicial.
Cuestionada si esto es una intervención indebida en el proceso electoral judicial, la dirigente morenista, Luisa María Alcalde, lo rechazó, pues dijo que todo es parte de tareas organizativas y con recursos de los legisladores.
“De las asambleas informativas cada legislador se hará cargo de sus distritos y los plurinominales ayudarán a reforzar en aquellas entidades donde no tenemos algún legislador de mayoría. Vamos a estar informando de todas las reformas, se trata de que la gente conozca toda la información”, atajó.
Por ahora, no hay aspirantes visibles a los que el partido esté respaldando. Sin embargo, la movilización morenista durará durante meses. Y a través de su Instituto de Formación Política morenista será foro para sus cercanos.
Desde que en septiembre comenzó el proceso legislativo en ambas cámaras del Congreso para aprobar la Reforma Judicial, con marchas y mítines quienes se oponen a esos cambios buscaron diálogo con los legisladores. No fueron recibidos por ninguno de Morena, previo a las enmiendas.
En cambio, desde la semana pasada jueces y magistrados que han declarado abiertamente su respaldo a la reforma judicial y su interés en ser candidatos han tenido puertas abiertas en la Cámara de Diputados.
Así, la jueza Blanca Alicia Ochoa Hernández, del juzgado 14 con sede en la Ciudad de México, incluso acudió miércoles y jueves de la semana pasada y en entrevista afirmó que es normal pedir información “a quienes ganan elecciones y hacen campañas” ya que ahora los juzgadores deberán hacerlo.
También se han placeado con los legisladores morenistas Yamin Francisco González Mendoza, del juzgado número 15 y Gabriel Regis López del 16; la magistrada de la ciudad de México Sandra Camacho, la magistrada del estado de Oaxaca, Adriana Alejandra Ramos y el juez de Distrito del Estado de Guerrero, Erick García Jáuregui.
La realidad, explica Tonatiuh Medina, es que “no es ético lo que están haciendo pero es justo lo que deben hacer: darse a conocer con los tomadores de decisiones para eventualmente poder tener el apoyo, rentar y/o comprar un mecanismo movilizador del voto”.
Por si solos, considera, los aspirantes a jueces y magistrados no podrán movilizar el voto si no tienen una estructura partidaria, ””por eso es que están en etapa de cabildeo con los que tienen forma de incidir en el día de las elecciones”.
”¿Es ilegal? Bueno aún no hay campañas, por lo tanto no hay precampañas ni podemos decirles pre-precampañas. Hay proselitismo adelantado, sí, pero no está regulado”, explica.
“¿Cuáles son los pasos que debe de seguir cualquier candidato si quiere ganar?. Primero tiene que darse a conocer por todos los políticos necesarios habidos y por haber casi de todos los colores, pero esencialmente del oficialismo.
“Dos, buscar patrocinadores porque las campañas son muy caras. Tres tener mucho cuidado porque los distritos electorales no hacen mach con los circuitos judiciales. Y sobre todo van a tener que echar mano de un ejército de movilizadores y convertirse o volverse expertos en redes sociales, es la única forma de darse a conocer”.
Lo primero que deberán impactar es el Comité Evaluación, “luego la mayoría de quienes votarán en el pleno, así que es normal lo que hacen”.
Además deberán gastar, pues a eso los sujetó la nueva reforma judicial y sus deficiencias.
Habrá problemas para fiscalizar –avizora- porque están desde ahora difundiéndose, pero ni siquiera hay fechas, ni reglas de auditoría que apliquen.
“Si hay un abuso, pero insisto, siendo pragmáticos la forma de que te conozcan es pedir una audiencia con los tomadores de decisiones. A mí no me gusta la reforma pero si veo que quien quiere ganar tiene que moverse.
“¿Por qué buscan a Morena? Porque sin importar que los demás partidos se quieran meter o no en el proceso, ya ni siquiera tienen bases, estructuras movilizadoras como el nuevo partido oficialista. Ya no garantían triunfos”, advierte.
La magistrada Sandra Verónica Camacho Cárdenas, del sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del primer circuito, fue señalada de supuesto acoso laboral, y se han presentado en su contra tres procedimientos disciplinarios pero no prosperaron.
Entre las decisiones que ha tomado como parte de un Tribunal, figura una queja de Pemex parcialmente fundada en el caso relacionado con María Amparo Casar, excabeza de Mexicanos Contra la Corrupción.
El juez Décimo Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López en abril concedió un amparo a mujeres trans deportistas para que se les permita jugar en equipos femeniles en torneos profesionales de voleibol.
Hacen "campaña” con Lenia Batres:
El juez concursal Saúl Martínez Lira, juez quinto de distrito Chiapas. Hasta hace unos meses declaró la quiebra de Interjet, estaba a cargo del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) y otros 63 procedimientos de insolvencia de empresas, fue trasladado a Chiapas como juez de distrito en materia de amparo.
El Juez Vladimir Véjar Gómez, magistrado de circuito adscrito al tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la ciudad de México. En 2023, siendo juez adscrito en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, liberó, para que siguiera su proceso en libertad, al exfiscal Anticorrupción de Chihuahua, Francisco González Arredondo, acusado de tortura.
El hoy senador de Morena, Javier Corral, encabezó una campaña para señalar a González preso político pues encabezó investigaciones contra el exmandatario César Duarte. El acusado a su vez denunció a la gobernadora María Eugenia Campos, del PAN, de cohecho por el caso de la “nómina secreta” de Duarte.
