Los jueces dijeron que hay ''un ejercicio sistemático de no acatamiento a las suspensiones dictadas por el Poder Judicial, que implica un grave riesgo para la protección de los derechos fundamentales de cualquier gobernado''.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que no eliminará del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la Reforma Judicial tras la orden de una jueza.
La mandataria también anunció que ante el Consejo de la Judicatura Federal presentará una denuncia en contra de la jueza porque no tiene atribuciones.
La jueza Nancy Juárez , del Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, ordenó eliminar del DOF la publicación de la Reforma Judicial que introduce la elección de jueces, magistrados y ministros por voto ciudadano. De no hacerlo en un plazo de 24 horas, se dará vista al Ministerio Público.
"Dentro de dicho lapso, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, eliminar la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, el quince de septiembre del 2024, del Decreto de Reforma Constitucional", dice la orden de la jueza.
La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, explicó que la jueza no tiene facultades para anular la publicación de la Reforma Judicial y acusó que con su resolución desobedece a la Constitución y cayó en un conflicto de interés.
“El Poder Judicial no tiene ninguna injerencia, no existe en nuestro sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial de la Federación o cualquier otro ente, facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución, por el contrario, la normatividad prevé expresamente la improcedencia de juicio constitucional de los amparos y demás en contra de las adiciones o reformas a la Constitución”, destacó.
En septiembre, el Congreso, de mayoría oficialista, aprobó una amplia reforma al sistema de justicia que, entre otras cosas, establece la elección por voto popular de los juzgadores. Los cambios constitucionales han golpeado a los mercados locales y asustado a inversionistas.
El 1 de junio del próximo año se realizará la elección para reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte -que pasará de 11 a nueve integrantes-, miembros del Tribunal de Disciplina, vacantes en la Sala Superior, la totalidad de las salas regionales del Tribunal Electoral y a la mitad de los magistrados y jueces de distrito del país.
En 2027 serán elegidos los cargos restantes.
El oficialismo sostiene que es necesaria una transformación al sistema de justicia porque "no está al servicio del pueblo" y "responde a intereses de la delincuencia organizada".
La reforma ha generado, también, preocupación entre los inversionistas y socios comerciales de México, quienes temen que debilite el equilibrio de poderes y dañe el clima de negocios en la segunda economía más grande de Latinoamérica.
A principios de octubre, la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) se declaró competente para determinar si la reforma judicial promovida por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador afecta la autonomía del Poder Judicial, la independencia de sus miembros y el principio de división de poderes.
-Con información de Reuters.