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Funcionarios de AMLO que se quedan sin chamba con el cambio de Gobierno

Si bien hay varios secretarios que dobletearan con Sheinbaum, hay otros que no tuvieron oportunidad en el nuevo gabinete. Acá te contamos quiénes son.
jue 26 septiembre 2024 04:29 PM
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Jorge Alcocer, Víctor Villalobos, Miguel Torruco y Román Meyer son algunos de los servidores públicos que deberán pasar la estafeta de las secretarías a su cargo.

Con el cambio de gobierno federal, varios miembros del gabinete legal y ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador deberán dejar sus cargos a partir del 1 de octubre, una vez que Claudia Sheinbaum asuma la Presidencia de México.

A pesar de ello, varios funcionarios del actual gabinete también continuarán en sus cargos o cambiarán de dependencia pero continuarán colaborando con la Cuarta Transformación, de acuerdo con lo anunciado por Sheinbaum.

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Entre quienes se sumarán a su administración figuran Rogelio Ramírez de la O, quien continuará siendo Secretario de Hacienda, así como de Ariadna Montiel Reyes, al frente de la Secretaría del Bienestar, y Zoé Robledo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Otros funcionarios que continuarán trabajando en el gobierno federal deberán cambiar solo de dependencia o área, tal es el caso de Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación, quien a partir del 1 de octubre será coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de México o de Alicia Bárcena Ibarra, quien deja la Secretaría de Relaciones Exteriores para ir a la Secretaría de Medio Ambiente.

Si bien Sheinbaum anunció ya quienes son los funcionarios que continuarán en el gobierno federal, hay otros funcionarios que comenzaron ya con los trabajos de transición, tal es el caso de Román Meyer, quien dejará la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en manos de Edna Elena Vega Rangel; Miguel Ángel Maciel también dejará la Secretaría de Energía, pues la nueva titular será Luz Elena González Escobar.

Del gabinete también ya se perfiló la salida de Alejandra Frausto Guerrero, como secretaria de Cultura, dependencia que ahora estará encabezada por Claudia Curiel de Icaza.

Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura; José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina; Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Jorge Nuño Lara, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Miguel Torruco Marqués, de Turismo y Roberto Salcedo Aquino, son los funcionarios del gabinete legal que deberán despedirse de sus encargos.

Mientras que en el gabinete legal se perfil las salidas de Manuel Bartlett Díaz, de la Comisión Federal de Electricidad; la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González; Bertha Alcalde Luján, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Carlos Martínez Velázquez, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

De quienes dejarán sus cargos se sabe hasta ahora que por ejemplo, en el caso de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pasará directamente a asumir su cargo y encomiendas como dirigente nacional de Morena.

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De los otros funcionarios que se quedarán "sin chamaba" en la nueva administración aún se desconoce si por ejemplo en el caso de Migue Torruco, continuará con su trabajo como empresario en el ramo hotelero o en el caso de Jorge Alcocer Varela, con sus labores de investigación y académicas en el área de la Salud.

Si bien en 2019, con la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, el Congreso introdujo en la legislación una disposición que prohibía a quienes ocuparan un alto cargo en el gobierno federal trabajar en la iniciativa privada (IP) en alguna empresa relacionada con su área en el servicio público por al menos 10 años, esta disposición fue declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que afecta de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada la libertad de trabajo.

De tal manera que actualmente no hay impedimento para que exservidores públicos puedan trabajar en la Iniciativa Privada, incluso en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público.

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