Ayotzinapa: la promesa que AMLO no pudo cumplir en su sexenio

Habían pasado menos de 72 horas de su gobierno, cuando la Presidencia de López Obrador tomó medidas en el caso Ayotzinapa. En el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue publicado su primer decreto con el que se instruía establecer las "condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia” y cuyo objetivo fue crear la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa).

Esa no fue la única medida del gobierno de AMLO. Se echó al suelo la llamada “verdad histórica” y estableció una nueva línea de investigación, regresó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se creó una Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa y el presidente encabezó reuniones frecuentes con los padres y abogados de los estudiantes, a los que invitaba al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Los primeros pasos del presidente generaron esperanza en los padres de familia, quienes le daban un voto de confianza.

Abajo la "verdad histórica"

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se tiró la llamada "verdad histórica", cuya versión consistía en que los integrantes de la organización delictiva "Guerreros Unidos" asesinaron e incineraron a los estudiantes en el basurero de Cocula por presuntamente tratarse de integrantes de un grupo contrario, denominados "Los Rojos".

Al frente de la investigación, Alejandro Encinas aseguró que esta "verdad histórica" fue construida desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto para encubrir lo que verdaderamente sucedió con los jóvenes en Iguala.

De acuerdo Encinas, Ayotzinapa fue un crimen de Estado , que involucró a funcionarios de los tres órdenes de gobierno quienes ocultaron la verdad. Reveló que fue en una junta de autoridades donde se creó la llamada "verdad histórica".

"Estaban encabezadas por el entonces procurador general de la República y participaban autoridades estatales, el propio gobernador, el ex procurador, autoridades militares y distintas corporaciones federales como la policía federal preventiva como el Cisen", dijo Encinas en su momento.

Esa junta de autoridades también fue mencionada en un cuestionario que respondió Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, desde Israel, y en el que señaló al expresidente Enrique Peña Nieto de participar en ellas.

“Durante las sesiones del gabinete de seguridad, realizadas en la Oficina de Los Pinos del presidente de al República en el que participaron el presidente de la República y los titulares de la Procuraduría General de la República, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y vocero de la Presidencia, tomaron la decisión e instruyeron al procurador General de la República para que con esa información que se tenía se informara sobre el destino de los estudiantes de acuerdo con las declaraciones y evidencia presentada por el Ministerio Público Federal hasta ese momento”, declaró Zerón.

Sin evidencia de los jóvenes

En septiembre de 2023, el presidente aseguró que no había elementos que permitieran identificar que los jóvenes estuvieran con vida.

“También tenemos que decirlo con toda claridad que no hay indicios que nos permitan suponer que los estudiantes se encuentran con vida y que por el contrario todas las declaraciones, testimonios y evidencias indican que fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, afirmó al presentar el segundo informe de la Comisión.

A pesar de ello, hasta ahora sólo han sido identificados los restos de tres estudiantes normalistas: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.

El Ejército, el motivo de la ruptura

Con el transcurrir de los meses y años, la relación entre el presidente y los padres de los 43 se volvió complicada.

En cuestión de meses, hubo menos encuentros y diálogo con el presidente; detenciones de militares, la salida del GIEI al considerar que había obstáculos del Ejército para avanzar en la investigación y finalmente la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo , después de darse a conocer que en agosto la FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas a la desaparición de los normalistas, de los cuales 16 eran militares.

Y más tarde la salida de Alejandro Encinas del caso Ayotzinapa en medio de las tensiones por las acusaciones en contra de militares.

Ante los hechos, los padres de los 43 acusaron que el presidente los traicionó pues prefirió defender al Ejército e incumplir su promesa de que se llegaría a la verdad.

“Hay pruebas palpables, las pruebas que presentaron los expertos independientes, los abogados, son testimonios, de los registros que han sacado los expertos independientes de que hubo una manipulación por parte del Ejército. O sea, hay pruebas donde nosotros sabemos que el Ejército participó”, agregó Clemente Rodríguez, quien reprocha que el presidente haya protegido al Ejército.

El presidente lo ha negado. Asegura que por el caso Ayotzinapa, todos los militares que presuntamente participaron están en prisión.

“Ya hay como 15, 20 militares encarcelados, dos generales, pues que sean juzgados y que se demuestre que fueron responsables. Ya están en la cárcel, eso no lo habían hecho antes, pero no se puede decir fue el Ejército”, aseguró el 21 de septiembre de 2023.

En su conferencia de este 25 de septiembre, volvió a defender al Ejército y aseguró que aunque hay quienes afirman que 'le toman el pelo', no es así.

‘Cabe señalar que en toda esta investigación realizada hemos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas’. Dicen los abogados de los padres y los del Prodh que no me hacen caso a mí los mandos del Ejército y que manda el Ejército, y que aunque yo tenga buenas intenciones no puedo yo obligarlos a que digan la verdad. Les comento...no me estoy chupando el dedo. Está muy difícil que me tomen el pelo", dijo.

Hubo avances... hasta topar con los militares

El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, sostiene que hubo avances pero a partir de 2022 cuando la investigación tocó al Ejército, hubo un declive y hoy se encuentra en un bache.

''Hay una desesperanza, una molestia, en virtud de que no se cumplió lo que el presidente ofreció en un principio'', dijo Rosales a días de que se cumplan 10 años del ataque en Iguala, Guerrero.

Desde el gobierno federal, los avances que se destacan son: aumento de 59 a 120 personas el número de encarcelados, tres órdenes de aprehensión por ejecutar en contra de militares, exploración de 858 sitios en busca de los estudiantes, así como ofrecer recompensas a quienes aporten información relevante.

Apenas hace uno días, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado informó del arranque de una campaña masiva de difusión con espectaculares para intentar dar con el paradero de los 43 normalistas, 10 años después de su desaparición.

El encargo a Sheinbaum

Al saber que no cumplirá su promesa de llegar a la verdad, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya encargó el caso a Claudia Sheinbaum.

Hace unas semanas ofreció ser el canal para que la presidenta electa recibiera a los padres de los 43 y les aseguró que a pesar de que concluya su gestión, la investigación no se cerrará.

En una carta que envió el presidente a los padres, previo a los 10 años de la desaparición, asegura que no habrá carpetazo al caso y manifiesta su confianza que con Sheinbaum pueda esclarecerse el caso.

"Les expreso que hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca, es un expediente abierto; y si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia", dice la misiva.

Por su parte, la presidenta electa se ha comprometido a que el caso Ayotzinapa no será olvidado en su gobierno, y adelantó que se trabajará en conjunto para encontrar a los jóvenes.

Para Mauricio Macotela, esa promesa tiene un gran obstáculo: la conclusión y la posibilidad de que se defienda al Ejército.

“El problema está en que tienen la misma conclusión que el gobierno anterior, entonces los padres no se van a quedar satisfechos con esa verdad histórica porque ellos saben que hay altos mandos del Ejército, y si no entregan las cabezas de los altos mandos del Ejército, no lo van a resolver, y no creo que entreguen esas cabezas”, agrega.

10 años y la exigencia de justicia sigue vigente

A 10 años de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, las protestas por parte de normalistas se han reactivado.

Durante las últimas dos semanas se han manifestado tanto en Guerrero como en la Ciudad de México. El lunes pasado protestaron en la Secretaría de Gobernación, mientras que este martes irrumpieron en el Senado de la República.

En tanto que el caso sigue siendo uno de los grandes pendientes del presidente López Obrador, al menos tres figuras clave del caso han sido recapturadas en las últimas dos semanas: Felipe Rodríguez Salgado, alias "El Cepillo", Gildardo López Astudillo, alias "El Gil" y Marco Antonio Ríos Berber, alias "La Pompi" o "El Cuasi"; todos vinculados con el grupo criminal Guerreros Unidos.

Así mientras las investigaciones en torno al caso continúan, el presidente López Obrador reconoció este mismo miércoles 25 de septiembre, a menos de una semana de dejar el poder, que en su sexenio no se avanzó como él hubiera querido en la investigación.

El presidente acusa que por la falta de cooperación de "El Gil" ya no se ha podido avanzar en la investigación.

"Ayudó, pero, luego, dejó de mostrar voluntad para seguir cooperando, ‘aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, también de policías municipales de Iguala, Cocula y de autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes", afirmó en su mañanera del miércoles.

Este jueves 26 de septiembre, padres, abogados y estudiantes normalistas marcharán en la Ciudad de México para exigir lo que dos presidentes y una década no les han dado: justicia.