El resto de personas sin sentencia se encontraron el 32.5% en prisión preventiva justificada; 3.5% en otro supuesto jurídico y para 19.7% no se identificó el tipo de estatus jurídico, según arrojaron los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEE-F) 2024.
Por entidad federativa, el Estado de México y Michoacán reportaron que 100% de su población privada de la libertad sin sentencia se encontraba en prisión preventiva oficiosa, pero destacan otros cuatro estados por tener más del 70% de su población carcelaria en esta condición:
- Estado de México – 100%
- Michoacán – 100%
- Sinaloa – 80.9%
- San Luis Potosí – 77.7%
- Guerrero – 72.5%
- Hidalgo – 70.6%
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han detenido los proyectos para declarar como inconstitucional la prisión preventiva oficiosa.
En mayo los 32 gobernadores y gobernadoras del país –tanto de Morena como de oposición– enviaron una carta para pedir a la Suprema Corte mantener esta figura. “Se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas”, indicaron.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las y los ministros de la SCJN a que “recapaciten”. “(Espero) que entre en razón y que no aprueben ese cambio porque va a significar impunidad”, sostuvo.
