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Expertos que participaron en foros de reforma al PJ no fueron escuchados

Los foros realizados de marzo a abril servirían para elaborar el proyecto de dictamen, pero no fueron considerados. Hoy el Congreso va por un nuevo parlamento abierto.
mar 18 junio 2024 06:09 PM
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Imagen ilustrativa. Sesión de la Suprema Corte de Justicia del 20 de mayo pasado.

Expertos en derecho constitucional, la impartición de justicia y los derechos humanos ya analizaron la propuesta de reforma al Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la elección en urnas de jueces, magistrados y ministros y aún los que están a favor pidieron candados para asegurar que lleguen los más idóneos, pero no fueron escuchados.

Las propuestas no fueron incluidas en el proyecto de dictamen de la reforma elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que se apresta a convocar a otro parlamento abierto sobre el tema, sobre el que ya hay posturas a favor, en contra, propuestas de cambios y hasta alertas.

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El 5 de febrero el presidente presentó al Congreso 20 propuestas de reformas, 18 constitucionales y dos legales, entre estas la reforma judicial. Se convocaron 25 foros estatales, cuatro foros a nivel Junta de Coordinación Política (Jucopo) y cinco más regionales, donde se mezclaron temas, el judicial, Guardia Nacional, pensiones y otros.

Pero la Reforma Judicial se abordó en tres foros: el 18 de marzo en la Jucopo, el 21 de marzo en San Luis Potosí y el 18 de abril en Puebla, en tanto que en Yucatán se convocó y no se realizó, sin explicaciones.

De 14 expositores convocados formalmente cinco (el 35%) se manifestaron a favor de la propuesta presidencial, aunque algunos sugirieron modificaciones para que la eventual elección de juzgadores tuviera mejores resultados y se blinde a los nuevos juzgadores. De los participantes, cinco son especialistas en derecho e incluso uno fue magistrado.

Las sugerencias no fueron contempladas en el predictamen. Tampoco modificaron la propuesta original del presidente Andrés Manuel López Obrador ni la que hizo en campaña la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

En los foros, nueve ponentes (64%), entre ellos académicos y constitucionalistas expertos, no sólo expusieron su rechazo a la modalidad planteada para elegir jueces, ministros, magistrados, sino que alertaron que eso no solucionará los problemas de falta de acceso a la justicia, sino que puede agravarlos con la politización de juzgadores o exponerlos al interés del crimen organizado.

Hasta el presidente de la Comisión dictaminadora, Juan Ramiro Robledo, de Morena, admitió que grupos ajenos quizá tengan injerencia en una eventual elección de integrantes del poder Judicial.

Sin embargo, en su proyecto de dictamen no se fijó ninguna medida que busque evitarlo, pues ese documento sólo estableció que se “procurará” que los perfiles propuestos para los diferentes cargos sean adecuados y que se “cuidará que el procedimiento quede exento de interferencias”.

En el foro del 19 de marzo Robledo Expuso: “Yo también tengo mis reservas acerca del modo de elección directa de los jueces. Estaría de acuerdo si pudiéramos encontrar aquí y en otras partes del país la fórmula para blindar ese proceso de la delincuencia organizada, de los medios de comunicación, de las cámaras empresariales y agentes de poder económico, de las barras de abogados y de las asociaciones de abogados”.

Hay, explicó el diputado de Morena, una “colusión muy estrecha, en muchos casos, sobre todo cuando se discuten intereses económicos entre abogados, despachos de abogados e impartición de justicia”.

Incluso, indicó que si las elecciones constitucionales no han podido realizarse sin que haya paz –por la violencia contra políticos–, en el proceso de elección de funcionarios judiciales también está “difícil”.

“No podemos hacer una elección en paz cuando elegimos a 500 diputados. Elegir a 1,700, 1,800 funcionarios judiciales está muy cuesta arriba. Es muy difícil eso”, admitió.

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Académicos a favor de la elección de ministros

De entre los ponentes que se manifestaron de acuerdo con el presidente López Obrador y su propuesta –sin tomar en cuenta a los diputados de Morena o aliados- destacan tres expertos en derecho y exlegisladores del PRI, hoy fuera de la toma de decisiones pero que así retornaron a la discusión de propuestas de cambios a la Constitución.

Además se pronunció a favor y realizó propuestas Juan Manuel Crisanto Campos, experto en derecho constitucional y amparo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y quien ha buscado ser magistrado electoral; hoy es vocal en la Junta Local Ejecutiva de Tlaxcala del Instituto Nacional Electoral.

El 18 de abril en el foro de Puebla expuso: “El sistema propuesto puede funcionar con eficacia” y en congruencia con los principios democráticos, si se enriquecen las reglas. En este sentido planteó que, como en Estados Unidos, se establezca una comisión que evalúe a los aspirantes.

“Si optamos por la selección, hay que cuidar, como lo ha hecho Estados Unidos, en tener una comisión que evalúe a las candidatas y candidatos del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y que se hagan públicas esas evaluaciones de méritos para que la sociedad tenga información para tomar su decisión y también para que se evite el abstencionismo”, apuntó.

Alertó que para evitar los problemas que ocurren en EU con esa selección, en la
que no hay límites a las aportaciones privadas en campañas, en México se debería establecer con claridad que no se permite el financiamiento público o privado y los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de las candidaturas, lo que sí está en la propuesta de dictamen.

“Propuesta dos. Fijar topes, fiscalización y límites para sus campañas en los medios
digitales de comunicación social. Tres. La reelección como ratificación de sus méritos y desempeño profesional. Cuatro. Rendición de cuentas por exceso o defecto en sus
resoluciones o cuando sea evidente por ineptitud, descuido y corrupción en las mismas decisiones. Hoy no pasa eso”, detalló.

Por eso respaldó la propuesta de que el Consejo de la Judicatura Federal sí revise las sentencias “y hacer a los jueces responsables por esas resoluciones mal dictadas”.

También se dijo a favor César Augusto Santiago, quien militó 30 años en el PRI, fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), seis veces diputado y hoy preside la Fundación Alternativa, Agrupación Política Nacional, además de que fue funcionario de Pemex, de Gobernación y abogado general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Participó en el mismo foro del 18 de abril y coincidió con el presidente López Obrador en el diagnóstico: “El dinero echó a perder al Poder Judicial de la Federación” y acusó que año con año se quedaban con los subejercicios y lo gastaban en frivolidades-

“Ellos inventaron los fideicomisos fantasmas para guardar ahí el dinero y después aprovecharlo en fines que, a lo mejor, son lícitos, pero no son legales”, comentó.

A eso se agrega –apuntó– que hay más de 2,000 funcionarios en el Poder Judicial que ganan más que el presidente de la República y “están violando la ley que impide el nepotismo (…) lo hacen entre familia: la esposa, el sobrino, el tío, administran la justicia".

"Por eso siempre damos la bienvenida a cualquier reforma que regrese el prestigio que alguna vez tuvo el Poder Judicial”, agregó.

Propuso además incluir las que consideró cuestiones fundamentales: que no intervengan los partidos pues no se deben llevar "los problemas de la polarización política a la Corte".

El exlegislador sugirió además que el órgano encargado de lo administrativo sea diferente a la Corte pues de lo contrario –dijo– pasará como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) donde “hay peleoneros que no se ponen de acuerdo” en el dinero.

“No hay justicia en el país y esto lo tenemos que cambiar. Yo creo que vale la pena correr el riesgo de aventurar una selección distinta porque, de otra manera, no habrá justicia”, agregó.

Asimismo respaldó la iniciativa en sus términos Jaime Miguel Moreno Garavilla, catedrático de la UNAM, presidente fundador de Confianza Ciudadana Asociación Civil y también varias veces legislador por el PRI, quien en su participación en el foro ante la Jucopo, el 19 de marzo, pidió poner candados.

“No le tengamos miedo al pueblo, el pueblo puede elegir siempre y cuando pongamos requisitos de elegibilidad claros, como es por ejemplo que presenten un examen los aspirantes en la Escuela Federal de Educación Judicial y que sea un examen transparente, abierto, público, para que todos nos demos cuenta de que efectivamente los aspirantes saben y están capacitados”, expresó.

Pidió además poner atención a los valores morales, éticos y espirituales pues “de nada sirve la excelencia, de nada le sirve a la humanidad, si la excelencia es amoral”.

A favor se expresó también Eduardo Andrade Sánchez, doctor en Ciencia Política por la UNAM, exdiputado y exsenador del PRI, además de magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

Andrade participó el 19 de marzo en el foro de San Luis Potosí y se sumó a las críticas de la Cuarta Transformación por el actuar de la Corte: “Los jueces tienen la misión de interpretar las normas, pero no de inventar las normas. Y eso está empezando a ocurrir cuando pretende legislar la Corte”.

Consideró que eso pasó cuando se resolvió sobre la distribución de los libros de texto o de las vacunas; la invalidez de la Ley de la Industria Eléctrica, el uso recreativo de la mariguana o cuando ocurrió la “invasión del territorio” del Legislativo al ordenar que se añadiera a Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente.

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