Los riesgos
De aprobarse estas reformas, existen al menos dos riesgos: Uno es que, por la dificultad para financiar las transferencias monetarias, las modificaciones al artículo 4 y 123 sean letra muerta.
Sin leyes secundarias, programas, reglas de operación y presupuesto, no se garantiza que un mandato constitucional se cumpla. Esto ya ocurre.
El experto del IMCO recuerda que en 2012 se reformó la Constitución para establecer al agua como un derecho y, a partir de esta modificación, el Congreso debía crear una nueva Ley General de Aguas a más tardar en 2013. Once años después sigue sin cumplirse.
El segundo y mayor riesgo es que, sin condiciones para un mayor crecimiento económico, la presión a las finanzas públicas sea tanta que lleve al gobierno a recortar recursos a otros sectores, aunque sean prioritarios, como la seguridad, la salud o la educación.
Lo anterior tiene un impacto intergeneracional: otros grupos poblacionales, como las infancias, por ejemplo, no cuentan con la misma atención gubernamental.
No digo que esté mal gastar en las personas adultas mayores, es algo necesario, pero no parece que haya una conciencia de dónde van a salir esos recursos”,
Jesús Cardillo, director de Economía del IMCO.
El alcance de los programas
Alejandra Llanos, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explica que 43.4% de la población escolar, sobre todo en la primera infancia, viven en pobreza, lo que equivale a 7.1 puntos porcentuales más que la población total.
Aunque hay un programa de becas para este sector, cuyo presupuesto se duplicó de 2018 a 2024, dos de cada 10 las reciben.
Hasta ahora, la cobertura de las becas es limitada y desigual: es 3.8 veces mayor para adolescentes que en infantes, expone en la investigación Becas Escolares: Presupuesto y Beneficiarios.
La pensión para adultos mayores no impide que aquellas personas que tienen una pensión contributiva, es decir, que sí cotizaron a la seguridad social, dobleteen y también reciban el apoyo del programa social.
Esta ha sido una de las principales críticas a los programas sociales: han llegado a una mayor cantidad de personas, pero han olvidado focalizarse en quienes más necesitan los apoyos.
La universalización de becas educativas en el país ha beneficiado a las y los adolescentes de mayores ingresos y su cobertura es limitada para las infancias que presentan una mayor incidencia de pobreza”,
Alejandra Llanos, investigadora del CIEP.
