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Elevar a rango constitucional los programas de AMLO presionará finanzas públicas

De aprobarse la inclusión de más programas sociales en la Constitución, se pondría en riesgo otras ramas del presupuesto, como salud o educación públicas.
mar 13 febrero 2024 11:59 PM
¿Cuánto depositan la Pensión del Bienestar 2024?
La pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores consiste en un apoyo económico de 6,000 pesos cada dos meses.

La apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de dejar asentados en la Constitución la mayoría de sus programas sociales con el argumento de ampliar el número de beneficiarios y garantizar que las transferencias monetarias continúen después de su sexenio, generará presiones en el presupuesto.

“Lo que haces con esta iniciativa es poner presiones en la finanzas públicas porque no presentó un análisis de costo beneficio”, subraya Jesús Carrillo, director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

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Más presupuesto a programas sociales

Para este año, solo el programa Pensiones del Bienestar para Personas Adultas Mayores tendrá un gasto estimado de 465,049 millones de pesos y en Jóvenes Construyendo el Futuro se invertirán 24,205 millones de pesos, según un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

A las becas para estudiantes de todos los niveles se destinarán alrededor de 87,675 millones de pesos en 2024; a Sembrando Vida, 38,929 millones, y a la Pensión de las Personas con Discapacidad, 27,860 millones de pesos.

En total, durante este año se prevé un gasto de 646,785 millones de pesos en ocho programas prioritarios. Si se aprueba la reforma de López Obrador, solo para cubrir las pensiones de adultos se necesitan tres veces más recursos.

Carrillo estima que únicamente en la Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores se gastarían alrededor de 2 billones de pesos en 2050 si se consideran las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) y una inflación relativamente baja.

Al inicio del sexenio se destinaron 35.6 mil millones de pesos a las pensiones no contributivas.

Para 2024, esas pensiones, las no contributivas, son 465 mil millones de pesos. Se han más que multiplicado por 10",
Jesús Cardillo, director de Economía del IMCO.

"No digo que van a crecer al mismo ritmo, no se trata de hacer una extrapolación tan simplista, pero lo que sí, es que ya es el programa más caro del gobierno”, explica.

Algunos programas sociales, como las pensiones y las becas, ya se habían elevado a rango constitucional en 2020. Pero ahora, con la nueva iniciativa de López Obrador, se busca ampliar el número de beneficiarios y agregar otros: Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Bienpesca y Precios de Garantía.

A esto se suma que las iniciativas del presidente no detallan cómo se obtendrían los recursos para financiar estas obligaciones.

“Es una iniciativa que, por el lado del gasto es muy generosa, pero por el lado del ingreso no presenta las provisiones necesarias”, subraya.

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Los riesgos

De aprobarse estas reformas, existen al menos dos riesgos: Uno es que, por la dificultad para financiar las transferencias monetarias, las modificaciones al artículo 4 y 123 sean letra muerta.

Sin leyes secundarias, programas, reglas de operación y presupuesto, no se garantiza que un mandato constitucional se cumpla. Esto ya ocurre.

El experto del IMCO recuerda que en 2012 se reformó la Constitución para establecer al agua como un derecho y, a partir de esta modificación, el Congreso debía crear una nueva Ley General de Aguas a más tardar en 2013. Once años después sigue sin cumplirse.

El segundo y mayor riesgo es que, sin condiciones para un mayor crecimiento económico, la presión a las finanzas públicas sea tanta que lleve al gobierno a recortar recursos a otros sectores, aunque sean prioritarios, como la seguridad, la salud o la educación.

Lo anterior tiene un impacto intergeneracional: otros grupos poblacionales, como las infancias, por ejemplo, no cuentan con la misma atención gubernamental.

No digo que esté mal gastar en las personas adultas mayores, es algo necesario, pero no parece que haya una conciencia de dónde van a salir esos recursos”,
Jesús Cardillo, director de Economía del IMCO.

El alcance de los programas

Alejandra Llanos, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explica que 43.4% de la población escolar, sobre todo en la primera infancia, viven en pobreza, lo que equivale a 7.1 puntos porcentuales más que la población total.

Aunque hay un programa de becas para este sector, cuyo presupuesto se duplicó de 2018 a 2024, dos de cada 10 las reciben.

Hasta ahora, la cobertura de las becas es limitada y desigual: es 3.8 veces mayor para adolescentes que en infantes, expone en la investigación Becas Escolares: Presupuesto y Beneficiarios.

La pensión para adultos mayores no impide que aquellas personas que tienen una pensión contributiva, es decir, que sí cotizaron a la seguridad social, dobleteen y también reciban el apoyo del programa social.

Esta ha sido una de las principales críticas a los programas sociales: han llegado a una mayor cantidad de personas, pero han olvidado focalizarse en quienes más necesitan los apoyos.

La universalización de becas educativas en el país ha beneficiado a las y los adolescentes de mayores ingresos y su cobertura es limitada para las infancias que presentan una mayor incidencia de pobreza”,
Alejandra Llanos, investigadora del CIEP.

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El otro costo

Elevar a rango constitucional otros de los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador tendrá un alto costo, tanto político como financiero. Un costo que el presidente ya no enfrentará, pero que podrá capitalizar en las urnas aunque esté en la recta final de su sexenio.

Los dos posibles escenarios dejarían bien parado al mandatario federal. Si las reformas a los programas sociales que envió a la Cámara de Diputados se aprueban, serán los próximos gobiernos y legislaturas los que lucharán por sostener los pagos, que aumentarán en número y costo.

La obligación constitucional, si se cumple, disminuiría el margen de maniobra de futuras Administraciones federales en cuanto a los recursos públicos.

“El presidente lo dijo muy claro. Dijo que la idea de hacerlo así es precisamente para que, si llega otro grupo político al poder, batalle más para echarlas atrás”, menciona el especialista del IMCO.

De ser el caso contrario, el presidente tendrá otro insumo para el continuo señalamiento a otros Poderes. Incluso, si no se cumple con los programas sociales, aunque queden plasmados en la Constitución, igual López Obrador dejaría su legado en ella.

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